El ascenso de Javier Milei al poder puso contra las cuerdas a la cultura argentina. Es que los ideales libertarios del nuevo presidente atentan directamente contra los intereses intelectuales de la sociedad. Objetivo uno, equilibrar el déficit fiscal; objetivo dos, favorecer la libre expresión del mercado.
Por ello el primer proyecto de Ley Ómnibus que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso fue global, abarcando todas las áreas del Estado. La desregulación que apuntaba a la Cultura incluía el cierre de instituciones claves como el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional del Teatro (INT), y la derogación de varias leyes.
Sin embargo tras las exposiciones de varios de los referentes más importantes de la cultura argentina en el plenario de comisiones de Diputados, se presentó el texto reformulado, que pasa de un proyecto de 664 artículos a uno de 523, en el que deja sin efecto el cierre de las mencionadas instituciones, como tampoco la quita del actual porcentaje destinado al INCAA, aunque propone reestructurar sus lineamientos para que haya un mayor y exhaustivo control de fondos, para “que los gastos administrativos del sector no sean una carga excesiva".
Un rubro que aún no fue escuchado es el del libro. La regulación de precios que fija Ley de Defensa de la Actividad Librera (25.542) pretende ser derogada por el Gobierno y su insistencia complica a los protagonistas del rubro. Consultado por NOTICIAS, el escritor y profesor universitario Alejandro Katz afirma: “Es una regulación innecesaria que favorece intereses corporativos. Aunque se pregone cuidar al consumidor, lo que hay es una conspiración para sacarle más dinero. Ellos creen que toda regulación perjudica la dinámica económica y es una mentira más del capitalismo”.
Lo que entra en objeción con esta nueva ley es la libertad de precio y que no haya intervención del Estado, aparato al que Milei quiere quitar de circulación. Sobre esto Katz explica: “Este Gobierno tiene una preferencia ideológica por los grandes jugadores a los que le atribuye, equivocadamente, virtudes de eficiencia. Milei está convencido que el más grande es el mejor. Hay que aclarar que la ley vigente no dice que hay que subsidiar al librero que es un idiota, viejo, del siglo 19, que no agrega nada al mercado por melancolía y romanticismo. Sino que el precio de venta debe ser el mismo se venda donde se venda, para que las reglas del mercado sean iguales para una librería pequeña que para una multinacional como Yenny o las grandes tiendas como Carrefour o Mercado Libre”.
Otra marcha atrás del Gobierno fue con respecto al Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), los cuales al principio iban a sufrir un desfinanciamiento que los dejaba en plena agonía. Ahora "en pos de una gestión más eficiente" (tal como dice el proyecto), se establece limitar los egresos en un 20 por ciento de los ingresos, priorizando así el respaldo directo a la música y a las bibliotecas populares.
Aún parecen escucharse las palabras del director de “Argentina, 1985”, Santiago Mitre, cuando hace una semana declaró: “Las virtudes de nuestra industria cinematográfica generan divisas y trabajo de calidad. Pude ver la admiración que genera nuestro país en el mundo. Argentina es el país con más nominaciones al Oscar de la región porque hay una Ley de Cine que fomenta la actividad. ¿Por qué queremos destruir eso? El cine no pide plata: pide que se mantenga la ley que le permite seguir autofinanciándose”. Y semejante declaración fue replicada por destacadas personalidades como Ricardo Darín, Luis Brandoni, Pablo Echarri y Mercedes Morán, entre otros; lo cual hizo que las intenciones de La Libertad Avanza de desfinanciar al INCCA queden reducidas a un mayor control. Así se asegura la continuidad de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) y de todas sus subsidiarias en las diversas provincias argentinas.
Una voz importante que se alzó en respuesta a este proyecto de quita de subsidios y desregulaciones artísticas es la de Jorge Marrale, presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), quien en diálogo con NOTICIAS insistió: “SAGAI es una entidad que gestiona el cobro del derecho de imagen y distribuye entre sus socios el pago de lo recaudado, el cual es un derecho y no un privilegio. Lo que ellos pretenden es que esa gestión la haga cada actor por su cuenta. Qué alguien me explique cómo hace cada uno para cobrar lo que le corresponde cuando una película o serie se distribuye a nivel mundial, como por ejemplo “El secreto de sus ojos”. Imposible. Por eso SAGAI en convenio con otras instituciones semejantes del exterior intercambia servicios, para que sea global. Acá no hay una regulación que perjudica a nadie, por el contrario”.
La Ley Ómnibus original pretendía liberar al estado de sus “gastos” culturales, derogando todas las leyes que hicieron del arte nacional un rasgo distintivo. Con una recapitulación importante pero aún poniendo restricciones que debilitan al sector, tanto en su concepción como en su distribución, el debate continúa mientras ya se entra en la etapa decisiva.
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