El crimen de José Luis Cabezas no sólo produjo conmoción social: produjo una reacción institucional inédita en la provincia de Buenos Aires. Por primera vez desde la recuperación democrática, se intentó quitarle a la policía el núcleo de su poder real. No el uniforme, no la calle, sino la investigación criminal autónoma, la “caja” y la capacidad de administrar información sin control externo.
Hasta entonces, el esquema era simple y perverso: la misma fuerza prevenía, investigaba, administraba pruebas y negociaba silencios. Ese modelo, funcional durante décadas, quedó desnudo cuando se comprobó que una red policial podía secuestrar, torturar, asesinar, incinerar un cuerpo y montar una escena sin que el sistema reaccionara a tiempo. El caso Cabezas hizo visible lo que muchos sabían y pocos se animaban a escribir: la policía no era sólo un problema de seguridad; era un problema de poder.
En ese contexto se impulsó la reforma ordenada por el gobernador y encabezada por León Arslanián, con Carlos Beraldi como uno de sus arquitectos jurídicos. El objetivo era claro y frontal:
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Separar funciones: la policía dejaba de “investigar por cuenta propia”.
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Crear una Policía de Investigaciones con función judicial, subordinada a fiscales y jueces.
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Fragmentar la estructura (seguridad, investigaciones, vial, control interno) para impedir la acumulación de poder.
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Introducir conducción civil real y mecanismos de control y auditoría.
Esto no fue una reforma administrativa. Fue una declaración de guerra interna. Porque tocar la investigación es tocar la información, y tocar la información es tocar la recaudación, los negocios paralelos y la capacidad de extorsión. Las resistencias fueron inmediatas: corporativas, políticas y mediáticas. El discurso fue conocido: “desorganiza”, “debilita”, “deja a la policía sin herramientas”. Traducido: le quita autonomía al aparato.
Lo relevante —y acá el caso Cabezas vuelve a aparecer como eje— es que esta reforma no se explica sin ese crimen. No porque haya sido su causa formal, sino porque hizo imposible seguir fingiendo normalidad. El asesinato de un periodista, con participación policial probada, convirtió en indefendible el viejo esquema. La sociedad ya no discutía teorías: discutía hechos. El máximo responsable lo entendió y puso en marcha un cambio revolucionario para esa época.
¿Fue una reforma perfecta? No. ¿Fue resistida, erosionada y luego parcialmente desarmada? Sí. Pero dejó una huella decisiva: instaló la idea de que la policía no puede investigarse a sí misma y que la investigación penal debe estar bajo control judicial efectivo. Esa idea, hoy obvia en el discurso, era revolucionaria en los 90.
Y acá está el punto más incómodo para la historia argentina: cada vez que el Estado intenta limitar a sus aparatos armados, paga costos políticos enormes. El caso Cabezas es el recordatorio trágico de lo que ocurre cuando esos límites no existen; la reforma Arslanián–Beraldi, el intento —incompleto pero valiente— de construirlos.
Alejandro Vecchi es abogado penalista, querellante en la causa por el crimen de José Luis Cabezas. Apoderado de la familia desde enero de 1997 hasta la actualidad.
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