El filósofo francés del renacimiento Michel de Montaigne decía: “La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo”. Y para los presos no hay nada más preciado que la libertad.
Será por eso, para entender el encierro al que fueron sometidos, que algunos presos K estudiaron filosofía durante su detención: Juan Pablo Schiavi, Amado Boudou y Martín Báez, por ejemplo. Por eso, pero también por el hecho de que con ese beneficio por “estímulo educativo” los días de prisión se les acortaron. Sumaron millas para volver a ser libres.
Tanto que Boudou espera, en su casa de Avellaneda, obtener la libertad condicional. El ex vicepresidente tenía condena firme a 5 años y 10 meses de prisión. Sin embargo, con los cursos que llevó a cabo obtuvo reducciones a la sanción. La última que le otorgó la Cámara de Casación fue de un mes, con lo que alcanzó los dos tercios de la pena y ya no tendrá que volver a pisar Ezeiza. Un negoción.
El mismo que hicieron Schiavi y el mayor de los hijos de Lázaro Báez, pero que también usufructuaron José María Núñez Carmona, José López y Fernando Esteche. Hacer talleres en prisión tiene sus beneficios.
Estudiosos. El 27 de julio de 2011, el Congreso sancionó una ley que modificó la ejecución penal y agregó el concepto de “estímulo educativo”. Un preso que apruebe un curso puede pedir la reducción de su pena por hasta un máximo de 20 meses.
Lo que no podían imaginar en 2011 era que aquel beneficio penal iba a ser usado por muchos de los que, por entonces, eran funcionarios. Como Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte que luego fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión. En noviembre podrá solicitar la libertad condicional, luego de haber realizado 59 cursos.
Schiavi fue un alumno ejemplar de los “estímulos educativos”. Probó de todo: hizo desde clases de ukelele y botánica hasta talleres de elaboración de vinos caseros y de construcción de termotanques solares. Las 2563 horas de cursado le valieron una reducción de 192 días. Nada mal.
Boudou logró que le contabilizaran una diplomatura en “Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas” que hizo desde su casa. Eso, más los cursos que le habían reconocido con anterioridad, le valieron una reducción de 11 meses a su condena. Había hecho talleres de programador de sistema de computadoras, electricista, organización de eventos y Filosofía. El ex vice también está realizando un doctorado en Ciencias Sociales en la UBA, pero como está en proceso no pudo ser considerado para la rebaja.
Beneficiados. El socio del ex vicepresidente, José María Núñez Carmona, también utilizó el programa. El empresario que cumple la condena por la causa Ciccone en su domicilio obtuvo una reducción de la pena de dos meses por realizar cursos de organización de eventos y electricista.
Además de realizar el popular curso de filosofía, Martín Báez se especializó en la producción familiar de huerta, en la construcción de equipamiento a leña y en el taller de “miradas sobre la problemática de la vivienda”. Fue su forma de sumar millas para exigir beneficios.
A José López ya se le cumplieron los dos tercios de la pena, pero no reúne el dinero para pagar la fianza y dejar la casa que ocupa en el penal Marcos Paz como testigo protegido. En sus años de preso común, el ex secretario de Obras Públicas también aprovechó para ir a clases: estudió cursos de reparador de PC, electricista y zapatero. No fue su único entretenimiento: durante dos años fabricó bolsas de papel y recibió un sueldo por eso.
Fernando Esteche también encontró beneficios en el estudio. De hecho, su detención se pareció bastante a un retiro educativo: durante los dos años que estuvo preso por la causa del Memorándum con Irán, cobró casi un millón de pesos de la Universidad Nacional de La Plata, donde había pedido licencia con goce de sueldo. Y mientras estuvo en Marcos Paz, realizó dos estudios de posgrado. El juez Daniel Obligado le dio la máxima reducción posible: 20 meses.
“El estudio es una ventaja en sí mismo que mejora la calidad de vida carcelaria, pero no debería ser permutable por el tiempo de la condena”, asegura la doctora en Filosofía Diana Cohen Agrest, titular de Usina de Justicia. Los ex funcionarios K no lo entienden así: hicieron la ley y se dieron el gusto de usarla después.
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