Los macristas y, con matices, otros integrantes de Juntos por el Cambio sueñan con un país que se asemeje a los distritos más opulentos de la Capital Federal en que, para indignación de Cristina y su gente, incluso los helechos y agapantos disfruten de un nivel de vida envidiable. La Argentina ideal de los kirchneristas es muy diferente. Los hay que quieren que se parezca más a La Matanza, una jurisdicción en que siempre les ha sido fácil cosechar toneladas de votos, que al esquivo Barrio Norte porteño, poblado como está por presumidos que son tan congénitamente incapaces de entender el relato salvador que a menudo respaldan a derechistas.
Así, pues, a pesar del mensaje perturbador que insisten en enviarles los encuestadores, los kirchneristas tienen motivos para sentirse satisfechos con lo que han hecho en los años últimos, ya que no cabe duda alguna de que, merced a sus esfuerzos, la Argentina matancera ha logrado avasallar políticamente al resto del país para convertirlo en una colonia del Conurbano bonaerense. Es allá donde están librándose las batallas políticas decisivas y, a menos que se libere del yugo así supuesto, la Argentina no tardará en degenerar en un Estado fallido dominado por narcos y otros delincuentes que se ve regido por políticos groseramente incompetentes que, con insolencia apenas soportable, anteponen sus propios intereses a aquellos de la comunidad.
No es ningún secreto que, para Cristina y compañía, el destino del Conurbano, en especial la municipalidad sobredimensionada de La Matanza, consiste en ser un baluarte inexpugnable, el lugar al que se replegarán si el grueso del electorado nacional comete el error de repudiarlos. En el reducto así supuesto, los líderes de La Cámpora ocuparán cargos clave adecuadamente remunerados y contarán con el apoyo del ejército de militantes que han ubicado en distintas reparticiones del Estado. Tales personajes ya están organizando “la resistencia” que tendrán que enfrentar los usurpadores que, aun cuando consigan desactivar las muchas minas terrestres que encontrarán, tendrán que intentar manejar una economía que en cualquier momento podría desintegrarse. Mal que les pese, no tendrán más alternativa que la de ajustar, de tal modo brindando a los kirchneristas un pretexto inmejorable para lanzar una contraofensiva furibunda destinada a destruir el gobierno que formen.
El Conurbano es el corazón de la Argentina. En él viven más de diez mil personas, o sea, la cuarta parte de la población del país, la mayoría pobre o indigente y, lo que es aún peor, en muchos casos carecen de los atributos necesarios para hacer un aporte positivo a una economía moderna. Generación tras generación se han acostumbrado al desempleo o subempleo, a sobrevivir a lo mejor de changas y, últimamente, de limosnas disfrazadas de planes sociales.
Aunque políticos de todo tipo coinciden en que hay que dar prioridad a la educación de tales marginados del país formal, una proporción significante, que según parece sigue aumentando, permanece funcionalmente analfabeta. ¿Es que aquellos que apenas saben descifrar mensajes escritos se sienten privados de un derecho fundamental, como quisieran hacer pensar los bien intencionados? No hay motivos para creerlo ya que, de ser así, procurarían emular a los pobres de China que están dispuestos a ir a virtualmente cualquier extremo para asegurar que sus hijos reciban una educación adecuada y tratan como ídolos deportivos a los que se destacan en exámenes muy competitivos. Huelga decir que nada así sucede en las partes más deprimidas del conurbano. Puede que haya madres y, si se encuentran, padres que procuren estimular de tal modo a sus hijos, pero se tratará de excepciones.
Si bien hay algunos enclaves del Conurbano que son relativamente desarrollados, otros están tan atrasados que son tierra incógnita para todos salvo un puñado de investigadores intrépidos, ya que hasta la policía no se anima a penetrarlos. Fue gracias a lo difícil que es averiguar lo que está ocurriendo en el conurbano profundo que las autoridades de La Matanza pudieran arreglárselas para inflar el número de habitantes a fin de recibir casi cien mil millones de pesos adicionales en concepto de coparticipación municipal a partir de 2012. ¿Fue una estafa o un error comprensible? Es tanta la confusión que no será fácil llegar a una conclusión convincente.
Qué hacer con el Conurbano es el gran problema nacional. Abandonarlo a su suerte no es una solución. Tampoco lo será continuar inundándolo de dinero recaudado de la minoría productiva del país; podría absorber todo lo disponible como una esponja gigantesca sin que cambiara mucho, si bien, lo que para ciertos militantes kirchneristas sería bueno, terminaría depauperando a los constreñidos a entregarle lo que los activistas más ruidosos están reclamando. Acaso convendría escindirlo de la provincia y tratarlo como una zona de emergencia. Otra estrategia, que, desde el punto de vista de los kirchneristas, tendría su lógica, consistiría en oficializar, por decirlo así, el “AMBA”, el Área Metropolitana de Buenos Aires”, pero por razones evidentes tal propuesta horroriza a quienes llevan la voz cantante en la Capital Federal.
El Conurbano depende de la caridad ajena porque, tal y como están las cosas, no está en condiciones de valerse por sí mismo. Se trata de una realidad dolorosa que plantea un desafío mayúsculo a los resueltos a poner fin al larguísimo proceso de decadencia que ha llevado el país a donde está, lo que a su entender podrían hacer concretando aquellas “reformas estructurales” que, a juicio de virtualmente todos los economistas respetados, serán imprescindibles. Sin embargo, si reducen la cantidad enorme de dinero que el gobierno actual “invierte” en los distritos más pobres, no sólo asestarían un golpe brutal a millones de personas sino que también, con la ayuda vigorosa de los profetas del pobrismo, detonarían un estallido social de consecuencias a buen seguro nefastas, pero si no lo hacen les sería sumamente difícil, acaso imposible, impedir que la economía nacional caiga por el precipicio hacia el cual está deslizándose.
Lo que le sucedió a Sergio Berni cuando procuraba congraciarse con un grupo de colectiveros angustiados por el asesinato, a sangre fría y sin provocación alguna, de un colega en La Matanza sirvió de advertencia a toda la clase política nacional sobre lo podría ocurrirles a sus integrantes si dan un paso en falso. Aunque es sui géneris el perfil de Berni, un médico militar a quien le encanta desempeñar el papel de justiciero machista que, como una deidad mitológica, desciende de un helicóptero para pacificar a los revoltosos, dista de ser el único cuyas promesas facilistas ya no convencen a nadie. Fue golpeado con tanta ferocidad que pudiera haber fallecido porque los colectiveros que protestaban entendían que jugaba con ellos con la esperanza de conseguir algunos beneficios políticos, que no comprendía lo que les había sucedido y no tenía interés en comprenderlo porque, en el fondo, los despreciaba.
De más está decir que, tal sensación, que propende a generalizarse, pone en peligro la hegemonía de los kirchneristas en su propio feudo. En un intento de revertir lo que parece estar en marcha, Berni y el gobernador al que en teoría responde, Axel Kicillof, no pudieron pensar en nada mejor que insinuar que todo, comenzando con el asesinato, fue el resultado de una conspiración vil urdida por Patricia Bullrich que habría ordenado a sus sicarios infiltrar al sindicato de colectiveros con el propósito de enardecerlos. Por supuesto, tanta la acusación apenas velada formulada por Kicillof como el operativo digno de Hollywood que se montó para detener a dos responsables de golpear a Berni fueron tan ridículos que desprestigiaron aún más a los encargados de la provincia más poblada, y más problemática, del país. Hasta Cristina se asustó al ver lo que estaban haciendo dos de sus subalternos más fieles.
Además de mostrar síntomas de pánico frente al episodio truculento protagonizado por Berni, Kicillof, el gurú de cabecera de Cristina cuando se trata de asuntos económicos, se ve perseguido por fantasmas de su propio pasado. Dos jueces, una en Estados Unidos y otro de el Reino Unido, fallaron en contra del Estado nacional por medidas que tomó cuando era el ministro de Economía de Cristina, condenando al país a pagar más de 10 mil millones de dólares. A este monto, Alfonso Prat Gay agrega otros atribuibles a la mala praxis principista de Kicillof, un personaje que, por razones presuntamente ideológicas, se opone a la seguridad jurídica, para llegar a más o menos 40 mil millones de dólares actuales, lo que le parece suficiente como para denunciarlo penalmente, si bien a esta altura sabrá que la inoperancia no suele considerarse un delito aun cuando tenga consecuencias concretas nefastas. Así las cosas, si bien sería de suponer que verse obligado a defenderse contra quienes lo acusan de ser el máximo culpable de la catástrofe que está viviendo el país no ayudará a Kicillof a retener los votos que necesitará para seguir gobernando la provincia, el que los habitantes del Conurbano todopoderoso se hayan acostumbrado a solidarizarse con los responsables de mantenerlos en la miseria hace sospechar que la mayoría pasará tales detalles por alto.
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