Más allá de la investigación oficial por el atentado a Cristina Kirchner, muchos dirigentes del oficialismo empezaron a marcar a presuntos autores ideológicos de lo que podría haber sido un magnicidio: uno de los más señalados fue el fiscal Diego Luciani, el funcionario judicial que acusó a la vicepresidenta por la Causa Vialidad.
A pesar de intentar mantenerse al margen de la agenda noticiosa, Luciani sintió el impacto de cada una de las declaraciones que lo responsabilizan del ataque y finalmente explotó: ahora evalúa denunciar a Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, y a cada uno de los dirigentes que lo agravió.
Ataques. “El objetivo (del intento de magnicidio) era deshacerse de la vicepresidenta y yo no puedo dejar de relacionarlo con lo que escuchamos hace poquito de un exponente judicial que también quería erradicarla de la vida política”, dijo en conferencia el gobernador de Buenos Aires. Para el fiscal, esa comparación ameritaría una demanda. Se asesora para saber si es viable realizarla, mientras continúa escuchando los alegatos de los abogados defensores en la Causa Vialidad.
Es que Luciani vive en la provincia de Buenos Aires, por eso teme que algún militante, envalentonado por las palabras del gobernador, pueda realizar un acto violento hacia él o su familia, a quienes les tocó vivir momentos desagradables desde el alegato.
Mientras tanto, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) manifestó una “profunda preocupación” por los dichos del gobernador. “Se ha llegado al extremo de construir una relación de causalidad entre la tarea técnica de los fiscales y el conflicto social”, indicaron en la carta.
Kicillof no fue el único. El senador K José Mayans, cercano a Cristina, pidió que pararan la Causa Vialidad para que “haya paz social”. Y el sindicalista de la CTA Gonzalo Rubiola llamó a “acomodarle los dientes” a Luciani: diputados de la oposición lo denunciaron por “intimidación pública y amenazas”.
De acuerdo al entorno de Luciani, si las demandas que evalúan prosperan, el fiscal no se quedará con lo obtenido. “Vamos a donar todo, no quiero un peso. Sólo que no voy a permitir que me difamen a mí y a mi familia”, les pidió a quienes lo asesoran sobre la factibilidad del juicio.
Por ahora, Luciani cree que no han podido derribar sus argumentos. La fiscalía busca que las ofensas que reciben no hagan mella en el ánimo del equipo y confían en que los jueces del Tribunal Oral Federal 2 no serán permeables a tantas declaraciones que suceden fuera de Comodoro Py, en el mundo de la política, donde todo arde.
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