El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expuso su plan para evitar que las villas sigan creciendo en la Ciudad de Buenos Aires, con un enfoque que combina control urbano, fiscalización de la política social y eliminación de intermediarios. Según su diagnóstico, los intentos de urbanización aplicados en los últimos años “fracasaron” y terminaron consolidando situaciones de informalidad y pobreza estructural.
Macri cuestionó el modelo que priorizó la expansión territorial de los barrios populares sin resolver problemas de fondo. En ese sentido, sostuvo que una urbanización mal planificada puede incentivar nuevas ocupaciones y generar un impacto negativo también sobre la clase media, al tensionar servicios e infraestructura.
Uno de los ejes centrales del plan es el endurecimiento de los controles sobre los comedores comunitarios, política que derivó en un fuerte cruce con Juan Grabois. Una fiscalización integral realizada por el Gobierno porteño detectó graves irregularidades en el sistema de cobertura alimentaria.
El cruce de datos entre los listados presentados por los comedores hasta noviembre de 2025 y los registros oficiales reveló que figuraban como beneficiarios 454 personas fallecidas, otras con dos o más inmuebles, más de 1.500 con varios automóviles y decenas con ingresos mensuales superiores a los $2 y hasta $5 millones, incluyendo jubilados y monotributistas de categorías altas.
Como resultado, la Ciudad suspendió más de 5.000 raciones que no pudieron ser justificadas y cerró 40 comedores “fantasma”, algunos vinculados al Movimiento Popular La Dignidad, organización relacionada con la UTEP. “El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido”, afirmó Macri, y anunció que las denuncias continúan en curso.
Desde el Ejecutivo porteño aclararon que la asistencia no se recorta, sino que se reorganiza. Actualmente, más de 250.000 personas reciben cobertura alimentaria diaria en la Ciudad. La diferencia, explican, es el nuevo esquema basado en transferencias directas y una aplicación que permite identificar beneficiarios, seguir cada ración y detectar irregularidades en tiempo real.
El ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, sostuvo que la fiscalización permitió reconectar a familias con otros programas sociales y reabrir comedores bajo gestión directa. Para el Gobierno porteño, el objetivo es claro: ordenar la política social para contener la expansión de las villas y redefinir el rol del Estado en los sectores más vulnerables.
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