Después de más de una década marcada por demoras judiciales, cambios de defensa y un incesante desfile de nombres vinculados al poder político y al mundo del espectáculo, una de las investigaciones más resonantes sobre presunta explotación sexual en la Argentina comenzó a encaminarse finalmente hacia el debate oral. En 2023, el juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio la causa conocida como “Prostitución VIP”, en la que están imputados el representante de modelos Leandro Santos y sus hermanos Rodrigo y Micaela, acusados de trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.
La investigación tiene su origen en Uruguay y se remonta a los años de auge de la noche de Punta del Este, donde durante los veranos más intensos de la década pasada comenzaron a circular denuncias sobre una presunta red que reclutaba jóvenes bajo promesas de una carrera en el modelaje. Según la hipótesis judicial, esas promesas ocultaban en realidad un circuito de explotación sexual dirigido a clientes de alto poder adquisitivo.
El expediente se inició formalmente en 2010 en Montevideo, cuando la jueza especializada en Crimen Organizado Graciela Gatti impulsó la denominada “Operación Blanca” y solicitó la extradición de Santos. La investigación apuntaba a la agencia Latin American Models, dirigida por el empresario, que durante años mantuvo fuerte presencia en el mundo del espectáculo argentino, con modelos que participaban en programas de televisión, eventos nocturnos y campañas publicitarias.
En Argentina la causa quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py. Tras pasar inicialmente por el juzgado de Claudio Bonadío, la instrucción quedó finalmente a cargo de Sebastián Casanello, quien dictó el procesamiento de Santos y su entorno familiar, además de imponerles un embargo millonario sobre sus bienes.
En la resolución de elevación a juicio, el magistrado sostuvo que la organización investigada habría captado mujeres con el pretexto de oportunidades en el modelaje. Según el expediente, el esquema incluía reclutamiento en Uruguay, traslados a Punta del Este y Buenos Aires, y alojamiento en ambas ciudades, donde las víctimas eran persuadidas de mantener relaciones sexuales con clientes adinerados. El sistema se apoyaba, siempre según la investigación judicial, en promesas engañosas de participación en desfiles, presencias en boliches, apariciones televisivas o contactos con personas influyentes.
El caso también adquirió notoriedad pública por la exposición mediática de algunas de las modelos vinculadas a la agencia y por episodios que rozaron otros escándalos políticos y judiciales. Uno de ellos fue la polémica que involucró al entonces jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici, quien en un escrito judicial llegó a describir su actividad como “acompañante de viajes”, en medio de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
A lo largo de la investigación, el nombre de Leandro Santos apareció vinculado en distintos expedientes que mencionaban extorsión, proxenetismo y trata, además de episodios que conectaban el mundo del espectáculo con ámbitos de poder político y económico. La figura del representante también quedó bajo la lupa en el llamado “caso Nisman”, cuando se difundieron imágenes del fiscal fallecido junto a varias modelos de la agencia.
El expediente principal, que acumula seis cuerpos de actuaciones, atravesó numerosas dilaciones. Una de las postales más recordadas ocurrió cuando Santos fue detenido por Interpol frente a las cámaras de televisión, mientras brindaba una conferencia de prensa acompañado por su entonces abogado Mariano Cúneo Libarona, quien años después se convertiría en ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei. Posteriormente, la defensa quedó en manos de Fernando Burlando, aunque el penalista se apartó tras el procesamiento dictado por Casanello.
El juicio oral quedará ahora en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal general federal Miguel Ángel Osorio.
La investigación presenta, además, un elemento que remite a otros grandes escándalos internacionales vinculados a redes de explotación sexual: el expediente se originó a partir de la denuncia de una menor de edad que habría sido abusada en un inmueble conocido como “El Galpón de los Santos”, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Según las actuaciones judiciales, ese lugar era frecuentado por empresarios, funcionarios, deportistas y figuras del espectáculo.
Mientras tanto, en Uruguay varios socios de la agencia ya cumplen penas de prisión por proxenetismo, trata de personas y lavado de dinero, lo que contrasta con el largo derrotero judicial del caso en Argentina.
Quince años después del inicio de la investigación, el expediente que sacudió al mundo de la farándula y puso bajo sospecha la relación entre sexo, dinero y poder en la política argentina se encamina finalmente hacia el juicio oral. El debate público que se abrirá en los tribunales federales no sólo deberá determinar responsabilidades penales, sino también explicar por qué una causa iniciada en 2010 necesitó casi tres lustros para llegar a esa instancia.
por R.N.
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