Una extraña contradicción se pone en evidencia ante el anuncio presidencial de un nuevo plan de seguridad bonaerense. Mientras el progresismo oficial mira con desconfianza la demagogia mediática de Sergio Berni, el Gobierno termina apropiándose del recetario de mano dura firmado por el médico castrense a cargo de la Seguridad provincial. A contramano de los diagnósticos academicistas de Sabina Frederic, Berni expresa el pragmatismo reprimido del peronismo, que como todo tapón inconsciente, vuelve y no deja de volver como un trauma al discurso políticamente correcto del Frente de Todos. Es lógico: en la charla de café con los científicos, se pueden decir muchas cosas interesantes, pero el problema viene cuando hay que levantarse y gobernar. Ahí aparece la realidad en su versión más áspera.
Cuando Berni se despacha contra la tolerancia K ante la toma de tierras y la proliferación crónica de planes sociales, no hace otra cosa que marcar el punto ciego de la doctrina nac&pop que moldea la gestión de Alberto Fernández y de Axel Kicillof. Se supone que el kirchnerismo cree en un Estado presente, al que le gusta intervenir para corregir los abusos del mercado. Sin embargo, en los temas delicados que toca Berni, parece actuar a la inversa.
En la dinámica de toma de tierras, parece reinar el “laissez-faire” del liberalismo clásico: ahí donde el Estado se abstiene de intervenir, se forma un mercado de terrenos informal, tal como indica la teoría pero también la práctica, para cualquiera que se haya dignado a conversar con cualquier colono de tierras ocupadas. Para vivir ahí, hay que pagarle a alguien, sin contrato legal pero obedeciendo la ley del más fuerte, que se autoproclama dueño y organizador catastral. Lo mismo pasa con el resto de los delitos contra la propiedad y la vida. Aunque no haya Estado, sí aparece un mercado: nunca manda el vacío.
Algo parecido sucede con el fenómeno de los planes sociales. Aquello que nació como un parche de emergencia para evitar un colapso social y acaso institucional, con los años se volvió un derecho adquirido, más allá de las ideologías de los gobiernos de turno. Es decir que, lo que empezó como una fuerte intervención estatal, se fue transformando en un gasto obligatorio permanente del presupuesto nacional y provincial. Y cada nueva gestión que llega, se siente obligada a no intervenir, a habilitar el laissez-faire populista y culposo de un reparto millonario de dinero público que no está para nada exento de manipulaciones mercantilistas a manos privadas, escudadas en la militancia social partidista, dentro y fuera del peronismo.
Esta contradicción fundamental explica las marchas y contramarchas que, también en estos temas, padece la gestión albertista. Rodeado de diagnosticadores profesionales con cargo ministerial, el Presidente queda diariamente tironeado entre las teorías del Estado Ausente y del Estado Presente. Aunque en realidad, el problema urgente que le toca resolver -sea por la herencia de Macri o por la de Cristina- es cómo salir del Estado Impresentable.
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