En 1958, el sociólogo laborista británico Michael Young acuñó el término “meritocracia”, para criticar el modo capitalista de justificar la desigualdad con su ideal de competencia y superación individual cada vez más exigente y hasta despiadada. Apenas unos meses más tarde, en el rincón sur del continente americano, nacía Alberto Ángel Fernández. Por esas cosas del destino, el Presidente argentino está proponiendo la cuestión del mérito como la nueva discusión nacional.
Aunque la intención de aquel activista inglés era satirizar lo que él llamó meritocracia, sin quererlo le regaló a la naciente intelectualidad neoliberal un concepto que sigue sonando hasta hoy como un modelo de valores positivos de los cuales enorgullecerse. Se supone que el mérito es lo opuesto al acomodo, la sociedad de castas, la discriminación, los “techos de cristal” profesionales, y la abulia burocrática de los totalitarismos.
Pero es cierto que, en el ámbito académico anglosajón, se está volviendo a poner de moda el uso despectivo del término “meritocrático”, al ritmo de la crisis financiera y política global, el debate por la desigualdad y el auge de los líderes populistas de dudosa ética y formación cultural. Como una señal de alerta, el profesor de Harvard especializado en filosofía política Michael Sandel acaba de publicar un ensayo-manifiesto titulado “La tiranía del mérito”, donde retoma las críticas pioneras de su colega británico, y señala el “síndrome de Hubris” que alimenta la costosa y elitista carrera académica norteamericana, como antesala justificatoria de una guerra darwiniana en el mundo del trabajo. Para Sandel, las buenas intenciones meritocráticas acabaron funcionando como un mecanismo de autojustificación de los ganadores y de humillación de los perdedores del sistema. Contra ese nuevo elitismo, que desprecia el valor del trabajo común contrastándolo con puestos calificados de excelencia high-tech, más de la mitad de los norteamericanos votaron a Trump, argumenta Sandel. Puede ser. Lo que no está tan claro es cómo se traduce el debate sobre la “meritocracy” en la Argentina, donde “liberal” no significa -como en Estados Unidos- ser progresista, sino todo lo contrario.
El debate sobre la meritocracia en la Argentina no es nuevo. Ya lo había agitado Cristina Fernández de Kirchner en su libro “Sinceramente” y lo repitió en Twitter durante la campaña electoral, apuntando al ideal de esfuerzo y progreso individual como “la última gran coartada del neoliberalismo para hacerte creer que lo que tenías era sólo por mérito propio y no también del modelo económico y el rol del Estado”. La expresidenta en campaña de regreso se refería explícitamente al relato macrista, en aquel momento explosivo de la grieta nacional. Por eso resulta sintomático que, un año después, sea su Presidente el que retome aquella bandera antimeritocrática, justamente cuando Alberto Fernández está hipotecando su fama de dialoguista y componedor ecuménico, mientras la grieta ideológica vuelve a ensancharse, y cuando los daños económicos de la pandemia dejan a la mayoría de los argentinos a merced del auxilio estatal.
Del otro lado de la trinchera política y social, la discusión sobre el mérito fue recogida oportunamente por Mauricio Macri, que se apuró a elogiar en un tuit la reivindicación del radical Mario Negri de la meritocracia, al igual que dirigentes agrarios y medios de prensa marcadamente anti K. Con esta polémica sobre la cultura del trabajo y la educación esforzada y competitiva, el oficialismo le vuelve a regalar a la oposición un denominador común para aglutinarse contra el Gobierno, en una Argentina alarmada por la falta de inversiones, de dólares, de empleo y hasta de clases escolares.
Es verdad que el valor del mérito como sistema de ordenamiento social justo y progresista no está exento de discusiones, pero las elucubraciones semánticas acerca de qué se entiende por meritocracia hoy quedan muy lejos de la conversación simple y automática tanto de la calle como de las redes sociales. En el lenguaje cotidiano, se entiende por mérito la idea de ganarse lo que uno quiere y necesita, sin quedarse sentado esperando a que llueva como maná del cielo. Que un Presidente cuestione esa acepción del sentido común en plena crisis de estancamiento social instala el riesgo de que se entiendan sus dichos como una invitación -tanto para pobres como para ricos- a cruzarse de brazos a la espera de que el Gobierno resuelva todos los problemas. Un “dolce far niente” cínico, resignado y contagioso.
Hay otro sentido latente detrás de este peligroso juego semántico. La “falta de mérito”, que en la terminología judicial implica no ser culpable ni inocente, liberado de la condena hasta nuevo aviso, mientras no se acumulen pruebas contundentes para reabrir el debido proceso. Así transita el cristinismo este momento histórico, gobernando desde el limbo de su libertad condicional, sin autoridad moral para inspirar compromiso cívico en la mayoría de la población, inhabilitado para liderar una etapa nacional donde apenas queda margen para prometer sangre, sudor y lágrimas. Esa es la falta de mérito que define a un Presidente para nada convencido de haberse sentado en el sillón de Rivadavia por mérito propio.
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