Miguel Ángel Calvete, de 60 años, se perfila como una de las figuras centrales de la causa que implica a Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La Fiscalía lo señala como un operador “para-estatal” cuya influencia excedía el comportamiento típico de un intermediario, ya que aún sin ostentar cargo oficial tenía injerencia directa en la adjudicación de contratos.
Calvete fue concejal por Cambiemos en el partido bonaerense de La Matanza y, como representante de la cámara de supermercados chinos, supo moverse con facilidad entre ámbitos empresariales y políticos.
En su mochila, además, lleva una condena firme: en junio de 2019 un tribunal oral lo sentenció a cuatro años de prisión efectiva por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, tras acreditar que junto a su hermano Alejandro Calvete y otro cómplice habían asignado departamentos en CABA a mujeres para ejercicio del comercio sexual bajo condiciones leoninas.
En la causa ANDIS, también figura que Calvete supuestamente coordinaba pagos y gestionaba cobros para droguerías y firmas proveedoras del organismo, como INDECOMM SRL, Profusión S.A. y Profarma S.A.. En chats incautados, aparece agendado por Diego Spagnuolo con un alias (“Chuen Li”) y hablaba de borrar historiales, bloquear contactos y ocultar registros.
Su hija, Ornella Calvete, fue nombrada en el Gobierno nacional y trabajó en el Ministerio de Economía bajo responsabilidad de la ANDIS. Según su declaración jurada, tenía un patrimonio de apenas US$ 45.000, pero cuatro meses después la Justicia secuestró cerca de US$ 700.000 en su domicilio.
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