El primer anuncio oficial fue en julio. Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos al director de la Fundación Infant, Fernan-
do Polack, y al gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer. Se sacaron una foto, la publicaron en redes y celebraron el acuerdo a través del cual Argentina iba a formar parte de un ensayo clínico para probar una vacuna contra el coronavirus. La noticia ubicaba al país en un lugar de privilegio: si todo salía bien en la fase 3, el Gobierno iba a acceder de forma temprana a 3 millones de dosis. En los meses que siguieron, la historia se repitió. Primero con AstraZeneca y después con Sinopharm, con Janssen, con
el ingreso al programa Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con la famosa Sputnik V. Cada uno de los distintos
arreglos confirmaba la idea de que los argentinos íbamos a quedar bien ubicados en la carrera salvaje de los países por conseguir las vacunas. Sin embargo, llegó la última semana de diciembre y el entusiasmo nacional se diluyó entre denuncias cruzadas con Pfizer y la dependencia exclusiva hacia Rusia, el único proveedor hasta el momento y el blanco de prácticamente todas las críticas de la oposición.
Al cierre de esta edición, el Gobierno se había reunido con las autoridades de Pfizer para lograr destrabar el acuerdo y se confirmaba la fecha de arribo al país el primer del avión desde Rusia con unas 300 mil dosis de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya. La campaña de vacunación más grande de la historia argentina estaría a un paso de comenzar, primero con la inmunización del personal de salud y luego con la llegada de 5 millones de dosis rusas en enero y otras 5 en febrero, con las que se comenzaría a llegar a otros profesionales esenciales y a grupos de riesgo.
En total, se necesita que 15 millones de personas se vacunen, algo que va a demorar como mínimo seis meses. Y los obstáculos en los acuerdos con otros laboratorios, solo pueden empeorar un panorama ya difícil.
El tono épico se transformó enenojo. El Gobierno señaló “a los medios de comunicación por generar una campaña de desconfianza hacia la vacuna rusa” y el propio ministro de Salud, Ginés González García, dijo estar “molesto con la actitud de Pfizer” porque siente que hizo aprobar una ley a medida para el laboratorio y que este no entrega las dosis conversadas. No hay lugar para la autocrítica ni en gestión ni en comunicación y el oficialismo insiste en mostrarse como una especie de víctima de la situación. Fuentes oficiales afirman que el laboratorio “está haciendo lobby para conseguir impunidad” y que cuentan con la venia de cierto sector de la oposición que aprovechó el problema para instalar fantasmas de corrupción.
Sin ir más lejos, el diputado nacional Alfredo Cornejo habló de “rumores de coimas” aunque pidió que quedara claro que no estaba haciendo ninguna denuncia y evitó responder preguntas a NOTICIAS. El laboratorio, por su parte, se limitó a contestar a esta revista
que “continúan las conversaciones con el ministerio de Salud en vistas a un potencial acuerdo”.
Pfizer. Desde el Gobierno explican que el problema con Pfizer surgió por la ley de vacunas contra el Covid-19 que se promulgó el 6 de
noviembre. El diputado del Frente de Todos Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública fue el redactor del texto. “Cuando los laboratorios le acercaron al ministerio los modelos de contratos que ellos requerían para la precompra o reserva de vacunas, aparecían tres elementos comunes que no se podían resolver con la legislación actual: la prórroga de jurisdicción, la indemnidad frente a un eventual problema de las vacunas y la confidencialidad de los datos”, contó a NOTICIAS.
Sin embargo, según la explicación oficial, la norma no dejó satisfecho a este laboratorio: “La versión que tenemos es que hubo dos cosas con las que no estuvieron de acuerdo. Por un lado, la ley prevé que las indemnizaciones corren a cargo del Estado argentino siempre y cuando no se demuestre fraude o negligencia de la empresa. Para la oficina de Pfizer, en Estados Unidos, eso fue
insalvable porque consideran que cualquier juez argentino puede determinar negligencia y ellos van a tener que pagar. El otro punto que les hacía ruido tiene que ver con una norma de fondo que tiene nuestro país que impide embargarle al Estado -en caso de que ellos lo necesitaran- una lista larguísima de bienes como por ejemplo, fragatas, hasta glaciares. Eso es más sencillo porque se puede resolver con un seguro de caución, pero lo otro es más complejo. Para nosotros es inviable sacarlo, ¿con qué cara decimos que si el laboratorio es negligente igual vamos a pagar las indemnizaciones desde el Estado?”.
El asunto se terminó de complicar cuando en Argentina se supo que Chile sí había adquirido dosis de Pfizer (que firmó un acuerdo confidencial por el cual no se pueden conocer ni las condiciones ni la cantidad de dosis compradas, según confirmaron los voceros del ministro de Salud chileno, Enrique Paris) y, aunque el Gobierno no esconde el enojo, necesita seguir negociando para tener suficientes vacunas.
El lunes 21, hubo una reunión entre los abogados de Pfizer con autoridades del oficialismo en donde se evaluaron tres alternativas: la posibilidad de que se apruebe una nueva ley -opción inviable para el oficialismo que también se niega a sacar un Decreto de Necesidad y Urgencia-; que se realicen cambios en la reglamentación para poder ofrecer desde la ANMAT una aprobación
de emergencia -opción que se concretó el martes 23; y que se convoque a una conferencia conjunta entre el ministerio y las autoridades del laboratorio para explicar las razones de los obstáculos. Al cierre de esta edición, se esperaba que el asunto
se resolviera. “De lo contrario, que Pfizer explique por qué si Argentina puso a su disposición el Hospital Militar e hizo campaña para que haya voluntarios, ahora no nos quieren vender”, agrega un vocero.
A pesar de estas explicaciones, desde la oposición insisten en que faltan detalles para comprender qué pasó. Carmen Polledo, diputada de Juntos por el Cambio y vicepresidenta de la comisión mencionada, asegura: “A mí también me encantaría saber qué pasó con Pfizer. Hasta donde sabíamos, el texto de la ley incluía todos los requerimientos de los laboratorios. Y después nadie nos explicó por qué se trabó. No quieren venir a darnos respuestas a la Cámara ni desde la ANMAT ni desde el Ministerio”.
Sputnik. La falta de información fehaciente es una acusación constante hacia el oficialismo por parte de un sector de la oposición. En este punto, las especulaciones alrededor de la Sputnik V combinan posiciones ideológicas contrarias a Rusia con las marchas y contramarchas constantes en la comunicación del Gobierno, cuyos errores alimentan la desconfianza. En el caso de la vacuna desarrollada por Gamaleya, todo el proceso estuvo marcado por este tipo de situaciones: la inscripción en la ANMAT del polémico laboratorio HLB Pharma como intermediario entre Argentina y el país de Vladimir Putin que luego, según la Nación, fue desplazado pero que aún continúa en los registros oficiales; la poca claridad acerca de las revistas internacionales en las que se publican los avances científicos rusos; y hasta el comentario poco afortunado del Presidente que dijo querer ser el primero en aplicarse la
vacuna y, horas más tarde, su par ruso ponía en duda la eficacia para personas mayores de 60 años.
En la comunidad científica argentina, todos los expertos consultados por NOTICIAS, tanto los vinculados al oficialismo como otros cercanos al Gobierno de la Ciudad o científicos “independientes” insisten en que no hay sospechas sobre la “calidad” de la vacuna rusa y subrayan el prestigio de Gamaleya. Un funcionario de la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que las declaraciones sobre Putin acerca de la edad lo sorprendieron pero insistió en que “el problema más grande es que estos errores hacen que tengamos que empezar la campaña de vacunación con menos diez de confianza. Y, si la vacuna no es obligatoria, lo que más necesitamos es que la gente acepte vacunarse”.
El plan. Entre los especialistas hay unanimidad en reconocer que la vacuna de Pfizer, por su tecnología, es la que ganó la carrera: no solo fue la primera en ser registrada sino que su eficacia es la más importante. A pesar de que en algún momento se había insistido en que los menos 80 grados que necesita este producto para ser conservado eran un obstáculo insalvable para su uso en países como Argentina, esta información ya fue descartada.
Por estos días, las autoridades se esfuerzan por enmendar los problemas con Pfizer y se aferran a que Rusia cumpla con las fechas pautadas. Los demás laboratorios están lejos de terminar sus desarrollos y recién en marzo podrían estar en condiciones de sacar sus productos al mercado.
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