La historia es conocida: mientras el Gobierno intentaba mitigar el impacto de la trepada del dólar justo en la recta final anterior a las PASO, el clásico termómetro de la inestabilidad argentina, el blue alcanzaba el hito de los $600. Nada que extrañar para una economía que, durante la gestión del ministro de Economía Sergio Massa convivió con una inflación del 115% anual, casi el mismo porcentaje de suba del tipo de cambio libre y la escasez crónica de divisas que agudizó la sequía récord que asoló la campaña agrícola de este año.
En sus marcas. Lo que sí cambia en el escenario es que la incertidumbre política se potencia con el extenso calendario electoral. De marzo a noviembre (si existiera una segunda vuelta presidencial), cada comercio local o nacional va siendo utilizado para entender la tendencia y el sentido del cambio político. Lo que nadie apuesta es que el status quo pueda prolongarse por la sencilla razón que no es sostenible, el “modelo” se agotó por inanición, sin recursos.
Para Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, la fiebre verde se da más por un tema de especulación y miedo por lo que pueda surgir de los resultados electorales. “El valor del blue no creo que esté atrasado siguiendo la lógica de ir ajustando por inflación, pero hay algo evidente: faltan reservas que dificultan el control del tipo de cambio por parte del Gobierno”, señala. La preocupación por la escapada del blue no es una cuestión meramente especulativa sino el impacto inflacionario que pueda generar. Podría argumentarse que la incidencia del tipo de cambio blue no impacta de lleno en la canasta familiar, pero esta visión se fue torciendo con la táctica de generar múltiples tipos de cambio (pasaron la docena con el último “dólar agro”), una forma de camuflar el tipo de cambio de equilibrio en el corto plazo detrás de un enjambre de controles, cepos y retenciones.
Lo que sí es seguro, es que el precio de los alimentos está estrechamente vinculado con el precio de los alimentos. Curiosamente, inauguró un punto de inflexión fue la aceleración del dólar oficial que en la última semana dicho ritmo osciló entre el 11% y el 14% mensual, donde muchos economistas ven una exigencia (o auto imposición) del FMI para empezar a armonizar las cuentas. “El Gobierno, hasta ahora, lo vino evitando devaluar como la inflación o algún punto menos precisamente para no acelerar la inflación”, argumenta Tiscornia. Su consultora realiza mediciones regulares de precios y ya detectó una suba en el rubro alimenticio del 10% en las últimas cuatro semanas. Esto impacta sobre todo en productos panificados y carne, pero también más ligados al tipo de cambio (electrónica, por ejemplo).
Los temores con respecto a un rebrote inflacionario en un contexto de incertidumbre se fundan en la impotencia de un Banco Central sin reservas y la necesidad de revertir el retraso deliberado de las “anclas” que el Gobierno eligió desde 2020: tarifas públicas, dólar oficial y algunos precios con controles más o menos sutiles. El IPC de julio que el INDEC dará a conocer el martes 15 de agosto, todavía no habrá recogido todo el impacto que este cambio de paso marcará el ritmo en lo que queda del año.
El horizonte
“Creo que la situación actual de suba del financiero responde primordialmente a la incertidumbre del proceso electoral, más allá de que la inflación si sea creciente como consecuencia de la imposición de la devaluación fiscal (PAIS a las importaciones y dólar agro a los exportadores), la aceleración del ‘crawling peg’, las mayores restricciones para la compra de divisas, la recuperación del precio de la carne (y otros alimentos relacionados con el maíz) y también la mayor incertidumbre”, explica Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go.
Esta observación apunta a que son estos factores los que impulsan a los empresarios (grandes y pequeños) a fijar los precios cada vez más cercanos a los valores de los tipos de cambio financieros, ante la posibilidad de tener que cubrir el costo de reposición por ese valor si no hay dólares disponibles. Es decir, un efecto no deseado del cepo que así desnuda su vulnerabilidad en el largo plazo como herramienta de política económica eficaz.
Menescaldi señala otro flanco relevante en esta dinámica: “de acuerdo con lo firmado con el FMI y descontando los flujos del propio organismo, el Gobierno debería acumular reservas internacionales netas por algo más de US$8.000 millones en lo que resta de 2023, luego de perder casi US$19.600 millones en el acumulado del año”, subraya. Esta proyección trae un dilema adicional: reducir las importaciones de bienes un 25% respecto a los valores de un año atrás con el efecto cascada negativo sobre la actividad económica, ya golpeado por las dificultades que el cepo inyectó a la cadena de suministros.
“Si bien hoy se están restringiendo los pagos y se podría aprobar un nuevo dólar soja (US$2.000 millones que están atrasados comercializar), creemos que el Gobierno para sostener su competitividad electoral va a optar por buscar un camino menos empinado (tras el desembolso del FMI) y que la acumulación de las reservas internacionales sería menor”, concluye. Así prevé que las reservas finalizarían el año claramente en magnitud negativa, en torno a los US$8.000 millones.
Año verde
En el último informe de coyuntura de IERAL, el economista Gustavo Reyes, prone discutir si el actual tipo de cambio oficial está retrasado (y por lo tanto cualquier intento de controlarlo sería dilatar una inevitable devaluación) o si es sólo el blanco de la presión de los mercados. “El actual tipo de cambio oficial se ubica por debajo del promedio histórico en términos reales (menor competitividad cambiaria). Sin embargo, es más alto que el precio del dólar de principios del 2016 cuando la administración Macri eliminó el cepo cambiario y unificó los tipos de cambio”, sostiene.
En aquel momento, el precio oficial de la divisa había pasado de $ 9,64 en noviembre de 2015 ($198 a precios de julio de 2023) a $15 en febrero de 2016 ($ 272 a precios de julio de 2023). Reyes remarca que tanto la experiencia internacional como la de nuestro país indica que los tipos de cambios múltiples (con controles y brechas cambiarias) siempre generan corrupción y distorsiones en los flujos comerciales, lo que afecta negativamente la oferta neta de divisas en el mercado oficial de cambios. “En el mundo en general y en Argentina en particular, altas brechas cambiarias han derivado en sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, explicando en parte la escasez de divisas en el mercado oficial de cambios. Por lo tanto, si bien la pérdida de reservas del Banco Central podría ser explicada en gran parte por atraso cambiario, también influyen las anomalías del propio régimen cambiario, sobre todo cuando la brecha tiende a instalarse en torno al 100 %” sentencia.
La dinámica de la evolución del tipo de cambio y los datos que van surgiendo de las principales variables del tablero de control que tanto el ministro-candidato Massa como los referentes económicos de los demás candidatos van siguiendo con atención, se podría concluir que el segundo semestre de este año podría haber comenzado con un desequilibrio del tipo de cambio real mayor que el estimado para 2022. Pero la pregunta que todos hacen es qué ocurrirá una vez que este año tan peculiar esté jugado. Todos esperan más inflación y un dólar encarecido con tasas de interés que intentarán contener el tsunami verde. Lo que hasta ahora sí es especulativo es acertar cuál será la velocidad de cada una de estas variables tan sensibles a la hora de marcar preferencias electorales.
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