Con el espejo retrovisor del año que termina, también en materia económica se espera que no haya otro igual. Es muy difícil encontrar una variable en que el año de la pandemia haya salido aprobado. Con la vista en el corto plazo, los indicadores tuvieron un declive notable y sólo la resiliencia de personas y organizaciones que encontraron en la adversidad para producir cambios y afrontar la nueva normalidad con otros recursos.
La OCDE proyecta una caída de entre 12% y 13% para 2020; el desempleo abierto casi a 13%, con la línea de la pobreza que, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA abarcaba, para el tercer trimestre, 44% de la población total y 65% de los menores de edad. El Banco Central arrancará 2021 con menos reservas líquidas de las que ingresó, el déficit fiscal culpa de la inactividad global de la actividad y el crecimiento de los gastos por la emergencia, explotó hasta casi 8 puntos. Y, por último, la inflación que, efectivamente logró estar un escalón debajo del 53% de 2019, acumuló presiones y distorsiones en los precios relativos por las sucesivos controles, congelamientos e inactividad de eslabones enteros de la cadena productiva, que amenazan rebrotar pronto.
Control. Así como hay una mirada contextualizada de lo que pasó en estos 12 meses, también hay una invitación a monitorear estas mismas variables en un lapso más extenso de tiempo, lo que ayuda a despersonalizar y asimilar su trayectoria con un gobierno determinado o con una sola medida de política económica.
Si hubiera que señalar cuáles son los aspectos de, digamos, el último cuarto de siglo, son los que más urge corregir, también estaríamos construyendo una agenda de reformas de política económica para los próximos años. Reformas porque el primer indicador en el que Argentina tuvo un aplazo es en su performance relativa frente a los demás países de la región: con excepción de Venezuela es el que más retrocedió en la medición del ingreso por habitante, el de inflación anual, distribución del ingreso y el de pobreza estructural. Las diferencias no son pocas y los resultados saltan a la vista. Pero lejos de indicar un fracaso instrumental, es la muestra de emergentes que delatan dos cuestiones básicas que constituyen lastres de la dinámica social argentina: la falta de un consenso eficaz sobre objetivos de política económica de largo plazo y la competitividad decreciente de la economía nacional.
Combinación ganadora. Ninguna de las dos materias puede escindirse de la otra cuando se trata de conjugar con éxito insumos para hallar la fórmula que asegure un sendero de crecimiento inclusivo y sustentable. Podría haber consensos, y de hecho existen a lo largo de las casi cuatro décadas de restauración democrática, pero no necesariamente se traducen en aumentos de la competitividad global de la economía. El último informe de competitividad global del IMD, Argentina aparece en el 63° puesto, sólo superando en ese lote a Venezuela. Dicho índice mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad. En consecuencia, el índice mide un conjunto de instituciones, políticas y factores que definen los niveles de prosperidad económica sostenible a mediano plazo.
El dato es clave a la hora de armar una estrategia de crecimiento ya que la remoción de obstáculos implica necesariamente apalancar la dinámica de una economía que se caracterizó por su estancamiento en las últimas décadas. Los analistas económicos hacen proyecciones, pero aún las más optimistas hacen retroceder el PBI por habitante a lo conseguido casi 15 años atrás con un deterioro relativo aún mayor en relación al resto de los países de la región. En los últimos 30 años el PBI por habitante de América Latina creció 50% en dólares y 25% luego del ciclo ascendente de las materias primas en 2003. Argentina vio pasar ese tren, también.
Emprender. El número de empresas es muy baja comparada con los países vecinos: menos de 15 cada 1000 habitantes, contra 25 de Brasil y 45 de Uruguay, según datos del Observatorio Pyme. Parte de la explicación está en el mayor riesgo y los costos inherentes al sistema. Durante los últimos 15 años la economía nacional caminó al filo de la hiperinflación, pero la eludió siempre: quizás porque generó los suficientes anticuerpos en la sensibilidad electoral. Sin embargo, con tasas de entre 20 y 50 % anual de los últimos 10 años, un error de cálculo hace naufragar cualquier inversión porque no todos los precios suben igual.
Los casi 170 impuestos (nacionales, provinciales y municipales) forman una barrera colosal, pero, además, los 11 que más recaudan producen el 90% del total. Un sinsentido que se lleva el 106 % de la rentabilidad teórica total de una empresa mediana manufacturera, según el último estudio Doing Businness del Banco Mundial.
El otro factor que empasta el terreno son los costos laborales aplicados sobre los salarios: antes de la fijación de las norma de emergencia del año pandémico, Argentina lideraba el pelotón de países latinoamericanos con mayor carga impositiva y regulatoria: 72%, con poca diferencia sobre el resto. Una luz de alerta en el tablero de la competitividad regional, con fuerte incidencia en la demanda de empleo.
Otro aspecto de gran impacto es el de la pérdida de eficiencia en el gasto público. El Banco Mundial calculó que el total de fondos que no llegan a destino por esta razón llegó en el caso argentino al 4,5% del PBI para 2019, el doble que en Uruguay y cinco veces más que en Chile. Y, por último, si ninguno de estos elementos es suficiente, queda por remover la pesada piedra de la corrupción. En el índice que publica todos los años Transparencia Internacional, Argentina está en un cómodo 69° puesto, digamos que en la mitad de tabla compartiendo posiciones con Bielorrusia y Rumania.
En síntesis, una agenda de reformas a corto plazo que perfectamente puede evitar la discusión de la grieta de estatismo si o no. Un paraguas de racionalidad para que, al menos, la incidencia del Estado apalanque cambios y no los ahogue.
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