La decisión de la Corte Suprema de Justicia de aceptar el recurso de per saltum interpuesto por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli debe ser calificaba como una decisión "saludable". Por más de un motivo.
En primer lugar, porque nuestro máximo tribunal, mediante esta resolución, asume y reivindica su rol institucional como cabeza del Poder Judicial y árbitro final y definitivo (al menos en el ámbito interno) de las disputas en torno a la aplicación e interpretación de la Constitución Nacional. El hecho de que tengamos claro quién ha de resolver un conflicto que escaló muy alto en la consideración pública es un avance nada despreciable.
En segundo lugar, la comentada decisión de la Corte Suprema debería servir para acallar y sosegar un debate que salió del cauce de una controversia jurídica y se convirtió en una disputa política de primer orden. Buena prueba de ello es la innecesaria y temeraria intervención en el debate del presidente de la Nación, con inapropiadas referencias al titular de otro poder, como es el presidente del alto tribunal.
La cuestión de fondo —o sea la validez o invalidez de los traslados dispuestos hace ya bastante tiempo de los mencionados magistrados—, no está resuelta. La resolverá la Corte Suprema dentro de pocos días. Pero ya sabemos que la resolverá quien tiene la potestad de hacerlo de manera definitiva e inapelable.
Por lo expuesto, insisto. La decisión del alto tribunal debe ser recibida con beneplácito; y por supuesto acatada. Esto último implica evitar las especulaciones políticas y, por sobre todas las cosas, dejar que los jueces hagan su trabajo con tranquilidad y sin interferencias ni presiones como las que hemos visto en las últimas semanas.
Lo que sería bueno, para el futuro, es que el Congreso dicte una ley que reglamente los traslados de jueces, como propusimos en 2018 con el diputado Mario Negri (proyecto 1448-D-2018), a fin de evitar discusiones y controversias como la que ha obligado a la Corte Suprema a intervenir del modo comentado.
*Diputado de la Nación y miembro del Consejo de la Magistratura.
por Pablo Tonelli
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