EN LA MIRA DE NOTICIAS | 11-03-2020 10:36

Quién gana y quién pierde con el Operativo Milagro

El debate por la intervención de la Justicia jujeña no solo influye en el futuro de Milagro Sala: también pone a prueba la campaña contra el Lawfare.

Ayer el oficialismo prendió el ventilador en el Senado de la Nación, al poner en marcha el operativo K para forzar la liberación de Milagro Sala. Como suele pasar en estos casos, no queda del todo claro quiénes resultarán más salpicados, pero seguro que a todos le quedará algún manchón.

En el plenario de la comisión de Asuntos Constitucionales, el senador peronista Guillermo Snopek presentó su proyecto de intervención de la Justicia de Jujuy, apoyado en una serie de denuncias de irregularidades que viene acumulando ese poder provincial, bajo sospecha de actuar excesivamente coordinado con los designios del gobernador de Cambiemos Gerardo Morales. El hecho de que el senador denunciante sea cuñado en guerra con el gobernador es apenas un dato más de los escándalos que prometen desplegarse en el culebrón parlamentario que tuvo su episodio inaugural ayer por la tarde en el Congreso. Nadie se salvará de ver expuestos sus trapitos al sol, no importa de qué lado de la grieta haya quedado.

Aunque en el informe del oficialismo no se hizo mención explícita al caso Milagro Sala, la oposición se enfocó en remarcar que el trasfondo de este pedido de intervención -un procedimiento de excepción en la dinámica institucional argentina- es la campaña kirchnerista por la liberación de culpa y cargo de la líder social indígena, en el marco de la guerra contra lo que el Gobierno y sus simpatizantes denominan “Lawfare”, la utilización sistemática de causas judiciales con cobertura periodística para acosar a políticos K.

Como viene haciendo en este tema en general, Alberto Fernández trata de mantener cierto equilibrio apoyando ambiguamente estas avanzadas contra los magistrados que tienen a su cargo causas que afectan a militantes y exfuncionarios kirchneristas. El Presidente acaba de pronunciarse a favor de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise lo actuado en las condenas a prisión de Milagro Sala, que ha recibido el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos relatores exigieron cambiar la prisión preventiva por un régimen de arresto domiciliario. Pero en cuanto al pedido de intervención de la Justicia jujeña, la señal que viene del Ejecutivo es menos contundente. Lo que sí es claro, en línea con la argumentación opositora, que la campaña a favor de Milagro Sala tiene el sello presidencial, como lo ha evidenciado en un video de comunicación institucional sobre la reforma judicial, donde aparece la imagen de la líder de la Tupac Amaru. Como en el caso del debate interno pero ventilado sobre los supuestos “presos políticos”, el Presidente juega a dejar hacer, pero tratando de no mancharse los dedos de tinta con la que se escriben los relatos en el Instituto Patria.

Pero en el proceso que se abrió ayer en el Senado, y que durará varias semanas, nadie quedará muy limpio. Por lo pronto, la oposición llevó ayer al plenario a varios testigos con ganas de volver a contar en detalle los maltratos y desmanejos que ya declararon en tribunales contra Milagro Sala. Con esas historias personales, que volverán a indignar a la opinión pública antikirchnerista y ensuciarán el ya viciado aire que respira Alberto Fernández, el radicalismo intentará contrarrestar la lluvia de testimonios que cuestionan duramente la transparencia de los máximos jueces jujeños, señalados casi como títeres del gobernador Morales. Esas historias, que incluyen hasta una denuncia por violación contra uno de los miembros del Supremo Tribunal provincial, recién reflotada por Graciana Peñafort en el website de Horacio Verbitsky, serán un fuerte dolor de cabeza para Morales, uno de los pocos gobernadores en ejercicio que le quedan a la coalición derrotada en 2019, que ahora intenta rearmarse como frente opositor con chances de recuperar poder.

Pero el repaso de los desarreglos judiciales jujeños, con el objeto de fundamentar nada menos que un pedido de intervención, puede poner en evidencia una incómoda conclusión, que el radicalismo ya planteó en el plenario de ayer: prácticamente en todas las provincias argentinas (la mayoría gorbernada por el oficialismo), pueden hallarse causales para solicitar la intervención de sus poderes judiciales, en el modo en que lo plantea el senador Snopek para el caso de Jujuy. Aquí podría abrirse la puerta a un devenir incierto de la reforma institucional que el Presidente viene avalando, no se sabe si por total convicción personal con el tema o por una necesidad de cumplir con compromisos asumidos con Cristina Fernández al momento de armar la coalición que llevó al triunfo al Frente de Todos. Así, el debate por la intervención a Jujuy funciona como un test para el oficialismo, pero también para la oposición, y para la corporación judicial en capilla. De este proceso saldrán ganadores y perdedores, pero también cálculos bien concretos sobre los costos de ciertos triunfos, y los beneficios inesperados de algunas derrotas.

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Silvio Santamarina

Silvio Santamarina

Columnista de Noticias y Radio Perfil.

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