Jueves 29 de septiembre, 2022

OPINIóN | 03-09-2022 00:57

Una escalada peligrosa

El increscendo que empezó con la causa contra Cristina Kirchner y derivó en los últimos hechos de violencia.

La acusación del fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta precipitó un conflicto político en cinco dimensiones.

Primero, en lo jurídico, fue una acusación contundente, pero que no implica ninguna decisión por sí misma. La sentencia de primera instancia podría estar entre finales del corriente año y los primeros meses del próximo. A su vez, la sentencia de segunda instancia podría estar en 2024, ya en el próximo periodo presidencial. Luego viene una tercera instancia, que es la de la Cámara de Casación, y después la de la Corte, que sería la decisión final, en el periodo presidencial siguiente (2027-2031). Es un largo periodo en el cual muchas cosas pueden pasar y que plantea un panorama incierto. Lo que sí parece claro es que de la acusación de Luciani no puede salir para Cristina Kirchner una situación que le impida ser candidata en 2023. Más allá de la contundencia de la acusación, se abren debates jurídicos como el que planteó el ex senador Miguel Pichetto, líder del sector justicialista que integra Juntos por el Cambio, quien planteó sus dudas de que pueda probarse el rol de Cristina como “jefa de una asociación ilícita”. Las comparaciones del juicio contra Cristina con el de las Juntas Militares de 1985 apuntan a argumentar que el máximo nivel de la administración no puede desconocer lo que hacen sus dependientes. Distintas son las causas por supuestas irregularidades y evasión fiscal, donde una demostración de culpabilidad es más simple, ya que Cristina mantiene abiertas casi una decena de causas, y respecto a alguna de ellas habrá de acá a fin de año resoluciones, aunque no sobre el fondo del asunto.

En segundo lugar, se generó así, a partir del lunes 22 de agosto, una acelerada reactivación de la “polarización” política entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Durante casi dos décadas este ha sido el eje de la política argentina, el que, visto en perspectiva, se ha ido incrementado y no disminuyendo. La reacción frente a la acusación del fiscal Luciani lo acaba de confirmar. El kirchnerismo no se identifica con el peronismo en términos históricos. El general Juan Domingo Perón nunca fue una referencia para Cristina Kirchner y su marido. Ellos prefirieron la identificación política con la continuidad del breve gobierno de Héctor J. Cámpora y el accionar de la organización Montoneros, es decir, identificarse con la insurgencia de izquierda peronista de los años setenta, que se enfrentó en forma violenta con los sindicatos y otras estructuras tradicionales del justicialismo. Frente a la acusación, la vicepresidenta buscó y logró la identificación peronismo-kirchnerismo. Los kirchneristas se movilizaron con rapidez y fervor, mientras que los peronistas “puros” optaron por el silencio. En la oposición se generó una reacción contra la vicepresidenta y un respaldo generalizado al pedido de condena del fiscal. Las diferencias en la apreciación judicial fueron mínimas, como la de Pichetto.

Antes de cumplirse una semana de la acusación, los incidentes que tuvieron lugar frente al domicilio de Cristina precipitaron la división dentro de la oposición. La más relevante fue entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que fue pública y fuerte. La primera cuestionó el repliegue de la policía porteña del domicilio de la vicepresidenta, dispuesto por el Gobierno porteño tras un acuerdo con el kirchnerismo. El segundo la refutó en duros términos, acusándola de ser “funcional” a Cristina. El ex presidente Macri, a su vez, optó por el silencio, eludiendo un respaldo público a Rodríguez Larreta. Dentro del oficialismo porteño también se produjeron divisiones respecto al manejo de la policía, pero que no fueron abiertas. En el radicalismo, el senador Alfredo Cornejo, jefe del interbloque opositor, condenó la movilización kirchnerista en términos similares a los de Patricia Bullrich, mientras que otros sectores del radicalismo optaron por el silencio. Cabe señalar que el interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio pidió el juicio político del presidente Alberto Fernández por sus amenazantes declaraciones respecto a la muerte del fiscal Nisman. Lo hizo con una sola excepción, la del radical Facundo Manes, demostrando así una unidad casi total. En cuanto a Javier Milei, ratificó su estrategia, optando por atacar a ambas partes del conflicto, y en particular al Jefe de Gobierno porteño.

El fallido atentado a la vicepresidenta del jueves 1 de septiembre por la noche evidenció que la escalada podía terminar de la peor manera.

Tercer punto: el conflicto también escaló al plano institucional, enfrentándose los poderes Ejecutivo y Judicial. Ello fue consecuencia directa de la escalada de la polarización política. El presidente Fernández se alineó automáticamente con el cuestionamiento a la Justicia realizado por la vicepresidenta a través de las redes sociales. En la misma línea se manifestaron diversos funcionarios del Ejecutivo, como el canciller y los ministros de Interior y Justicia. Los sectores más radicalizados del kirchnerismo, como el que lidera Luis D’Elía, convocaron a cortar las rutas de todo el país hasta que renuncie la Suprema Corte. Cabe recordar que este dirigente, antes del lunes 22 de agosto, se había transformado en un duro crítico contra la vice. No fue el único cambio en esta dirección en el ámbito del Frente de Todos. El Presidente asumió una crítica a la parcialidad de la Justicia, tomando como manifestación la acusación de Luciani. A ello agregó la comparación de este funcionario con lo sucedido con el fiscal Nisman, de quien dijo que se había suicidado, contrariando lo que manifestó públicamente en 2015, cuando afirmó que había sido asesinado. Tanto la Asociación de Magistrados como la de Fiscales defendieron en forma contundente al fiscal, cuestionando duramente las afirmaciones del Presidente. La oposición en su conjunto acompañó la postura de estas asociaciones y condenó la comparación de los fiscales Luciani y Nisman.

En cuarto lugar, la dinámica del conflicto político e institucional ha bajado al espacio público, evidenciando una escalada peligrosa. Los episodios que tuvieron lugar el sábado 27 de agosto frente al domicilio de Cristina en la Ciudad de Buenos Aires lo pusieron en evidencia. En la mañana de ese día comenzaron movilizaciones de adhesión a la vicepresidenta con distinto grado de organización y espontaneidad. Ninguna de ellas fue masiva o multitudinaria. Otro tanto sucedió en otras partes de la Ciudad, donde los hechos tuvieron alto impacto político por el lugar donde fueron y el rol de los protagonistas políticos. Una marcha hacia el domicilio de la vicepresidenta, cuyos alrededores vienen ocupando sus militantes desde el lunes 22, generó fuertes conflictos. Se dio la paradoja de que el propio ministro del Interior encabezaba la marcha que chocó con la policía porteña. Los incidentes no fueron menores: fueron heridos doce policías y las vallas puestas en torno al domicilio de la vicepresidenta fueron volteadas. La represión con carros hidrantes no dejó heridos y fueron detenidos cuatro manifestantes, que fueron liberados ese mismo día. Un acuerdo entre el Gobierno porteño y el kirchnerismo llevó a que se retirara la policía y que horas después la vicepresidenta hablara desde un escenario improvisado a sus militantes, agradeciendo el apoyo y exhortándolos a que regresen a sus casas, lo que hicieron. Pero el domingo volvieron al lugar, lo que llevó al Gobierno porteño a denunciar un incumplimiento del acuerdo. Mientras tanto, en lo político, Cristina reagrupó a todo el oficialismo detrás de su centralidad política y el ajuste económico del ministro Sergio Massa pasó a un segundo plano, aunque seguramente por poco tiempo.

Quinto punto: aunque menos visible, el conflicto tiene también una cara internacional. Para Cristina, lo que suceda el último domingo de octubre en la segunda vuelta de la elección brasileña será decisivo. Es que buscará presentarse como la versión argentina de los triunfos de Boric en Chile, Petro en Colombia y Lula en Brasil. Es decir, la expresión del retorno del “progresismo” latinoamericano. Ha recibido muestras de solidaridad de los presidentes de México, Colombia, Perú y Bolivia. También del Grupo de Puebla, que integra un conjunto de dirigentes de dicha orientación política, incluida Dilma Rousseff y José Mujica, entre otros. En Europa, han sido solidarios con ella los representantes de la izquierda antiglobalización, como Melenchon en Francia e Iglesias en España. Pero un triunfo de Lula le permitiría también a Cristina presentarse como “víctima” de una manipulación judicial para impedir su candidatura, como le sucediera a Lula cuatro años atrás. En este escenario, una eventual candidatura de la vicepresidenta ganaría lógica política. Pero ella sólo será candidata si tiene posibilidades reales de ganar, lo que no es fácil dada la situación económica.

Concluyendo, la acusación del fiscal Luciani tuvo lugar el lunes 22 de agosto y los incidentes frente a la casa de Cristina sólo cinco días después, el 27. Y el atentado contra ella, cuatro días más tarde. Ello implica que la crisis ha tomado velocidad, cuando todavía faltan 16 meses hasta la elección presidencial y tanto la inflación como la brecha cambiaria resisten a la estabilización que quiere lograr Massa.

 

* Director del Centro de Estudios Unión Para la Nueva Mayoría

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Rosendo Fraga

Rosendo Fraga

Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.

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