Mientras Nicolás Maduro comparece este lunes ante una corte federal de Manhattan acusado de narcotráfico y tráfico de armas, Europa asiste —incómoda y fragmentada— al derrumbe final de un consenso que ya venía erosionado: el de la legalidad internacional como límite efectivo al uso de la fuerza por parte de las grandes potencias. La escena judicial en Nueva York y el desconcierto diplomático en Bruselas, París o Berlín no son episodios aislados, sino dos caras de un mismo fenómeno: el tránsito acelerado hacia un orden global donde la legitimidad política se redefine por la capacidad de imponer hechos consumados.
La imagen de Maduro esposado, trasladado por fuerzas especiales estadounidenses tras un operativo militar que dejó al menos 40 muertos en Caracas, condensa una paradoja brutal. Durante años, buena parte de Occidente denunció el carácter autoritario y fraudulento de su régimen, desconoció su legitimidad electoral y avaló sanciones crecientes. Pero el paso que dio ahora Washington —capturarlo en territorio extranjero, bombardear objetivos estratégicos y anunciar que administrará “temporalmente” el país y su industria petrolera— cruza una frontera que el derecho internacional, al menos en teoría, sigue considerando infranqueable.
La acusación presentada por fiscales federales describe a Maduro como el jefe de un “gobierno corrupto e ilegítimo” que habría utilizado el aparato estatal para facilitar el narcotráfico y otras actividades criminales. Los cargos —conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas de guerra— no son nuevos: datan del primer mandato de Donald Trump. La novedad no es jurídica, sino política y militar: por primera vez, Estados Unidos ejecuta una captura de este tipo bajo el argumento de la “autodefensa” frente al narcotráfico, una doctrina que, de aceptarse, vaciaría de contenido las restricciones básicas de la Carta de la ONU.
En Washington, la controversia es abierta. Legisladores demócratas denunciaron que el Ejecutivo eludió al Congreso y violó la War Powers Resolution de 1973, que obliga a consultar y obtener aval legislativo para operaciones militares de envergadura. El propio Trump, que en campaña prometió evitar guerras en el exterior, describió la ofensiva como “un asalto como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial” y no descartó desplegar tropas terrestres. Más aún: anunció que empresas petroleras estadounidenses “arreglarán” la infraestructura venezolana y comenzarán a explotarla. El lenguaje no remite a una operación policial internacional, sino a una ocupación de facto.
Europa, mientras tanto, quedó atrapada en su propia contradicción. Desde 2024, la Unión Europea no reconoce a Maduro como presidente legítimo tras unas elecciones ampliamente cuestionadas. Ese antecedente abre una rendija legal: si Maduro no es jefe de Estado legítimo, podría no gozar de inmunidad soberana ante tribunales estadounidenses, como ocurrió con Manuel Noriega en 1989. Pero esa argumentación —técnicamente sofisticada— no resuelve el problema central: la legalidad del uso de la fuerza para capturarlo.
Las reacciones europeas expusieron una fractura profunda. La italiana Giorgia Meloni, alineada ideológicamente con Trump, calificó la intervención como “defensiva”. En el extremo opuesto, el canciller francés Jean-Noël Barrot fue categórico al señalar que la operación viola el principio de no uso de la fuerza. Entre ambos polos, predominó la ambigüedad: llamados genéricos a una “transición democrática”, apelaciones abstractas al derecho internacional y un notable silencio sobre los métodos empleados.
Esa cautela no es ingenua. Con la guerra en Ucrania todavía abierta y la dependencia europea del respaldo estadounidense intacta, pocos líderes están dispuestos a confrontar abiertamente a Trump. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insistieron en que cualquier solución debe respetar la Carta de la ONU, pero evitaron pronunciarse sobre si ese principio ya fue quebrado. El canciller alemán Friedrich Merz habló de una “evaluación legal compleja”, una fórmula que, en diplomacia, suele equivaler a ganar tiempo.
El trasfondo es más inquietante. Como advirtió la académica Oona Hathaway, si el narcotráfico se convierte en justificación suficiente para intervenir militarmente en otro país, la excepción de la legítima defensa deja de ser excepción y se transforma en regla. Bajo ese criterio, casi ningún Estado periférico estaría a salvo. Hoy es Venezuela; mañana, cualquier país señalado como origen de flujos ilícitos que afecten a una potencia.
El caso Maduro también desnuda los límites del multilateralismo. Durante años, la Corte Penal Internacional investigó crímenes del régimen venezolano sin producir una sola acusación concreta. Las sanciones y los comunicados no lograron una transición negociada. Ese vacío fue ocupado ahora por la acción unilateral más descarnada. Como señaló Nizar El Fakih, el fracaso de las vías multilaterales alimentó la tentación de resolver el problema por la fuerza.
La comparecencia de Maduro en Nueva York, presentada como un triunfo de la justicia, ocurre así en un contexto donde la noción misma de legalidad internacional se deshilacha. Europa lo sabe, pero no logra —o no se anima— a decirlo con claridad, porque esto también desnuda su propio fracaso. Pero elebrar el fin de una dictadura mientras se mira hacia otro lado frente a métodos que socavan el orden jurídico global es una pirueta discursiva difícil de sostener en el tiempo.
Quizás por eso esta escena marque algo más que la caída de un líder autoritario. Señala, también, el entierro de un mundo en el que el derecho pretendía contener al poder. En el nuevo tablero, la ley sigue invocándose, pero cada vez más como retórica posterior a los hechos. Y mientras Maduro se sienta en el banquillo de los acusados, Europa observa cómo el principio que dice defender se convierte, una vez más, en una nota al pie de la historia.
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