Aunque haya que repudiar el desfile de bocinazos frente a la casa del juez Ricardo Lorenzetti, suena hipócrita el desgarramiento de vestiduras kirchnerista por el apriete a la Corte Suprema de la Nación. La comisión creada por Alberto Fernández para repensar el funcionamiento del máximo tribunal, con la obscena participación del abogado de la Vicepresidenta como asesor, dio el puntapié inicial al ciclo de presiones sobre los cortesanos, en el marco de la amenazante e imprecisa “reforma judicial”. Tampoco son muy respetuosas de la independencia de poderes las últimas declaraciones del jefe del Ejecutivo contra las decisiones del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, ni cuando dijo sencillamente que “la Corte funciona mal”. Imaginemos el escándalo que armaría la tribuna oficialista si Rosenkrantz dijera públicamente que el Gobierno K está funcionando mal. En cualquier caso, como en otros puntos de profundización de la grieta nacional, no se entiende si les Fernández dan pasos tácticos hacia un objetivo estratégico, o si se dejan llevar por los nervios de no encontrarle la vuelta a casi nada.
No se entiende qué gana Alberto Fernández jugando al filo del conflicto de poderes, precisamente en un momento histórico donde típicamente la Corte Suprema gana un protagonismo político que la expone a presiones personales, pero también la empodera como brazo del Estado encargado de resolver los efectos de una crisis en última instancia, tras el fracaso de los otros dos poderes. Solo basta con recordar el rol que tuvo el Tribunal Supremo durante la crisis del 2001, ordenando la tormenta de amparos constitucionales contra el descalabro económico generado por la Casa Rosada, con la impotente complicidad del Congreso Nacional.
Por aquellos años, el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se quejaba en una conferencia de prensa de la desmedida expectativa de los argentinos en las soluciones que esperaba por parte de la Corte Suprema acerca de problemas sociales, políticos y financieros que, en realidad, le correspondía deshacer a la dirigencia elegida por el voto popular directo.
Dos décadas más tarde, el país parece al borde de un colapso diferente al del 2001 pero de intensidad y costos comparables, mientras el Gobierno y la oposición parecen estar mirando otro canal. Quizá por miedo al poder que hace 20 años asumió la Corte es que Alberto Fernández trata de blindarse tomando la iniciativa contra cualquier movida sospechosa del Máximo Tribunal, que además esta vez se siente rodeado por un clima de escraches físicos y virtuales motorizado por sectores sociales que el ministro del Interior, Wado de Pedro, etiqueta como macristas, aunque tal vez se queda peligrosamente corto en la identificación ideológica del enemigo. Tal vez el nuevo mapa del malhumor nacional quede claro dentro de un año, en las elecciones legislativas. Pero el riesgo no es ese, sino que el escenario de caos se anticipe al turno electoral y exija, con buenos o malos modales, una respuesta institucional de emergencia para volver a la normalidad, si es que eso alguna vez existió en la Argentina.
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