La foto de la situación económica no puede escindirse de la película en la que la economía argentina viene moviéndose desde hace meses. Porque tomando sólo el cuadro de la extraña combinación de inflación creciente, escasez aguda de divisas, fragmentación del mercado cambiario y erosión de los ingresos de la población, aún la que tiene trabajo, de lo que ni siquiera se salvan los que conservan un empleo en blanco. Y todo esto, enmarcado en una cima electoral que, con los resultados de la encuesta casi perfecta que son las PASO, inyecta incertidumbre sobre el rumbo que tomará la política económica a partir del 10 de diciembre.
Velocidades. Pero la dinámica debe visualizarse en aspectos más profundos y con efectos mucho más duraderos, incluso, que un período de elecciones. El Gobierno, que sucesivamente eligió la “pesada herencia” de la administración anterior como un lastre que no dejaba desplegar sus planes, la pandemia más tarde y la guerra en Ucrania finalmente, pudo encontrar en la peor sequía de mucho tiempo una explicación de la crisis palpable por la que atraviesa la economía. Aún las proyecciones más pesimistas realizadas a principio de año cuando la campaña todavía no había finalizado resultaron conservadoras a lo que se fue presentando. Entre US$20.000 millones y US$22.000 millones terminará siendo la caída del saldo exportable del sector agropecuario. El dato no es menor porque durante el gobierno de los Fernández, dicho sector fue el gran motor de los superávits fiscales que acumuló: según cálculos de Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, de los US$160.000 millones exportadas de 2020 a 2022, quedaron en las reservas del BCRA nada menos que US$33.383 millones. Que ya no están… Es decir, la sequía de dólares vino luego de tres años de boom exportador (por el auge de los precios internacionales postpandemia y el efecto colateral de la guerra en Ucrania, otro gran exportador de granos). La economía argentina no supo acumularlas para eventualidades o bien para poder intervenir en un mercado cambiario que, al estar muy fragmentado, expone a los segmentos más vulnerables a movimientos especulativos para “blindar” en el corto plazo al Mercado único y libre de cambios (MULC) por el que pasa el grueso de las transacciones. Sin embardo, la política elegida desde el inicio por el exministro Martín Guzmán de utilizar al dólar oficial como “ancla” inflacionaria llevó a un retraso de su valor en términos reales y dio aliento a la demanda de dólares para importaciones al mismo tiempo que desalentaba exportaciones. En el corto plazo, estas herramientas produjeron cambios deseados, pero al mismo tiempo distorsionaron el esquema de precios relativos, alterando los equilibrios en los mercados de bienes y servicios.
Pesos en oferta. Otro impacto negativo tuvo sobre el resultado de las cuentas fiscales. La caída en las exportaciones (especialmente la de soja y maíz) implica automáticamente la merma de la recaudación medida en términos reales por la participación de las retenciones sobre los ingresos totales. Gabriel Caamaño, economista del Estudio Ledesma, estima que el déficit fiscal acumulado en los primeros siete meses del año llegó a 1,3% del PBI, para alcanzar con el financiero a 2,3%. Pero proyectando un escenario como el de años anteriores, es el segundo semestre cuando se producen los desequilibrios mayores. Es decir, lo que viene será un desafío aun mayor por la habitual tensión entre el administrador de la caja y los pedidos de eventuales “planes platita” que formulan los equipos de campaña. Aunque, esta vez, ambos deberían tener el mismo liderazgo, con lo que el dilema se traslada puertas afuera de Economía, porque los desequilibrios fiscales se traducen automáticamente en necesidad de más financiamiento y esto en un aumento de la tasa de interés para renovar los vencimientos que miran de reojo las expectativas de devaluación.
Lo que los economistas llaman “pasivos monetarios remunerados” y lo que la jerga ya bautizó como la “bola de nieve” de las Leliq y todos aquellos bonos que sirvan para absorber el exceso de pesos fruto de sucesivos déficits fiscales e intereses que van devengando, pueden dimensionarse con un cálculo que desnuda la fragilidad del equilibrio monetario. Se puede medir en cuántos meses de intereses generen una base monetaria completa y la respuesta asombra: en dos años, se pasó de casi 12 a 2, una baja abrupta que muestra el agotamiento de la política de financiamiento apalancad con la suba de la tasa de interés. Un auténtico círculo vicioso.
La otra respuesta a este interrogante corre por el efecto que el aumento sucesivo de la tasa de inflación tuvo sobre la demanda de dinero. A medida que el IPC escalaba y encontraba nuevos pisos, caía dicha demanda y así pasaba de un pico del 9% del PBI en 2021 a más del 7% hace un año para seguir bajando a menos del 5% del PBI estimado para el mes de agosto. Se supone que el último empujón inflacionario y la devaluación en etapas acelerará este proceso con un efecto perverso: por cada punto de expansión monetaria tendrá un impacto inflacionario mayor.
En reserva. En este contexto y con el Banco Central trabajando sin red, las alternativas que tuvo en el último trimestre el equipo económico para no apagar la actividad económica fueron el goteo de préstamos conseguidos por la diplomacia mendicante en instituciones internacionales o fondos soberanos (como el de Qatar) o bien otro giro más del torno del cepo importador. Recién después de las PASO se habilitó el caudal de fondos comprometidos por el FMI para desembolsar US$7.500 millones que servirán para devolver estos préstamos puente que evitaron caer en un default institucional. Para Vitelli, las perspectivas de poder mantener el tipo de cambio fijado en el piso de $350 despierta mucha incertidumbre porque se irá depreciando en estos dos meses. “Eso debería alentar a liquidar exportaciones, pero no se está verificando, a veces por obstrucción normativa y otras por la presencia de la brecha cambiaria que alimenta nuevas expectativas de devaluación”, agrega.
Lo que sorprendió fue la velocidad con que, esta vez, la devaluación del 22% el día después de las PASO, sumada a las minidevaluaciones en las dos semanas anteriores, llegó a las góndolas. Eco Go calcula que el precio de los alimentos terminará subiendo 12,5% este mes y el IPC de septiembre, sólo por el efecto arrastre, también estará por encima de los dos dígitos. C&T Asesores Económicos también mide un fuerte aumento la tercera semana de agosto, proyectando un 11,5 % para agosto y augura otro tanto para el mes de septiembre, siempre y cuando se mantengan los parámetros anunciados.
En los precios, el derrame sobre la carne y los alimentos por el “dólar agro” permite avizorar qué podría pasar cuando el mercado cambiario logre unificarse, la condición para que las exportaciones tengan un respaldo institucional y Argentina deje de retroceder relativamente frente a los países vecinos, que sí aprovecharon años de excelentes términos de intercambio. Es casi una manifestación de impotencia ante el esquema de “frazada corta” en que está inmersa la economía desde hace cinco años, cuando el equilibrio externo voló por los aires. Lo bueno de un sistema agotado como el actual es que la decisión de no hacer nada ya no está disponible. El objetivo, ahora con más énfasis, pasó a ser el 22 de octubre, en el que se espera que algunos de los interrogantes se disipen.
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