OPINIóN | 19-10-2021 11:21

El caso Jones Huala, las tomas de tierras y la inseguridad en el conurbano

El gobierno nacional y su correlato bonaerense, más que instalar un estado ausente, practican un estado en defensa del victimario y nunca de la víctima.

La convivencia entre el Estado argentino, sus habitantes y las comunidades mapuches en la Patagonia es completamente pacífica y no tiene diferencia alguna con la coexistencia ordenada entre distintas comunidades en otras zonas del país. Sin embargo, nada tiene que ver lo que ocurre con grupos violentos encabezados por personajes como Jones Huala, extraditado por el Estado argentino a Chile en 2018, para que cumpla su condena a nueve años de cárcel por un ataque incendiario que destruyó propiedades privadas en el país vecino en el año 2013 y a quien el Embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, intentó proteger pidiendo su libertad condicional.

Las gestiones de Bielsa, claro está, no constituyen una acción individual. De serlo, bien sabe el embajador, correría el riesgo de sufrir como consecuencia directa su inmediata remoción y el inicio de causas penales en su contra, incluso por el delito de traición a la patria. No puede entenderse esa gestión como autónoma del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dirige el flamante Canciller Santiago Cafiero, lo que refleja una línea política del gobierno de Alberto Fernández de utilizar al Estado Nacional para amparar el accionar de organizaciones criminales como la Resistencia Ancestral Mapuche que, en conjunto con su aliada vecina la Coordinadora Arauco Malleco, no adhieren a la Ley de Tierras Originarias de la Argentina, porque no reconocen la soberanía del Estado Argentino.

Perfectamente podría trazarse un paralelismo entre el accionar de la RAM y grupos de la Provincia de Buenos Aires que participan activamente coordinando la toma de tierras, como puede verse en los casos de las tomas de Guernica y de La Plata. El aval del gobierno, ya sea por desconocimiento, falta de acción o connivencia, a personajes como Juan Grabois y otros movimientos sociales anárquicos, muestra un desprecio total por la preservación de la propiedad privada que protege nuestra Constitución Nacional y otorga a delincuentes el poder de tomar las tierras de familias que han trabajado toda su vida para poder adquirirlas o terrenos que pertenecen al Estado Nacional, es decir, a todos los argentinos. Hay allí, evidentemente, un interés por parte del kirchnerismo de cambiar los ejes sobre los cuales se ha fundado la argentina.

Utilizando a la pandemia como excusa, el Gobierno del Presidente Alberto Fernández tomó la inaceptable decisión de liberar a 11.500 presos peligrosos a nivel nacional. Hoy, lamentablemente, no es extraño ver casos de violadores liberados que viven a sólo dos cuadras de sus víctimas en la Provincia de Buenos Aires. Los responsables del alarmante aumento de la inseguridad que observamos en el conurbano bonaerense no son otros que la anterior Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su actual reemplazo, Aníbal Fernández, quienes frecuentan el lado equivocado de la racionalidad en forma constante. Sus acciones no son otra cosa que un mensaje letal hacia las fuerzas de seguridad que las inmoviliza y las paraliza, convirtiéndolas siempre en culpables, cuando la sociedad reclama fuerzas de seguridad que estén para protegerlos y no inmóviles y sin saber cuándo es efectivamente su lugar para actuar.

En línea con esto, hay un dato que asusta: si uno compara los homicidios ocurridos en 2019 con los de 2020, año de la cuarentena feroz impulsada por el gobierno, los mismos aumentaron un 3,8%. Es decir, aún cuando no había nadie en la calle, se perpetuó una cantidad mayor de homicidios. Ni hablar de los casos de violencia de género que se produjeron durante la cuarentena, los cuales aumentaron más de un 35%, mostrando que la cuarentena no sólo no tuvo el más mínimo resultado positivo en materia sanitaria (tenemos uno de los récords más tristes en cuanto a muertos por millón de habitantes por COVID), sino que generó una situación alarmante de agresividad intrafamiliar que han pagado las mujeres en la Argentina.

Hoy todos los delitos están en aumento y lo que es peor, por decisión del Gobierno Nacional, prácticamente no existen estadísticas que permitan tomar decisiones al respecto. Prueba de esto es la decisión del Ministerio de Justicia de la Nación de prohibir a la Justicia que informe a la Dirección Nacional de Reincidencia sobre aquellos delincuentes reincidentes. Al igual que ocurría durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Alberto Fernández volvió a instalar esa medida que había sido revocada durante nuestra gestión al frente del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich entre 2015 y 2019.

Por lo tanto, cuando las fuerzas de seguridad detienen a alguien y lo llevan frente a la Justicia, el juez no puede acceder a la información sobre si ese detenido tiene o no antecedentes penales. En este sentido, nosotros vamos a proponer un Proyecto de Ley vinculado a la Reiterancia que permita que al momento de detener a un delincuente, si este ha sido detenido infraganti con anterioridad, aún cuando no hubiera condena en firme, eso figure en los antecedentes del detenido para poder terminar con la puerta giratoria.

En conclusión, ninguno de estos hechos (el accionar de la RAM en la Patagonia, la toma de tierras en el Conurbano y la inseguridad provocada por la liberación de presos) debe estudiarse en forma aislada, sino que deben ser entendidos como la consecuencia de una política ideológica del kirchnerismo zaffaroniano de ponerse siempre en el lugar del delincuente y nunca en el lugar de la víctima. Necesitamos recuperar, en forma urgente, una política cuerda y coherente, como la que llevamos a cabo en nuestra gestión al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación que dirigió Patricia Bullrich y abandonar cuanto antes esta política demencial que llevan adelante el Presidente de la Nación Alberto Fernández, con Sabina Frederic primero, y Aníbal Fernández en la actualidad.

 

Por Gerardo Milman. Ex Secretario de Gestión Federal de la Seguridad de la Nación y candidato a diputado. 

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