Como asegurados por lo general nos acordamos del tema cuando decidimos viajar al exterior con el vehículo, o nos detienen en un control policial o incluso cuando entramos a un barrio cerrado que nos pide como requisito presentar el certificado de cobertura. Para los que tienen empleados, por el seguro de ART obligatorio. Otros, porque padecimos un siniestro, por la relación con el productor asesor de seguros, etc.
Rara vez vemos noticias en medios de comunicación masivos vinculadas con la industria. Por ejemplo: todos recordamos la tragedia de Once, pero ¿cuánto era la suma asegurada del tren? ¿Quién era el asegurador o cuánto se pagó a los damnificados?
Las aseguradoras son los inversores institucionales más grandes del mundo. A grandes rasgos, se trata de un sistema solidario por excelencia, donde todos pagamos para ayudar a quien sufre un siniestro. Sus capitales y reservas técnicas cumplen un rol clave en el funcionamiento de las economías del mundo y en el desarrollo productivo y financiero.
Estamos atravesando una crisis política, económica y social sin precedentes. ¿Y las aseguradoras? Pocos saben que existe un regulador, la Superintendencia de Seguros de la Nación, o que las aseguradoras tienen inversiones gigantescas en títulos públicos y lo que ello implica. Pero en todo caso, ¿cuál es la exposición de las aseguradoras a esos títulos? Preocupante, no solo por el monto, canjes y reperfilamientos, sino porque esto puede afectar a más de una aseguradora al momento de cumplir con sus obligaciones regulatorias y con los asegurados. Sin embargo, ¿hay un mercado de capitales desarrollado para que inviertan en otros productos financieros que aporten a la economía productiva y al empleo?
Volvemos a las preguntas: ¿Qué sabemos sobre los pagos (o no) de los siniestros, del stock de juicios, o de las decisiones de la Justicia que alteran el equilibrio actuarial y en muchos casos los principios más básicos del Derecho? ¿Qué sabemos sobre las coberturas del estado Nacional, Provincial o Municipal y el costo de los intermediarios?
Cuando viajamos por el país, ¿sabe la gente que se venden certificados de cobertura “truchos” en algunos lugares y tal vez en connivencia con la autoridad política? ¿Cuán desprotegidos estamos ante aseguradoras que no cumplen con estándares básicos si nos ocurre un accidente?
Junto a estas realidades penosas, hay muy buenas aseguradoras operando en nuestro país. Tuve el privilegio de ocupar cargos y responsabilidades ejecutivas en la función pública como regulador de la actividad aseguradora. Aprendí a valorar mucho al funcionario público competente y de carrera, tantas veces preso de limitaciones políticas.
También pude conocer cómo operan muchas empresas del sector. ¿Cuáles serían los problemas del sector? La coyuntura económico-financiera que genera problemas operativos, de solvencia (¿o incluso de liquidez?). La inflación, los cálculos de siniestros ocurridos, pero no reportados (IBNR) que impacta en las reservas, un mercado de capitales poco desarrollado y diversificado. El monto máximo de cobertura que pierde valor con relación a la inflación. La Justicia falla por encima de los topes contractuales. Los balances de las compañías aseguradoras que no representan la situación actual y con inversiones valuadas a valor técnico o sub reservadas. La prima que se torna irrisoria porque además las aseguradoras compiten con descuentos dejando de lado el mandato legal de “prima suficiente”. Y el listado podría continuar. Otras cuestiones como el cepo al dólar o la prohibición de importar impactan en disponibilidad y costos de repuestos (seguro automotor) y consecuentemente su operatoria.
Lamentablemente no hay una agenda común entre las empresas del sector en términos de “mejores prácticas”, o propuestas proactivas de políticas públicas. Quien debiera ser el árbitro de esta suerte de “partido” entre asegurador y asegurado, la Superintendencia de Seguros de la Nación, ha perdido personal técnico capacitado, disminuyendo su poder de control sobre temas importantes.
Necesitamos estar protegidos. El asegurado no es un consumidor en el sentido tradicional de la dinámica comercial. Junto con las aseguradoras, cumple un rol ciudadano y solidario al contratar seguros que en algunos casos son obligatorios. Así como los actores privados deben aportar eficiencia, el Estado debe aportar seguridad jurídica. Si se cobran primas es necesario exigir al asegurador que tenga suficiente respaldo de capitales y reservas técnicas, para cubrir eventuales y potenciales siniestros. Por cada póliza que se emite, la exposición a riesgo es mayor.
¿Cuál es el plan para la supervisión de seguros de los próximos años? ¿Cuál es la agenda del seguro como política de estado? ¿Quiénes son los actores dispuestos a no permitir las malas prácticas de ciertas aseguradoras y defender a los funcionarios honestos? ¿Quién representa al sector y los asegurados ante la política? Los problemas del corto plazo no debieran ser una excusa para no encarar propuestas de fondo y estratégicas para el sector. Uno de los próceres que tuvo nuestra Patria, Manuel Belgrano, fue el precursor del seguro como institución jurídica en la Argentina. Qué su visión de país inspire a los que participamos en este sector esencial de nuestra economía.
*Guillermo Plate es director en Infomedia y ex Vice Superintendente de Seguros.
por Guillermo Plate*
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