Nuestra profesión está siendo atacada permanentemente, ya sea desde el lado de las incumbencias, como de la política que, sin importar pertenencia partidaria, y mirando absurdas encuestas, insulta y vapulea injustamente a nuestros colegas.
Diputados que no son abogados o abogadas, presentan proyectos de ley para realizar divorcios administrativos en el mismo Registro Civil en los que se han realizado los matrimonios, sin tener en cuenta que las personas que han contraído matrimonio y más aún, que luego han tenido hijos fruto de esa unión, gozan de derechos y obligaciones, no solo patrimoniales, que deben ser consultados, guiados y evaluados por un profesional del derecho, y cotejado por un juez de familia, porque de lo contrario se estaría vulnerando a la parte más débil que, en general, es la mujer.- Imaginen, sin ir más lejos a una mujer víctima de violencia de género obligada a firmar en un registro civil el renunciamiento a sus derechos.- En estas decisiones trasnochadas está en juego no solo el ejercicio profesional sino también la seguridad jurídica de la sociedad toda.
Al mismo tiempo que se pretende dejar en manos de los/as escribanos/as, las sucesiones, interfiriendo con las incumbencias de los/as abogados/as que somos quienes estamos formados para asesorar a los causahabientes, herederos o legatarios con la complejidad que pueden tener estos actos.
Sin ir más lejos, se pretende que los abogados y abogadas seamos sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de nuestros clientes ante la UIF, violando así el secreto profesional.
El ataque es continuo y permanente.
Acusan a los abogados laboralistas de ser los responsables por la supuesta e inexistente “industria del juicio”, cuando lo único que hacen abogados y abogadas es aplicar las leyes que dicta el Congreso de la Nación y por cierto las sentencias son dictadas por jueces/as y no por abogados/as.
Permanentemente se regulan honorarios por debajo de la ley arancelaria sin ningún tipo de sanción a quienes violan la norma regulatoria de nuestros estipendios.
Para poder ponerle un freno a estos embates sistemáticos, es necesario que la abogacía este fuerte y lealmente representada por abogados o abogadas que vivan del ejercicio profesional y no por políticos que utilicen a la colegiación como trampolín para otras aspiraciones.
Es por eso que todas y todos, para poder cambiar la realidad que nos aqueja como letrados/as de la matrícula, tenemos la obligación de participar, porque participar es la única manera de cambiar la realidad.
Votar a quienes nos representan como abogados y abogadas es un derecho pero también una obligación.
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Mail: [email protected]
Instagram: @pato.trotta
por CEDOC
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