El 8 de mayo de 2013, durante una cena formal en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner condecoró al líder venezolano Nicolás Maduro con la Orden del Libertador General San Martín, una de las máximas distinciones que la Argentina otorga a funcionarios extranjeros por su “alto honor y reconocimiento” a la República. En el acto, la mandataria colocó personalmente el collar al líder venezolano y pronunció un discurso sobre la hermandad latinoamericana y el legado de los libertadores, en un gesto que simbolizó el estrecho vínculo entre su gobierno kirchnerista y el chavismo.
El video de ese controvertido evento desarrollado hace 13 años fue viralizado en redes sociales por activistas digitales vinculados al libertarismo. "¿Saben quién fue el ministro de relaciones exteriores que más años ejerció el cargo durante la década kirchnerista? Jorge Taiana, el hoy candidato a diputado del peronismo en la Provincia de Buenos Aires. Durante su gestión, estos eran los aliados de Argentina. A día de hoy se niega a condenar al chavismo.¿Es este el supuesto peronismo renovado?", escribió el usuario tea.party.argentina en su cuenta de Instagram compartiendo la grabación y mencionando de manera equivocada al entonces legislador porteño Taiana como canciller.
La condecoración se produjo pocos meses después de que Maduro asumiera la presidencia en Caracas tras la muerte de Hugo Chávez y en un contexto de fuerte apoyo político argentino al gobierno venezolano. Figuras claves del gabinete de Cristina Kirchner, como el ministro Héctor Timerman y Juan Manuel Abal Medina, avalaron y acompañaron las relaciones bilaterales que permitieron este reconocimiento. El entonces jefe de Gabinete y la plana mayor de la Cancillería no sólo gestionaron la visita, sino que en repetidas oportunidades señalaron la importancia de consolidar alianzas políticas y comerciales con Venezuela en foros regionales.
El otorgamiento de la Orden San Martín a Maduro fue recibido con críticas de sectores de la oposición argentina y organismos de derechos humanos, que cuestionaron el honor a un gobierno ya entonces señalado por violaciones de libertades fundamentales y deterioro institucional en Venezuela. Cuatro años después, en 2017, el gobierno de Mauricio Macri retiró oficialmente la condecoración mediante el decreto 640/2017, argumentando que las acciones del mandatario venezolano eran incompatibles con los valores de la Orden, en especial por la represión en su país y la falta de respeto por los principios democráticos y los derechos humanos.
Más de una década después de aquel gesto diplomático, la figura de Maduro volvió a ocupar los titulares globales tras una operación militar estadounidense en Venezuela a comienzos de este año. Fuerzas especiales de Estados Unidos, incluidas unidades de élite como la Delta Force, llevaron a cabo la llamada Operación Absolute Resolve, que culminó con la captura del presidente venezolano y su traslado a Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial federal.
Este operativo sin precedentes fue presentado por la Casa Blanca como un esfuerzo para combatir redes de narcotráfico y terrorismo internacional, aunque generó amplias críticas por la violación de la soberanía venezolana y el uso de la fuerza contra una nación soberana. Tras su captura, Maduro y su esposa Cilia Flores fueron presentados ante una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York, donde se declararon “no culpables” de los cargos que se les imputan. El proceso judicial marca un momento histórico en el universo diplomático internacional.
Las acusaciones que pesan contra Maduro incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y delitos relacionados con armas, además de señalamientos sobre vínculos con grupos armados como las FARC o redes criminales mexicanas, según documentos judiciales y reportes de prensa. El gobierno de Estados Unidos también ha acusado a su entorno más cercano de participar en actividades de corrupción, conspiración y crímenes graves bajo el paraguas del denominado “sistema de patronazgo” y, en versiones anteriores, como líderes del denominado Cártel de los Soles.
El proceso en Nueva York no sólo desató una crisis diplomática sino que reavivó disputas sobre la legalidad y la legitimidad de la intervención militar. Líderes internacionales y expertos en derecho internacional señalaron que la operación estadounidense podría violar normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas al implicar la captura de un jefe de Estado en ejercicio sin mandato internacional.
En Argentina, figuras políticas vinculadas al kirchnerismo expresaron en redes sociales y comunicados su rechazo al accionar estadounidense, calificándolo de una transgresión grave del derecho internacional La historia de ese reconocimiento de 2013, los funcionarios que lo impulsaron y la controversia que lo acompañó sigue siendo un capítulo relevante en el legado de las relaciones entre Argentina y Venezuela.
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