La repentina adopción de medidas para amortiguar el pico de contagios de la pandemia, generó decenas de voces discordantes con las restricciones, prohibiciones de circulación y, sobre todo, con el cierre inducido de algunas actividades, que agravaron el estado de vulnerabilidad luego de casi 13 meses de confinamientos más o menos rigurosos.
Por eso el Gobierno se apuró en contrarrestar las críticas por un nuevo aislamiento con el anuncio de un programa de ayuda que repartiría $15.000 entre los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo), las beneficiarias de la AUM (Asignación Universal por Embarazo) y los monotributistas de categorías A y B (las más bajas). Todavía no se especificó la forma y el plazo de pago, pero seguiría la modalidad ya aceitada del resto de los planes sociales y en particular, el probado para el abono del ingreso de emergencia, durante el año pasado.
Durante el primer tramo de los aislamientos, el Gobierno concentró las compensaciones que hizo hacia sectores más afectados por el derrumbe de la economía en general y en algunos sectores en particular (servicios, comercio, actividad informal) con tres herramientas que estuvieron en uso hasta fin de año: el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), destinada a personas sin empleo formal, personal de casas particulares y monotribuistas en las dos escalas más bajas (A y B); el ATP (Asistencia de Trabajo Productivo), que subsidiaba a determinadas empresas con algunas consideraciones un porcentaje de los salarios del personal y los REPRO (Asistencia de Recuperación Productiva) en sus variantes I y II.
Poner en marcha el mecanismo llevó tiempo y hubo groseros errores en su implementación, como quedó evidenciado en uno de los primeros llamados a cobrar el IFE en las entidades bancarias que abrieron sus puertas luego de una polémica inactividad y expusieron la desorganización en la confección de listas y el seguimiento de los beneficiarios. Terminó con el pedido de reununcia al director ejecutivo del ANSES, Alejandro Vanoli, rápidamente reemplazado, como no podía ser de otra manera, por la camporista Fernanda Raverta.
El otro aspecto que la experiencia edificó sobre el error fue el de la subestimación de la cantidad de personas que solicitarían el IFE. Se calculaban 4 millones de prestaciones y terminaron recibiendo casi el triple de solicitudes que, debidamente purificadas, terminaron en los 9 millones de beneficiarios que llegaron a cobrar hasta la 4° cuota. Para el Estado significó una erogación de $265.000 millones, un 0,7% del PBI según informó el Jefe de Gabinete al Congreso en noviembre pasado.
Los ATP también se fueron restringiendo y se comunicó su caducidad también para el 31 de diciembre pasado y la persistencia de otro tipo de soporte económico a algunas actividades que seguían restringidas a partir de enero.
Con el anuncio de una virtual vuelta a la Fase I, también se confirmó que habrá un bono compensatorio por “única vez” de $15.000 para un número aún no determinado de personas. Serán beneficiarias aquellas cuya actividad menguó o se imposibilitó durante el aislamiento anunciado y por el tiempo que dure. Es probable que, ante los requerimientos de los sectores más golpeados por la inactividad obligada, se lance alguna otra medida de asistencia temporal para el pago de sueldos o cargas sociales. Pero todavía no hay confirmación al respecto.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, había reconocido que en el Presupuesto enviado al Congreso para este año no se había incluido un “gasto Covid” por su improbabilidad y la dificultad para calcularlo. Ahora, con esta nueva fase, deberá sacar la calculadora y rehacer las planillas para conocer cuál será el agujero fiscal a financiar con una recaudación fiscal que se había recuperado por la mayor actividad o con la emisión monetaria que estaba contenida para llegar en tiempo y forma a las elecciones. Ahora este plan hará agua por este lado y su equipo deberá resignarse a convivir con una mayor inflación (que se había proyectado empezaría a bajar este mes) o un nuevo ajuste impositivo, luego de haber flexibilizado el de Ganancias para los individuos que ganan menos de $150.000 mensuales. Un nuevo desafío para Guzmán que todavía no cerró la postergación de los pagos que se deberían hacer el mes que viene al Club de Paris.
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