En los demás países son pocos los mandatarios que se formaron en las facultades de Derecho locales, pero en la Argentina casi todos los presidentes de las décadas últimas han sido abogados entrenados para defender con pasión posturas que a menudo ellos mismos no comparten. Como Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y, desde luego, los Kirchner, Alberto es un miembro orgulloso de este gremio que por razones no muy claras domina el mundillo político. Será en parte por tal motivo que desprecia tanto a Mauricio Macri, un ingeniero de mentalidad muy distinta que se las arregló para romper con esta reveladora tradición nacional.
Por ser tantos los juristas en los distintos gobiernos y partidos políticos, sería de suponer que la Argentina se destacaría por encima del resto de países por la voluntad de sus dirigentes de respetar a rajatabla la letra de la ley pero, huelga decirlo, éste dista de ser el caso. Antes bien, abundan los políticos que se adhieren con tenacidad al principio de “hecha la ley, hecha la trampa” y no vacilan en aprovechar sus conocimientos o, por lo menos, los giros retóricos que aprendieron cuando los adquirían, para despistar a sus adversarios. Son expertos consumados en el arte de probar que blanco realmente es negro y de dar a entender que medidas cruelmente reaccionarias, como las elaboradas por la ministra de Seguridad, Sabina Federic, son en verdad muy progresistas. Alberto, que se ha mostrado capaz de argüir a favor o en contra de cualquier iniciativa con elocuencia envidiable, es un ejemplo típico de la especie.
En el conflicto que se ha desatado entre el oficialismo y la Corte Suprema, tanto el bando gubernamental como los constitucionalistas que se le oponen cuentan con arsenales jurídicos bien pertrechados, pero quienes no son abogados entienden muy bien que los argumentos empleados ya para defender al jefe del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, ya para desensillarlo, importan mucho menos que la cuestión de fondo. Todos saben que se trata del eventual compromiso con la legalidad de los miembros más eminentes de la clase dirigente. Necesitan saber si la Argentina que sobreviva a la pandemia será un Estado de derecho, o si será un país en que, como en el salvaje oeste de las películas norteamericanas, rige la ley del coyunturalmente más fuerte. Muchos, demasiados, de los que preferirían a un país en que los gobernantes tienen que subordinarse a las reglas han tirado la toalla; a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia universal, están yéndose.
A esta altura, nadie ignora que lo que más quiere el gobierno de Alberto es liberar a Cristina y sus hijos del riesgo de que, tarde o temprano, terminen en la cárcel por el saqueo de las arcas públicas que, entre otras cosas, permitió que, gracias a sus progenitores, Máximo se transformara en un multimillonario, el más acaudalado de todos los diputados nacionales, por medios que a buen seguro ocasionarían escándalos monumentales en los países escandinavos que el presidente dice admirar; por desgracia, parecería que el amor que afirma sentir por la cultura política de los suecos, noruegos y daneses es sólo platónica.
Para proteger a quienes lo contrataron, Alberto está impulsando una “reforma judicial” que, de prosperar, afectaría a centenares de jueces, privilegiando a los que anteponen el destino personal de los Kirchner a los miserables detalles concretos y perjudicando a los que creen que todos, por populares que algunos sean, deberían someterse a la ley. Al decidir la Corte Suprema hacer uso del “per saltum” para apropiarse de los recursos presentados por tres camaristas federales que participan de causas que involucran a Cristina porque, en palabras de Rosenkrantz, la maniobra autorizada por el Senado que ella maneja a piacere tenía una gravedad institucional “inusitada”, se inició una batalla cuyo desenlace no podrá sino incidir en el porvenir nacional. Pronto sabremos si hay límites al poder de los políticos o si, so pretexto de que el electorado les ha dado un cheque en blanco y que de todos modos ordenar la detención de un personaje como Cristina podría tener repercusiones violentas, pueden mofarse de las reglas básicas que ellos mismos juraron acatar.
Está en juego mucho más que el futuro personal de la vicepresidenta. A menos que el gobierno logre convencer a la ciudadanía de que sus objetivos no son meramente sectoriales, la Argentina tal y como la conocemos correrá peligro de degenerar en un baldío habitado por indigentes. De imponerse los criterios reivindicados por Alberto y los kirchneristas que lo tienen rodeado, no habrá posibilidad alguna de que la economía levante vuelo en los años próximos porque ningún inversor significante, sea local o extranjero, estará dispuesto a arriesgarse en un país en que los gobernantes traten la seguridad jurídica como un concepto “horrible”, como la calificó una encarnación anterior de Axel Kiciloff, y se creen con derecho a llenarse los bolsillos con todo cuanto encuentren a su alcance.
Puede que haya algunos aventureros financieros y potentados del crimen organizado a quienes les gustan la arbitrariedad politizada y la corrupción rampante porque estarían en condiciones de sacar ventaja de las oportunidades así brindadas, pero no habrá suficientes como para aportar los montos inmensos de dinero que el país necesitaría para salir del pozo resbaladizo en que ha caído.
No se equivocan quienes dicen que muy pocos toman en serio la justicia politizada y con frecuencia caprichosa que efectivamente existe y que por lo tanto algunas reformas son necesarias. Sin embargo, lo que el gobierno kirchnerista formalmente encabezado por Alberto tiene en mente sólo serviría para empeorarla. Lejos de querer atenuar los vicios más notorios del sistema jurídico, como la costumbre de archivar causas vinculadas con la corrupción que podrían incomodar a políticos influyentes para que, andando el tiempo, mueran de vejez, parece resuelto a institucionalizarlos.
¿Será capaz la Corte Suprema de Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de frustrar los intentos del Poder Ejecutivo de colonizar el Judicial con el fin de hacer de él un mero apéndice del ocupante de la Casa Rosada o, en el caso actual, de quienes lo manejan?
La respuesta a este interrogante clave dependerá en buena medida de la mitad, tal vez un poco más, de la población que se opone a las aspiraciones autoritarias, para no decir totalitarias, de la facción más vigorosa de la coalición actualmente gobernante que, es evidente, preferiría que el país entero se depauperara por completo a permitir que los delitos por los que su jefa está en apuros sean debidamente investigados y juzgados.
Mientras que en otras partes del mundo (como Malasia, donde el ex primer ministro Najib Razak está entre rejas por robar aún más que lo que se imputa a Cristina, y Corea del Sur, cuya ex presidenta Park Geun-hye fue sentenciada a 22 años de prisión), ex mandatarios que en su momento fueron tan idolatrados como los Kirchner sí se han visto procesados como correspondía, aquí un sector sustancial de la clase política parece convencido de que sería utópico soñar con hacer lo mismo en la Argentina. Es una forma de decirnos que a su juicio el país no está en condiciones de soportar la legalidad y que por lo tanto no le queda más opción que la de aferrarse a la alternativa. Si fuera factible que un juez honesto absolviera a Cristina de los cargos en su contra de manera convincente, todo se haría mucho más fácil pero el que la señora esté procurando desplazar a los magistrados que entienden en las causas que con lentitud extrema están avanzando por los caminos jurídicos significa que es dolorosamente consciente de que ninguno que se precie podría hacerlo.
Como fue de esperar, Alberto y quienes lo rodean atribuyeron la actitud que, para su sorpresa, asumió la Corte Suprema a las infaltables presiones mediáticas y las maniobras maquiavélicas de aquel príncipe de las tinieblas Macri que, según ellos, es el responsable de todos los males habidos y por haber del país. Es una verdad a medias. Sería extraño que los miembros del alto tribunal no prestaran atención alguna al clima político imperante, pero el que cuenten con el apoyo moral de los preocupados por la anomia que a juicio de muchos caracteriza a la sociedad es una realidad que desde su punto de vista ha de ser alentadora. También lo es para el país en su conjunto; por fortuna, son muchos los que se resisten a resignarse a que la Argentina se hunda porque salvarla de la ruina no figure entre las prioridades oficiales. Mal que le pese a Alberto, quienes piensan así continuarán protestando contra lo que ven como un esfuerzo por privarlos de un futuro digno.
¿Son “destituyentes” los que ya se han acostumbrado a salir a la calle y gritar consignas contra la impunidad de los acusados de corrupción en escala industrial, la falta patente de interés del gobierno en la seguridad ciudadana y la eternización de una cuarentena que está teniendo un impacto socioeconómico devastador? Aún no, pero a menos que el presidente modifique drásticamente el rumbo que, instigado por Cristina y sus incondicionales, ha tomado, muchos podrían llegar a la conclusión de que sería mejor que el país contara con un gobierno de unidad nacional liderado por una persona más parecida al Alberto de otros tiempos que a la versión más reciente.
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