La suspensión del sistema de fotomultas en San Isidro, dispuesta por el intendente Ramón Lanús por 180 días, dejó de ser un episodio aislado para transformarse en un caso emblemático dentro de una trama mayor que ahora sacude a varios municipios bonaerenses. La medida fue adoptada tras detectar inconsistencias en los convenios firmados por gestiones anteriores con universidades públicas —la UNSAM y la UNSO— que tercerizaban servicios a empresas privadas sin la debida claridad legal ni operativa.
“Las fotomultas deben ser una herramienta para salvar vidas, no para recaudar ni enriquecer a terceros escondidos detrás de convenios opacos”, sostuvo Lanús. El municipio intimó a las universidades a brindar explicaciones en un plazo de 15 días, mientras refuerza los controles viales con operativos en las principales avenidas y 50 nuevos agentes de tránsito.
Pero el caso San Isidro no es aislado. La crisis alcanza niveles provinciales y tiene a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina en el centro de una creciente tormenta judicial y política.
Uno de los capítulos de la trama involucra al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, actualmente investigado junto a García por integrar una red de negocios millonarios con fondos públicos.
El escándalo alcanzó también a la UTN Facultad Regional La Plata, allanada por la Justicia por su presunta participación en el circuito financiero. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, ordenó una auditoría que detectó transferencias irregulares a CUIT y CBUs asociados a universidades y empresas.
El efecto dominó ya comenzó: además de San Isidro, municipios como Tigre, General Rodríguez, Lobos, Dolores y Las Heras suspendieron o revisan contratos vinculados a este sistema. La presión social, el avance judicial y las auditorías provinciales configuran un escenario de colapso para lo que muchos ya describen como una maquinaria paralela de recaudación.
"Todos los radares están debidamente habilitados", afirmó la entidad a través de un comunicado oficial. CECAITRA, que agrupa a las principales proveedoras de software y tecnología vial del país, remarcó que los dispositivos de medición de velocidad que han sido provistos tanto a la administración provincial como a los municipios adheridos a la red de seguridad vial cumplen con las normativas técnicas y legales vigentes
En su descargo, CECAITRA también hizo un repaso del origen del sistema de fiscalización electrónica en la provincia de Buenos Aires. La participación de la Cámara en el rubro comenzó en 2007, tras la declaración de la Emergencia Vial por parte del gobierno provincial, ante el aumento de siniestros fatales en rutas. Ese año, el Ejecutivo bonaerense firmó un contrato directo con CECAITRA para la provisión de 180 cinemómetros (140 fijos y 40 móviles), al considerar que ninguna empresa local contaba con la capacidad técnica y logística para afrontar semejante despliegue.
La polémica en torno a las fotomultas no es nueva. A lo largo de los últimos años, tanto en la provincia como en otras jurisdicciones del país, distintos sectores han cuestionado el uso de radares como herramienta de recaudación más que como instrumento de prevención. La legalidad de los equipos, la señalización previa, la habilitación del INTI y el respeto del debido proceso para el cobro de infracciones son algunos de los puntos sensibles que han sido judicializados en diversas oportunidades.
por R.N.
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