El kirchnerismo tiene una forma definitivamente contraproducente de relacionarse con la Justicia en general y la Corte Suprema en particular. El salvaje lobby sobre el máximo tribunal acaba de conseguir lo opuesto a lo que pretendía: los magistrados dieron lugar al “per saltum” pedido por los tres camaristas desplazados por el oficialismo, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, dos de los cuales ratificaron en el pasado uno de los procesamientos contra Cristina Kirchner en las causas por corrupción que la persiguen. Es decir que esos jueces corridos por el Gobierno ahora volverán a sus puestos hasta que la Corte se expida definitivamente sobre su situación.
El “per saltum” aceptado sorprendió a Alberto Fernández, quien días atrás contribuyó con su granito de arena al apuntarle con nombre y apellido al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, acusándolo de la supuesta conspiración contra el Gobierno y en favor de los camaristas cuya restitución venía reclamando la oposición. Rosekrantz le debe su cargo a Mauricio Macri, al igual que otro de los supremos, Horacio Rosatti, y al igual que los tres camaristas en cuestión que llegaron adonde están por decreto del ex presidente. Sin embargo, al querer presionar y dividir al máximo tribunal, Fernández logró todo lo contrario: abroquelarlos. Tampoco ayudó que Alberto y sus ministros atribuyeran el escrache a Lorenzetti en Rafaela, su pueblo natal, a la militancia macrista, dándole más visibilidad a la maldita grieta justo cuando lo que la Corte necesitaba era calma y bajo perfil. ¿De qué otra forma podría haberse desentendido si no del asunto, como ya hizo poco tiempo atrás, cuando, ante el pedido de licencia que realizaron los tres camaristas, la Corte le devolvió la pelota a Casación y evitó confrontar con el Gobierno? Aun con ese antecedente fresco, la Casa Rosada consiguió ahora lo que parecía imposible: que los supremos, bajo presión extrema y sintiéndose observados, cambiaran de parecer y se involucraran en la suerte de los camaristas.
Y eso que se trata de un tribunal cuyos integrantes tienen, en su mayoría, relación con el actual Presidente: desde Ricardo Lorenzetti hasta Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y el ya mencionado Rosatti, que fue ministro de Justicia en los tiempos de Alberto como jefe de Gabinete. Integrantes de aquella primera Corte K que reemplazó a la “mayoría automática” menemista en los albores del nestorismo, hoy desconfían de Fernández y sobre todo de su socia Cristina Kirchner, la vicepresidenta que, con su criticado proyecto de reforma judicial, otra vez “va por todo”. Y cuando hablamos de “todo”, ellos lo saben, está incluida la Corte.
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