"A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldo más bajos de todas las fuerzas", posteó Victoria Villarruel, refiriéndose a Luis Petri. La vicepresidenta disparó contra el legislador mendocino por su gestión en el Ministerio de Defensa, a inicios del gobierno libertario, rememorando las imágenes difundidas del ex funcionario vestido de piloto aeronáutico promocionando la compra de los aviones F-16 a Dinamarca.
La respuesta de Petri no se dejo esperar, contestando en cinco palabras: "Yo te conozco por golpista". Durante casi dos años al frente del Ministerio de Defensa de la Nación Argentina, el diputado de LLA acumuló un número creciente de cuestionamientos públicos y de actores internos de las propias Fuerzas Armadas y de sectores vinculados a la seguridad y la defensa. Su gestión, enmarcada en la administración del presidente Javier Milei, fue presentada oficialmente como un intento de “poner en valor” a las fuerzas y modernizar el equipamiento militar.
La compra de los 24 aviones supersónicos F-16 usados a Dinamarca encabezó la agenda mediática y política. Petri viajó a Copenhague en abril de 2024 para firmar la adquisición de los cazas, que el gobierno describió como la adquisición militar más relevante en décadas, por alrededor de 300 millones de dólares, con pagos escalonados a cinco años y apoyo de Estados Unidos para la operación logística y formativa.
Desde la oposición se criticó el uso de recursos de Defensa en una compra considerada costosa para un país con restricciones presupuestarias, en un contexto en el que sectores de las propias fuerzas señalaban deficiencias en equipamiento básico y necesidades operativas no resueltas. También hubo señalamientos sobre el proceso de modernización y operatividad de los F-16, que todavía requieren inversiones adicionales, infraestructura adecuada, soporte logístico y capacitación especializada, con plazos de ejecución que se extienden hasta 2029.
Además, críticos como exjefes militares calificaron la operación como una estrategia más de “marketing” que de política de defensa coherente, subrayando que la situación estructural de las Fuerzas Armadas —con personal que abandona las filas, déficit de mantenimiento y falta de equipamiento para otras áreas— no se corrige únicamente con la compra de aeronaves. En paralelo, el Gobierno amplió el secreto militar sobre contrataciones y obras relacionadas con esta adquisición, medida que generó suspicacias sobre la transparencia del gasto y los detalles de la operación.
El frente salarial constituyó otro punto de fuerte tensión. Aunque Petri prometió equiparar progresivamente los sueldos de las Fuerzas Armadas con los de las fuerzas de seguridad federales, en la práctica esta brecha persistió y llevó a malestar interno. El documento de la Jefatura de Gabinete reveló que miles de efectivos solicitaron la baja voluntaria, en muchos casos atribuido a haberes que quedaron “por debajo de la línea de pobreza” y a la percepción de falta de reconocimiento institucional.
La crisis de IOSFA, la obra social que atiende a militares, gendarmes, prefecturales y sus familias, fue otro centro de controversia. Bajo la conducción del organismo durante la gestión de Petri, la deuda se disparó desde decenas de miles de millones hasta cifras que superan ampliamente los 200 mil millones de pesos, mientras la cobertura de salud y la red de prestadores se deterioraron. Militantes, asociados y dirigentes sindicales denunciaron prestaciones insuficientes, demoras y falta de acceso a tratamientos esenciales, generando protestas de oficiales en actividad y retirados.
Tras dejar el Ministerio de Defensa, el diputado nacional por Mendoza de La Libertad Avanza viene manteniendo una presencia activa en los debates parlamentarios y en las peleas internas de la coalición, incluso con cruces verbales dirigidos a otros ex referentes del oficialismo, como el caso de Villarruel. La fijación contra la vicepresidenta nació en buena parte desde el momento de asumir la cartera de Defensa, un ministerio que la abogada ambicionaba controlar desde el minuto cero del gobierno libertario.
La segunda en la linea sucesoria presidencial, por su parte, consolidó un espacio propio con interlocución directa con cuadros militares retirados y asociaciones vinculadas al ámbito de la defensa. El enfrentamiento no llegó a ruptura formal, pero dejó expuesta una puja de liderazgo sobre quién representa mejor la agenda castrense dentro del gobierno y evidenció que la política de defensa se convirtió en un terreno de disputa interna, más allá de la línea oficial del Ejecutivo.
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