Mirando las estadísticas sobre inversión extranjera directa (IED) que elabora la CEPAL y el Banco Mundial, se observa que si bien el flujo de fondos hacia Argentina no cayó nominalmente tanto como en relación con los demás países de la región. Con un Brasil inalcanzable (multiplica por 10 el flujo anual de IED que recibe Argentina), ya nos pasaron Chile (con una economía que es la mitad) y Colombia, equiparando lo obtenido por Perú. Es que Argentina no tiene un récord, pero sí vocación de lograr la cima en incumplimiento y reestructuración de su deuda: nueve en total. Pero también, uno de los que más veces realizó reestructuraciones de las mismas deudas, pero a los que se debe agregar un número mayor de impagos parciales, reestructuraciones “voluntarias” y la inmensa variedad de defaults de empresas privadas inducidos por la dificultad de acceder a los dólares necesarios para honrar sus obligaciones.
Todo esto quedó expuesto en las tres sesiones del juicio en la que se pusieron cifras concretas para acotar la cifra final por la que el Estado argentino deberá resarcir a los perjudicados por la expropiación irregular de YPF en 2012. La jueza del distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que sucedió en 2017 al viejo conocido Thomas Griesa, validó lo acordado por las partes y pasó a un cuarto intermedio luego del cual dará una sentencia definitiva. Claro, si las partes, antes no se ponen de acuerdo y fijan un monto entre ambas “puntas” para zanjar definitivamente la cuestión.
El caso YPF.
En 2012, cuando el Gobierno (encabezado entonces por Cristina Fernández) intervino primero la empresa que hasta el momento gestionaba el grupo Eskenazi con participación mayoritaria de Repsol y procedió a una expropiación parcial a través de una ley, a pesar de existir un estatuto de la empresa luego del cual hubo inversores, no procederían a realizar una oferta pública de acciones (OPA). La historia es conocida: Repsol se quejó, pero dos años más tarde terminó arreglando un paquete de US$5.000 millones que incluía el resto de las acciones que no habían sido expropiadas (51% en total). El grupo Eskenazi no pudo seguir el tren y la quiebra de las sociedades involucradas fueron absorbidas por fondos de inversión que luego “vendieron” la demanda que hicieron por mal ejecución de la expropiación. La jueza Preska ya determinó la responsabilidad del Estado por la irregular intervención y por eso fijó un piso y un techo -entre US$4.999 millones y US$16.100 millones- para evaluar el perjuicio, en función de dos factores: la caída del precio de la acción de YPF desde el anuncio de la intervención (16/4) y el día en que quedó firme la ley de expropiación (7/5) con un derrumbe fue del 40%), por un lado y la tasa de interés punitoria por no haber acordado anteriormente, por otro. En la práctica judicial de los Estados Unidos es hasta del 8% anual. Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, que siguió muy de cerca el largo proceso judicial, estima que no serán más de 45 días los que faltan para que la jueza emita su fallo, fundando cada punto de lo que se discute, base sobre la cual pondría el número final. Salvo que las partes acuerden, cosa que en la historia reciente parece desmentir. “El anterior fallo del 30 de marzo exoneró a YPF de responsabilidad en el asunto y lo cargó sobre el Estado Nacional. La fórmula acordad ya está en el estatuto de YPF sobre el que se calculará el monto sobre la base de los argumentos que cada parte presentó”, comenta. Comprendiendo el alcance de un fallo adverso en medio de un año electoral y siendo la cara visible de la operación (Kicillof) un candidato relevante, es probable que el Gobierno intente estirar los plazos o hasta apelar. Claro que, en el sistema norteamericano, sólo el 25% de los fallos se revierten en segunda instancia y, aún más allá, la Corte Suprema sólo elige unos pocos casos para tratar y es probable que uno así directamente lo deseche.
Maril recuerda que el camino alternativo para la administración Kirchner en 2012 hubiera sido el de convocar a una OPA en 40 días hábiles y poner un precio al cual todos los accionistas podrían vender. Pero no se hizo y por la caída de valor de la compañía de US$3.500 millones se hace la demanda original.
Árbitros componedores.
Repsol, inicialmente, había acudido al CIADI, que es el tribunal arbitral del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. A él acuden las partes involucradas en acuerdos que tienen diferencias en la aplicación de lo acordado, algo usual en privatizaciones y contratos de concesión de servicios. A él acudieron casi todas las empresas cuyos contratos fueron materia de controversia cuando implosionó la convertibilidad y no pudieron aplicar las cláusulas gatillo dolarizadoras. Como una lista enunciada sin repetir y sin soplar, Maril recuerda, además, los casos de Aguas Argentinas (reestatizada en 2006 por Néstor Kirchner), con un fallo en contra por US$383 millones y Aerolíneas Argentinas (nuevamente por irregularidades en la expropiación del 2008) con un laudo adverso de US$340 millones. Y como frutilla del postre, los fallos de este año de juzgados de Londres y Nueva York por el mal diseño y peor aplicación del “cupón PBI” que incluyó, nuevamente, la inefable fórmula del “dibujo patriótico” para pagar menos y no seguir la fórmula expuesta originalmente. La rebeldía, en este caso, costó en la sede británica US$1.500 millones y falta todavía un fallo análogo en Nueva York.
Burford Capital. Frente a estas improvisaciones, cortoplacismos y chicanas de jugadores de truca más que de financistas públicos, se sientan en la mesa de negociación jugadores cada vez más sofisticados. En este caso, quien parece haber tomado cariño a la cartera de juicios en la que es parte es Burford Capital, un fondo de gestión de activos en riesgo o contingencias en curso. Fundada en 2009 por el canadiense Christopher Bogart (exvicepresidente jurídico de Time Warner), es una empresa listada en las bolsas de Londres y Nueva York y al cierre de julio registraba una capitalización de mercado de US$2.300 millones. Se autodefine como una empresa financiera y de gestión de activos focalizada en aspectos legales, como ser el lado financiero de los litigios, la gestión de riesgos, el recupero de activos y otras actividades de finanzas corporativas. Tiene oficinas en Nueva York Londres, Chicago, Washington, Singapur, Dubai, Sidney y Hong Kong. Emplea a 155 profesionales y lleva tiene una cartera de más de 1.000 juicios con un valor proyectado de US$4.600 millones a fin de 2022.
Para esta maquinaria de litigar (generalmente con éxito: su acción subió 49,5% en los últimos seis meses), los ingredientes básicamente son tres: expertise para conocer la viabilidad de un reclamo, capacidad financiera y profesional para correr con los litigios durante mucho tiempo y encontrar las huellas que el cortoplacismo, la improvisación o la mala praxis deja como saldo de las épicas en la política económica. Un batalla desigual.
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