El miércoles 27, el mismo día que Lula da Silva festejó sus 76 años, la Comisión de Investigación del Senado de Brasil presento ante el fiscal general un informe que acusa al presidente Jair Bolsonaro de nueve delitos, entre los que se incluye crímenes contra la humanidad.
El informe, no solo involucra a al presidente brasilero por sus acciones y omisiones durante la pandemia, sino que también a sus tres hijos parlamentarios y a otras 76 personas, entre ministros, ex funcionarios y empresarios. Estas implicaciones son un fuerte golpe a la alicaída imagen de Jair Bolsonaro que, si bien aún posee poderosos aliados en el Estado, ve como Lula se perfila como un contendiente difícil de vencer en las presidenciales del 2022.
Acusaciones
Luego de seis meses de investigación y casi de 70 audiencias, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que revisó la gestión de la pandemia por parte del gobierno brasileño, voto en forma afirmativa el informe de 1.288 páginas donde se estipulan al presidente brasileño, entre otras personas, una serie de inéditos delitos: crimen de responsabilidad por haber defendido la inmunidad de rebaño sin vacuna, uso irregular de dinero público, crimen contra la humanidad, charlatanismo.
A lo que también se agregan: prevaricato en el fraude de la compra de vacuna Covaxin; delito de epidemia y delito contra norma sanitarias como el no uso del barbijo. A su vez las acusaciones se extienden a la familia del presidente brasileño, siendo también mencionados en el informe el senador Flávio Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro y el concejal Carlos Bolsonaro.
Fuera de la familia Bolsonaro la acusación incluyen al ex jefe de gabinete y actual ministro de Defensa, el general retirado Walter Braga Netto y al gobernador de Amazonas, Wilson Lima. A este último se lo acusa de posibles fraudes en el manejo de la pandemia en su Estado, luego que en la capital estadual de Manaos fuera escenario de hechos dramáticos, donde pacientes morían de COVID19 en sus camas por falta de tanques de oxígeno. Por este último asunto también fue imputado el exministro de Salud, el general retirado Eduardo Pazuello.
La CPI también acuso en su informe, a la empresa de medicina prepaga Prevent Senior de San Pablo, por haber realizado experimentos con pacientes con remedios como cloroquina. La cual fue defendida por el mismo Bolsonaro y el resto de la ultra derecha como un método para crear inmunidad de rebaño sin recurrir a la cuarentena.
En su discurso final, el relator del informe del CPI, el senador Renán Calheiros se refirió al presidente Jair Bolsonaro como un “misionero enloquecido para matar a su propio pueblo” a lo que agrego: “está al lado de estos facinerosos”. Así Bolsonaro se ha convertido en el primer presidente de la historia de Brasil en ser acusado en crímenes contra la humanidad, hecho por el cual la CPI presentara su informe ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la Haya.
Como una particularidad la CPI pidió el día de la aprobación del informe, tanto al fiscal general como al Supremo Tribunal Federal (STF), prohibirle a Bolsonaro el acceso a las redes sociales y quebrar el secreto de las cuentas del mandatario desde abril de 2020. Esto, con el fin de determinar su responsabilidad en la diseminación de noticias falsas sobre COVID19. Como antecedentes días atrás Facebook y YouTube eliminaron un video donde Bolsonaro vinculaba la vacunación contra el COVID19 con la posibilidad de contagiarse HIV.
Amenaza de Lula
En respuesta a las acusaciones de la CPI, Bolsonaro declaró “cualquiera con un poco de criterio sabe que eso fue una payasada” y agregó: “la CPI causó daño, no a mí, que estoy aquí para recibir también (…) Pero para fuera de Brasil, la imagen es pésima. Creen que estamos viviendo una dictadura, que estoy deteniendo a periodistas, que maté a gente en la pandemia del coronavirus”.
Sumado a estas declaraciones, el expresidente de EE.UU. Donald Trump apoyo sorpresivamente al presidente brasileño mediante un comunicado donde declaro “Él lucha duro y ama a la gente de Brasil, (…) Brasil tiene suerte de tener a un hombre como Jair Bolsonaro”.
Mas allá de la gravedad de las acusaciones, la CPI no posee poder para denunciar directamente al presidente brasileño y a los otros acusados en su informe. Siendo que para que Bolsonaro sea acusado formalmente ante la justicia, se requiere el aval del fiscal general Augusto Aras, un conocido aliado del mandatario, quien tiene 30 días para decidir si entabla acciones legales contra el presidente y las presenta ante el STF, o archiva el caso como ya lo ha hecho con otros pedidos de investigación contra Bolsonaro.
En tanto la posibilidad de un impeachment a Bolsonaro, como sucedió con Dilma Roussef y Fernando Collor de Mello es poca, ya que aún posee el apoyo de varias bancadas en el parlamento, sin contar que el impeachment debería pasar por el presidente de la Cámara de diputados, Arthur Lira, también aliado de Bolsonaro. En cuanto a lo que se refiere a la CIJ no es seguro, ya que si bien el estatuto de Roma esta incorporado al derecho brasileño, la CIJ debe declarar antes si la denuncia del senado brasileño es de su competencia, para luego iniciar una larga investigación.
Fuera de la cuestión penal, el mayor impacto ha sido sobre la desgastada imagen de Bolsonaro, donde según una encuesta de la ONG Directorio Legislativo, que recopila encuestas de opinión pública, gestión de gobierno y sanitaria en 18 países de América Latina. Ya en el periodo julio-agosto del 2021 Bolsonaro poseía una imagen negativa del 55% y una imagen positiva del 27%, siendo que otra encuesta más reciente realizada por la firma Datafolha, revela que el índice de aprobación del mandatario es de solo el 22 %, es decir esta en su mínimo histórico.
Sobre este desplome de su imagen, la figura del expresidente Lula Da Silva, a quien le fueron revocadas todas sus condenas penales este año por el STF, no ha parado de crecer, posicionándose como el candidato más competitivo para las elecciones presidenciales del 2022.
De acuerdo a una encuesta realizada también por Datafolha, en una probable segunda vuelta electoral, Lula obtendría un 56% contra el 31% de Jair Bolsonaro. Esta nueva acusación del CPI buscara ser capitalizada políticamente por Lula, quien ya principio de este año tras morir 1.582 personas de COVID19 en un solo día, declaró “no es posible seguir con un gobierno genocida como este”.
Pero aún queda mucho que recorrer de cara a les elecciones en un contexto donde según la OMS, Brasil posee 605.644 muertos por COVID19 y 21.729.763 millones de infectados. A lo que se le suman una economía estancada, con una creciente inflación, un desempleo del 14% y multitudinarias marchas contra Bolsonaro en todo Brasil en los últimos meses. Siendo que, de escapársele la reelección, cosa cada día más probable, Bolsonaro teme que muchas de las causas penales que tiene pendiente finalmente lo alcancen.
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