A 50 años de la Masacre de Trelew, un jurado popular de Florida condenó al ex marino Roberto Guillermo Bravo (80) a pagar una indemnización de US$ 27 millones a los familiares de 4 de las 19 víctimas. Aunque no irá a la cárcel porque se trató de una demanda civil, el veredicto determinó su responsabilidad en los fusilamientos de militantes de Montoneros, FAR y ERP en el Penal de Rawson en agosto de 1972.
“Esto es muy importante porque fue una corte de Estados Unidos. Todavía hay un sector de la sociedad argentina que cuestiona los juicios por lesa humanidad, dicen que salen de manera automática o que están armados. Pero acá se demostró por una fuente independiente que hay una razón de ser de estos enjuiciamientos por delitos gravísimos”, dijo a NOTICIAS Sol Hourcade, coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del CELS, que acompañó el litigio junto al Center for Justice and Accountability (CJA) , una organización de derechos humanos estadounidense.
Para Hourcade, además, que el veredicto haya surgido de un jurado popular tiene un valor significativo: “Eran personas que probablemente no sabían nada de Argentina y, sin conocer nuestra historia, comprendieron lo que significó la Masacre de Trelew”, agregó.
Medio siglo de impunidad
La demanda llegó después de décadas de búsqueda de Justicia. Meses después de los fusilamientos, Bravo se radicó en Estados Unidos, donde llegó como agregado a la Embajada argentina en Washington DC. Su paradero fue una incógnita durante años, pero una investigación periodística del 2008 reveló que vivía en Florida, que había fundado una empresa, RGB Group Inc., y que se había hecho millonario.
Ese mismo año, el juez federal Hugo Sastre, que investigaba el caso, pidió su captura internacional. Sin embargo, por ser ciudadano argentino Bravo nunca fue extraditado. En 2012 se llevó adelante en Argentina el juicio por la Masacre sin su presencia.
Sin embargo, familiares de cuatro de las víctimas pudieron llevarlo a un estrado gracias a una ley estadounidense de protección de víctimas de tortura (TVPA) que habilita la reparación económica. El proceso había iniciado en 2020.
Bravo tuvo que declarar frente a ellos y se defendió con la misma versión que había montado la Armada en aquel momento: dijo que no fueron fusilamientos, sino que las muertes se produjeron cuando los militantes intentaron escaparse del penal y que disparó en defensa propia. “Declaró con la seguridad de quien le habla a sus conciudadanos. Pero lo cierto es que esta historia está muy documentada y prevaleció la verdad histórica”, sostuvo Hourcade.
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