Primero la casona apareció tapiada. A los pocos días, un cartel de permiso de obra anunciaba su demolición. En dos semanas fue un hecho. Los vecinos se enteraron de golpe que aquella antigua construcción, que algunos hasta creían ocupada, sería (gracias a un fideicomiso de la empresa Ykonos Desarrollos) un edificio de seis pisos con penthouse y “vista a la plaza”. Desde adentro de la misma plaza.
La Antonio Malaver fue fundada en 1939 y en dos de sus esquinas hay ocho casas: cuatro públicas y dos privadas. Está emplazada en uno de los barrios con menos espacios verdes de la ciudad, a solo una cuadra del imponente cementerio de la Chacarita.
Es una de las dos manzanas verdes de Ortúzar, y por eso la noticia en el barrio cayó como un yunque. “Creíamos que esto iba a pasar en 10 años”, asegura Paula Salischiker a NOTICIAS. Ahora, junto a otros frentistas libran una batalla con la mira puesta en que el Gobierno porteño revea la situación del lote y, eventualmente, lo expropie para agrandar la plaza.
CEMENTO. “Es espectacular desde el punto de vista inmobiliario, desde el vecinal es un horror: es todo lo que no queremos. En nuestra plaza se ve apenas sale el sol en CABA, y lo mismo al atardecer”, plantea Salischiker, fotógrafa e integrante de “Somos La Malaver”, una organización vecinal en defensa del patrimonio arquitectónico, natural e histórico del barrio.
En ese camino confluyen con “Somos de Ortúzar”, otro grupo que realizó un mapeo de las propiedades en venta y proyectos de edificios en curso: son 81 y 56 respectivamente. En la Malaver el caso es llamativo: además de algunas casas expropiadas hay otras, en lotes privados, dentro del mismo predio. “La vista del edificio será hermosa, pero vos estás en la plaza tomando mate y va a haber alguien mirándote desde el edificio. Es preocupante por el precedente que puede crear en el resto de los lotes”, advierte.
Intercalados los públicos y privados, resultaba imposible para el Estado ampliar la plaza. Por eso ahora “es la oportunidad perfecta para que compren una de las pocas casas privadas que hay: la propuesta es que el Gobierno la compre al fideicomiso y no se haga la torre”, explica Salischiker.
Se sirven de otros antecedentes de vecinos que lograron impedir este tipo de construcciones. Sin ir más lejos, el oficialismo se vio obligado a reservar en secretaría varios proyectos de este tipo, incluido el de una torre junto a la iglesia de Santa Catalina de Siena, en el Área de Protección Histórica (APH) de Capital Federal.
LEGALIDAD. El Gobierno porteño insiste en que la demolición es legal, y también lo sería la construcción del edificio (sobre todo tras la reforma drástica del Código Urbanístico en 2018). En las últimas semanas se debatieron excepciones, y los vecinos piden que “tomen este caso como tal, favoreciendo al barrio” y en detrimento de los grandes desarrollos inmobiliarios.
Es que, explican los vecinos de Ortúzar, todos entienden que la gentrificación es inminente. Pero les importa el cómo. “Lo que necesita la ciudad son más espacios verdes y tirando tierra al terreno se puede anexar en la plaza”, insiste Salischiker. La posibilidad está servida ahora, “pero si la dejamos pasar y perdemos esta batalla en breve empieza la obra. Si venden todo y hacen edificios te obligan a irte, por más que te guste el barrio. Sería bueno que eso no pase”.
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