El principio de no injerencia en los asuntos internos de otro país fue dominante desde fines del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Decía que la soberanía de una Nación debía ser respetada por las demás. Esto no sólo regía para los conflictos electorales y las crisis políticas, sino también para los golpes de Estado y las guerras civiles. A comienzos del siglo XX, la Argentina estableció la “Doctrina Drago”, por la cual no se puede usar la fuerza militar contra los estados para el cobro de deudas. Este principio comenzó a cambiar tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Guerra Fría dividió el mundo en dos bloques. La realidad es que Estados Unidos y la Unión Soviética impulsaban respectivas protestas en el otro bloque mientras reprimían las que tenían lugar en el propio.
El mundo es hoy más complejo. El presidente Biden acaba de realizar una gira defendiendo los valores de la democracia frente a las potencias autoritarias como China y Rusia.
El problema de Argentina hoy es que, al mismo tiempo, aplica selectivamente el principio de no intervención, de acuerdo a las relaciones políticas que mantiene con los gobiernos. En los conflictos de los países de centroderecha (Colombia, Chile y Perú) ha aplicado la injerencia, condenando a los gobiernos. En cambio, en los de izquierda (Cuba, Venezuela y Nicaragua) ha hecho lo contrario, planteando la no injerencia para evitar condenas.
La realidad marca que esta ambivalencia tiene un costo. La actitud argentina queda enfrentada con las naciones del mundo occidental, en el que el país se encuentra.
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