Si hay algo que siempre tuvo tribuna en muchas provincias argentinas fue la denuncia de centralismo por parte de los gobiernos de turno. Por más que durante más de la mitad de los 40 años del nuevo período democrático hayan sido regidos por gobernantes surgidas del Interior profundo (la década de Carlos Menem y los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner). Es lo que el gobernador de la Rioja, a fin de año y el de Chubut, ahora, reclaman: que desde la Casa Rosada contemplen su situación y abran el grifo de fondos específicos y discrecionales para afrontar sus compromisos urgentes.
La cuenta. Pero lo que terminó volcando la ecuación de las más urgidas por oxígeno financiero fue el cambio de signo político del gobierno, primero y el avance inexorable del calendario. Empezaron a “caer” vencimientos de deudas contraídas previamente para diversos fines, pero muchas de ellas, en realidad, para pagar gastos corrientes y que de esa manera eludieron un ordenamiento del sector público provincial.
El economista de IDESA Jorge Colina señala el nuevo marco político como relevante para explicar esta súbita “rebelión fiscalista”. “Las provincias en general no tenían incentivos para sanear sus cuentas públicas cuando el presidente era del mismo color político porque siempre descontaban de que algo iban a recibir y lo que está sucediendo ahora, por primera vez en la historia argentina, es que ninguna provincia es de la misma línea que el Presidente”, explica.
Si algo caracterizó al giro en la política económica de las últimas dos décadas fue el aumento sustantivo del gasto público sin el correspondiente correlato en su financiamiento. El salto que se fue consolidando año a año fue de casi 15% del PBI pero estuvo constituido, básicamente, por tres factores: el aumento de los subsidios energéticos y al transporte, las partidas discrecionales hacia las provincias y el déficit del sistema previsional. Sobre estos tres aspectos, la “motosierra” oficial pasó o está por hacerlo, porque las herramientas con las que cuenta no todas son de tu total control y algunas presentan un retraso en su aplicación. En ello, la aceleración inflacionaria operó primeramente al gasto previsional. Según calcula IDESA, de la reducción del gasto público nacional ocurrida en enero pasado, en términos reales $3,8 billones fueron en “prestaciones sociales” (66% en jubilaciones), $1,2 billón en empleo público y $0,4 billón en las transferencias a las provincias. O sea, a su juicio, por ahora llevan la parte más suave del ajuste.
Colina apunta a que, en general, las provincias mostraban cuentas fiscales equilibradas gracias a la inflación porque ellos reciben recursos tributarios tanto nacionales como provinciales que crecen con inflación mientras que el principal gasto (salarios) van creciendo por detrás de la inflación, entonces con la aceleración inflacionaria pudieron equilibrar sus cuentas. Pero se encuentran con el problema que no tienen resto para pagar el capital adeudado.
El ajuste. Nadin Argañaraz, presidente del IARAF, señala que, en efecto, las transferencias totales a las provincias durante enero fuero las más bajas de los últimos 31 años: cayeron un 83% respecto a 2023 y un 81% respecto al promedio 1993-2024, medidas en términos reales. En febrero las transferencias totales automáticas a provincias y CABA habrían caído un 19,5% real interanual, con lo que en el primer bimestre la caída interanual habría sido de 15,5%.
A su juicio, las provincias arrancaron este año con una pérdida de coparticipación originada en la reforma del impuesto a las ganancias de fin de 2023, que implica para todas ellas una disminución proporcional de la coparticipación. Pero hay una incidencia más grande en aquellas jurisdicciones donde una mayor porción de su ingreso se origina en la coparticipación. Además, se suma la recesión, una caída de facturación que hubo en diciembre, enero, seguramente también en febrero y que continuará en el corto plazo. Cae la recaudación nacional, por lo tanto, la coparticipación y también la recaudación propia -Ingresos Brutos, el principal impuesto provincial-. “A mi criterio, cuando uno mira el conjunto es posible que las provincias hayan dejado el superávit primario con el que se estima terminaron el año pasado”, concluye.
A propósito, el economista Fernando Marull subraya el hecho que no todas las provincias tienen la misma estructura de financiamiento: mientras que, en promedio, el 8% de los ingresos de cada jurisdicción corresponden a transferencias discrecionales, algunas alcanzaron 21% (La Rioja) y 20% (Jujuy), mientras que las menos dependientes están debajo del 5% (CABA, 3%; Chubut, 4%; San Luis y Neuquén, 4%). De allí que bajar la palanca en este rubro no sea lo mismo para todas.
Lejos de una sensación, la desaceleración de la inflación (la consultora C&T estimó en 16,3% el alza del IPC de febrero) si bien es marcada no permite confirmar todavía que se vaya a alcanzar el objetivo de llegar a fin del segundo trimestre con un dígito mensual y reservas que permitan el desarme del cepo cambiario. Marzo, un mes tradicionalmente con más inflación estacional, tendrá además alzas en las tarifas de los servicios públicos y abril en las del transporte. Reacomodamientos sucesivos que conspiran con la necesidad de encontrar otra ancla de estabilidad que no sea el desinfle de las expectativas devaluatorias en el corto plazo.
La duda, nuevamente, ronda en torno a la sustentabilidad de semejante ajuste fiscal y monetario, del que las provincias intentan eludir, sobre todo aquellas en el que su desorden en sus cuentas fue postergando la adopción de soluciones de fondo. El caso de Chubut, que a pesar de contar con recursos petroleros de magnitud y poca población, nunca terminó de recomponerse del caos fiscal que dejó la administración Das Neves-Arcioni y que hoy estalla cuando llegan los vencimientos de deuda. En medio del fragor de la batalla “contar el centralismo”, el actual gobernador Ignacio Torres invitó a la Provincia de Buenos Aires a plegarse al boicot “federal”. Su eventual aliado tiene poco que ver con lo que en realidad explica esta rispidez: el fracaso del sistema de coparticipación federal de impuestos que todavía es deudor de una ley reglamentaria que debía darse en dos años de plazo según la Constitución de 1994. El ministro de Economía bonaerense advirtió que el gran culpable de la crisis permanente de la mayor provincia argentina es la asimetría entre lo que aporta (38% de la recaudación) y lo que le llega (20%). Le están haciendo cosquillas al león bonaerense que, por ahora, sigue sin dar la pelea de fondo. Pero la profundización de la crisis podría llevarlo a patear el tablero con un final de suspenso.
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