La decisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de anunciar que el país dejará de celebrar elecciones presidenciales abrió un nuevo capítulo en el proceso de concentración de poder que el mandatario viene desarrollando desde hace casi dos décadas y provocó una inmediata reacción internacional. El anuncio fue realizado durante el acto por el 47° aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, en Managua, donde el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional sostuvo que la vía electoral dejará de existir como mecanismo para acceder al Gobierno porque, según argumentó, fue utilizada históricamente por fuerzas respaldadas desde el exterior para intentar desestabilizar al país.
Durante su discurso, Ortega fue categórico al afirmar: "Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder". En otro tramo de su intervención añadió: "Los tiempos en que partidos respaldados por los yanquis y los somocistas regresaban al poder se acabaron. Nunca más". Las declaraciones fueron interpretadas como el anuncio político más explícito realizado hasta ahora por el mandatario sobre la eliminación definitiva de cualquier posibilidad de alternancia democrática en Nicaragua, donde el oficialismo controla la Presidencia, el Congreso, la Justicia, las fuerzas de seguridad y el Consejo Supremo Electoral.
La oposición nicaragüense interpretó las declaraciones como la confirmación pública de una realidad que, según sostiene desde hace años, ya existía de hecho. Diversos dirigentes opositores en el exilio afirmaron que el régimen abandonó incluso la apariencia de legitimidad electoral y terminó de reconocer que Nicaragua funciona bajo un sistema de partido único. Para los sectores críticos, el anuncio representa la clausura definitiva de cualquier posibilidad de transición democrática por la vía institucional y constituye una confesión explícita de que el Estado no contempla ninguna alternancia política. Organizaciones opositoras denunciaron además que el país carece actualmente de condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos políticos debido al encarcelamiento de disidentes, el exilio masivo de dirigentes, la censura a la prensa independiente y la inexistencia de organismos electorales imparciales.
Las repercusiones también alcanzaron a México. Consultada durante su conferencia matutina sobre las declaraciones de Ortega, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó formular una condena directa a su par nicaragüense y apeló a la tradicional doctrina mexicana de no intervención. "Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua, y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos", afirmó la mandataria. Ante nuevas preguntas insistió: "Cada país decide, cada pueblo decide". Sus declaraciones generaron críticas de distintos sectores políticos y analistas, quienes cuestionaron la ausencia de una condena explícita frente al anuncio realizado por el mandatario nicaragüense.
El anuncio de Ortega provocó además cuestionamientos de organismos internacionales y gobiernos de distintos países, que advirtieron sobre un nuevo deterioro de la institucionalidad democrática en Nicaragua. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) sostuvo que la decisión formaliza un proceso de desmantelamiento democrático que llevaba años desarrollándose, mientras que diversas voces internacionales señalaron que el país ya no cuenta con mecanismos efectivos para garantizar elecciones libres, competitivas y transparentes.
La decisión representa uno de los movimientos políticos más trascendentes desde el regreso de Ortega al poder en 2007. Aunque numerosos organismos venían denunciando desde hace años que los procesos electorales nicaragüenses carecían de garantías democráticas, la afirmación pública del mandatario de que "no volverá a haber elecciones" supone un cambio cualitativo. De esta manera, el abandono de cualquier compromiso formal con la competencia electoral admite que el sistema político quedará estructurado sin el mecanismo que históricamente permitió la alternancia presidencial.
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