Ornella Calvete, ex directora nacional en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, intentó despegarse del escándalo conocido como Coimagate al presentar un escrito en el que pidió su sobreseimiento y negó cualquier participación en maniobras irregulares vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En su descargo, Calvete sostuvo que la frase que se volvió central en la investigación —en la que se mencionaba “karinear la comisión” en referencia a un supuesto porcentaje del 3%— fue sacada de contexto. Según explicó, se trató de una "broma privada" en una conversación informal con su padre y no de una alusión real a un pago ilegal o a un esquema de coimas.
La ex funcionaria argumentó que el uso del término “karinear” no tuvo ninguna intención delictiva y que fue interpretado de manera errónea por los investigadores. En ese sentido, remarcó que no mantuvo vínculos comerciales ni gestiones relacionadas con proveedores de la Andis ni con el área de salud, foco principal de la causa.
Otro de los puntos clave de su defensa fue la explicación sobre los cerca de 700 mil dólares encontrados durante un allanamiento realizado en octubre en el departamento donde residía. Calvete aseguró que ese dinero no era suyo y que pertenecía a una empresa en la que su padre figura como accionista. Según su versión, los fondos habrían sido dejados allí antes de que ella se mudara al inmueble.
En el escrito, afirmó que desconocía tanto la existencia como el monto del dinero hallado y que confió en la explicación de su padre respecto de que se trataba de fondos declarados y de origen legal. También negó haber tenido participación societaria o decisiones sobre el manejo de ese capital.
Calvete renunció a su cargo en noviembre de 2025, luego de que se hiciera público el avance de la investigación y el allanamiento en su vivienda. En su presentación judicial, además, expuso aspectos de su vínculo familiar y sostuvo que nunca intervino en operaciones relacionadas con contratos, comisiones ni beneficios económicos vinculados al Estado.
Con estos argumentos, la ex funcionaria busca desligarse de una de las causas de corrupción más resonantes del año y minimizar el peso de los chats y del dinero encontrado como elementos incriminatorios, mientras la investigación judicial continúa en curso.














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