La carne, los tomates, la nafta, los tarifazos, la devaluación, suba de alícuotas impositivas o hasta las paritarias… Todo sirve para encontrar razones para explicar porqué suben los precios, en forma constante y general. El último dato que compartió el INDEC arrojó 3,9% de suba en enero y un 50,7% en los últimos doce meses, una brecha que se mantuvo en los últimos meses pese a los esfuerzos oficiales a través de controles de diverso tipo, cepos, congelamiento de tarifas y atraso del tipo de cambio.
En un año que está marcado por la incertidumbre en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), presión por los desequilibrios que vienen de arrastre y un marco internacional que brinda menos previsión que en otras circunstancias, el interrogante de siempre vuelve a surgir: porqué la inflación forma parte del paisaje económico argentino desde hace más de medio siglo. Los gobiernos pasan, las ideas y escuelas económicas dominantes también, pero la dinámica de los precios sigue intacta, con oscilaciones más o menos breves.
Radiografía. Una primera mirada a los rubros que terminan componiendo el índice de precios al consumidor (IPC) arroja diferencias notables en cuanto a su variación anual, para eliminar las diferencias estacionales u ocasionales. Por encima del promedio (50,7%) quedaron los ítems de Prendas de vestir (66,3%) y Restaurantes y hoteles (65,8%), dos que habían sido particularmente castigados por la inactividad durante la pandemia. Por su parte, Educación (56,4%) y Transporte (54,9%) apenas superaron la media. Pero otros, como Vivienda (29,1%) y Comunicación (26,8%), estuvieron muy por debajo. La explicación: valores regulados o directamente congelados.
Este comportamiento desigual agrega presión, sobre todo en los rubros que quedaron sumergidos y que, justamente, fueron la variable de ajuste en un intento de control inflacionario. Lo mismo ocurre dentro del amplio espectro de los alimentos, que esconden diferencias abismales entre los productos “frescos”, desregulados y los que sí están sometidos a controles más o menos rígidos.
Anclas. En su último informe, la consultora Ecolatina sostiene que este año la inflación volverá a ubicarse en la zona del 50%. “Utilizar anclas para contener los precios – tarifas, tipo de cambio y congelamiento de precios- como sucedió el año pasado, ya no será posible”, pronostica.
Se basa en los incrementos que ya se autorizaron, (como el 9% en el precio de los combustibles, por ejemplo) y los factores estacionales que sobrevendrán en marzo (indumentaria y educación).
Las denominadas “anclas” a las que alude Ecolatina no son otras que el control sobre variables que son conductoras de la energía inflacionaria, ya conocidas por la historia reciente y por el peso en la canasta que termina conformando el IPC: la cantidad de dinero en circulación, el tipo de cambio de referencia que inciden en los insumos industriales y en la cadena de valor alimentaria, las tarifas de los servicios públicos y el precio de los combustibles.
Dinero. El primer eslabón de la cadena de “multicausalidad” es la emisión monetaria. A esta altura ya parece haberse arribado, finalmente, a un consenso entre las corrientes mayoritarias de análisis económico: el aumento en el nivel general de precios está vinculado con el de la cantidad de dinero circulante. Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos entiende que si había sospechas que la inflación tiene causas monetarias, “evidentemente con todo lo que se emitió ya se puede encontrar una respuesta: con un aumento de entre 50-60% con respecto al año pasado, es inevitable”.
Por su parte, Francisco Gismondi, director de Empiria Consultores, pone el foco en la inercia y la fuerte emisión de fin de año como condicionantes de la inflación del año, que la estima terminará siendo más alta que la de 2021. “Los aumentos previstos en las tarifas y la mayor devaluación ayudarían a una mayor inflación. Pero si se aprueba el acuerdo con el FMI y se cumplen las metas de menor emisión y tasa real positiva la inflación podría comenzar a bajar en 2023”, sostiene.
La emisión monetaria no surge caprichosamente, sino como una resultante del déficit fiscal, pero del Gobierno central pero también del financiero: la bola de nieve de los instrumentos financieros que el propio Estado utiliza para absorber parte de los pesos que va volcando al mercado por encima de lo demandado. “El interés de las Leliq y los pases, con las mayores tasas previstas para este año podría llegar al 3% del PBI este año. Eso le pone un piso a la emisión monetaria, aunque la emisión total, si se cumple el compromiso asumido con el FMI, podría ser menor a la de los últimos dos años”, explica Gismondi.
Facturas. En la discusión presente por el ajuste fiscal, las tarifas de los servicios públicos ocupan el centro de la escena por el subsidio con el que se intentó amortiguar el crecimiento de los costos (la devaluación primero y los de producción o distribución, más tarde) e impedir que se vuelven a precios más altos.
El economista Esteban Domecq, presidente de Invecq, enfatiza que la velocidad a la que se vienen atrasando las tarifas de servicios públicos es alarmante. “Entre 2019 y 2021, la luz se abarató un 50% en AMBA para un consumo tipo y 40% en el resto del país. El ritmo de la caída actual es significativamente mayor al del periodo 2002-2015”, subraya. A los efectos fiscales, proyecta que, si no se producen cambios, los subsidios insumirán US$ 14.576 millones, contra los US$ 11.042 millones que consumió el año pasado.
El escenario. Con este panorama, lo previsible es que el año traiga sus propias complicaciones en materia inflacionaria. El REM, la encuesta que realiza mensualmente el Banco Central entre las principales consultoras económicas de plaza, pronostica que la inflación se ubicará en 55% para este año y 45% para el próximo. Tiscornia explica la lógica de estas cifras: “se intuye que el año será complicado y eso le da inercia para que las expectativas superen el 50% y sobre esto, además, habrá que cargarle lo que suceda con el tipo de cambio, los salarios y las tarifas, cosas que alimentarán el nivel general de precios”.
El retraso del tipo de cambio fue del 26% durante 2021, en una política antiinflacionaria en un año electoral que no se podrá repetir en 2022. Pero tampoco se descuenta una aceleración por encima de la inflación del dólar oficial, con lo que la brecha seguirá siendo un elemento distorsivo en el mediano plazo y frenaría una apuesta por obtener más divisas para ampliar el margen de maniobra del Banco Central. Quizás lleve a buscar fuentes alternativas de financiamiento crediticio (organismos internacionales, China o Rusia) que amortiguarían el shock.
Nuevamente, será determinante la suerte del acuerdo con el FMI, no para frenar estas proyecciones sino para no agravarlas dramáticamente. Paradójicamente, las “anclas” que podrían servir para aplacarla son el ajuste fiscal y la actividad que no podrá sostener el ritmo de la recuperación de 2021 por la falta de dólares para ampliar la importación de insumos (lo que hoy ocurre con la industria automotriz), que a su vez pondrá paños fríos a las paritarias que, lógicamente, intentan compensar la pérdida de poder adquisitivo de los dos últimos años.
Otra vez, un laberinto que desafía el ingenio aplicado a la política económica.
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