"Quiero terminar con un pedido concreto al Senado de la Nación y, muy especialmente, a la senadora Patricia Bullrich, con quien tanto hemos luchado por una Justicia independiente: que no se aprueben más pliegos de jueces hasta que el Consejo de la Magistratura apruebe el artículo 92 del reglamento propuesto por la Corte Suprema, estableciendo un límite objetivo al peso de la entrevista personal", tuiteó Esteban Bullrich en su cuenta de X. Junto al mensaje, el ex senador macrista compartió su nota de opinión publicada en La Nación sobre el tema de las propuestas de nombramientos a jueces por parte del Poder Ejecutivo.
Una vez más, la Justicia se convirtió en uno de los nuevos escenarios de disputa política entre el Gobierno de Javier Milei y el Senado. El Poder Ejecutivo aceleró durante los últimos meses el proceso para cubrir una parte de las numerosas vacantes existentes en los tribunales nacionales y federales y, desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, elevó al Senado 203 pliegos judiciales. La cifra comprende 144 candidatos a jueces, 26 fiscales, 25 defensores oficiales y cuatro listas de conjueces, además de otros cuatro acuerdos de magistrados, según los datos difundidos por el propio Gobierno. Para la Casa Rosada se trata de un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.
El volumen de postulaciones busca responder a un problema estructural del Poder Judicial: existen más de 300 cargos vacantes y una proporción significativa de los tribunales funciona desde hace años con subrogancias, suplencias o magistrados que deben asumir temporalmente responsabilidades que corresponden a cargos permanentes. Según relevamientos difundidos durante el año, alrededor del 36,5% de los cargos de la Justicia nacional y federal se encontraba vacante, una situación que afecta especialmente a fueros sensibles y que demora la resolución de expedientes.
La explicación oficial es que cubrir las vacantes permitirá reducir la sobrecarga de los juzgados, acelerar los procesos y otorgar mayor previsibilidad al funcionamiento del sistema. Mahiques destacó que la cantidad de postulaciones constituye un hecho inédito y sostuvo que la intención es avanzar en la reconstrucción de un sistema judicial que funcione de manera más eficiente. Sin embargo, la discusión política no pasa únicamente por la cantidad de cargos que se pretende cubrir, sino por quiénes son los candidatos, sus antecedentes, sus vínculos con distintos sectores de la Justicia y, especialmente, el mecanismo mediante el cual el Poder Ejecutivo selecciona a quienes luego deben obtener el acuerdo del Senado.
El Senado comenzó a darle tratamiento a los postulantes a través de la Comisión de Acuerdos, que durante agosto estableció un cronograma extraordinario de audiencias. En las primeras jornadas fueron recibidos candidatos para distintos cargos y la actividad continuará con nuevas tandas de postulantes. El objetivo es que cada candidato pueda responder preguntas de los senadores y que la sociedad pueda presentar observaciones antes de que los pliegos lleguen al recinto. El propio reglamento de la Cámara alta contempla un período para que los ciudadanos puedan formular objeciones respecto de los candidatos
A esto se suma la discusión generada por otros candidatos que tienen vínculos familiares o profesionales con integrantes del Poder Judicial. En junio, el Senado aprobó 74 pliegos, entre ellos postulaciones que despertaron cuestionamientos por sus relaciones con magistrados y funcionarios judiciales. La magnitud del proceso también generó una discusión sobre la velocidad con la que el Ejecutivo pretende avanzar. El envío de 203 postulaciones en pocos meses constituye una operación institucional de gran escala. El Gobierno sostiene que está intentando resolver una deuda acumulada durante años, mientras que sus críticos advierten que la cobertura masiva de vacantes no debería convertirse en una oportunidad para construir una Justicia políticamente alineada con el oficialismo.
En ese contexto adquiere especial relevancia la columna publicada por Esteban Bullrich en La nación, titulada “Una injusticia a la Justicia”. El exsenador y exministro de Educación no plantea el debate desde la oposición partidaria al Gobierno, sino desde una crítica más amplia al sistema de selección de magistrados y al papel que debería desempeñar el Consejo de la Magistratura. Su argumento central es que la reforma constitucional de 1994 creó ese organismo precisamente para reducir la influencia de la política partidaria en la designación y remoción de jueces, pero que, más de tres décadas después, ese objetivo continúa sin cumplirse plenamente.
Bullrich advierte que el problema no consiste simplemente en cubrir vacantes, sino en garantizar que el procedimiento mediante el cual se eligen los jueces reduzca la discrecionalidad política. En uno de los pasajes centrales de su columna sostiene: “No se trata de paralizar la Justicia”, sino de evitar procedimientos que dejen “una puerta demasiado grande” a la discrecionalidad y a los acuerdos políticos. La preocupación del exsenador apunta así al corazón del debate que acompaña al actual proceso de designación. La Argentina necesita jueces para que los tribunales puedan funcionar, pero la urgencia por completar las vacantes no debería, según esta mirada, ser utilizada como argumento para flexibilizar los estándares de independencia y transparencia.
“La independencia judicial no puede ser una bandera que levantamos solamente cuando nos conviene”, escribió Bullrich, para luego plantear que la defensa de ese principio debe sostenerse “siempre, gobierne quien gobierne”. La definición resulta especialmente significativa porque el ex legislador conoce desde adentro el funcionamiento del Senado. El artículo también reivindica la función original del Consejo de la Magistratura. La reforma constitucional de 1994 buscó introducir un mecanismo destinado a limitar la intervención directa de los gobiernos en la selección de magistrados. La idea era que los jueces no fueran elegidos exclusivamente como consecuencia de acuerdos entre dirigentes políticos, sino a partir de un procedimiento que incorporara antecedentes, concursos, evaluación técnica y participación de distintos sectores.
La controversia, por lo tanto, excede ampliamente una discusión administrativa sobre la necesidad de completar vacantes. Lo que está en juego es el diseño futuro del Poder Judicial. El Gobierno busca avanzar con una cantidad inédita de postulaciones y presenta la operación como una forma de terminar con años de cargos vacantes. El Senado, mientras tanto, debe ejercer su función constitucional de evaluar cada candidatura y decidir si presta o no acuerdo.
La advertencia de Bullrich introduce una tercera dimensión en esa discusión: la necesidad de que el proceso no sea evaluado únicamente por la cantidad de jueces que logre nombrar, sino también por la calidad institucional del mecanismo utilizado para seleccionarlos. Su conclusión es contundente: “Sin Justicia independiente no hay división de poderes. Sin Justicia eficaz no hay seguridad jurídica”.
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