"Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen. Anoche ante una alerta al 911, personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga. Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina. Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir, y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo. Nuestra ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos", escribió el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en su cuenta de X.
Los detenidos por la Policía de la Ciudad resultaron ser dos ciudadanos chilenos y uno colombiano, quienes antes de ser apresado, descartaron una bolsa que contenía con catorce celulares, que fueron recuperados y serán periciados. Desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), siguieron la huída de los padrones e informaron al personal policial: se sumó personal de la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3), que detuvieron al tercer delincuente en Bartolomé Mitre y Ecuador.
La norma a la que Macri hace referencia es el Decreto 70 de su primo Mauricio, que en enero de 2017 modificó la Ley de Migraciones, y marca que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”. En esa línea, se instituyó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para rechazar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros.
Amparado en el largo devenir de la justicia local y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario, que llegó al 33%, el decreto buscaba expulsar rápidamente a los extranjeros y liberar cupo en las prisiones argentinas ya saturadas. Y alcanzaba a los “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”. Mientras que la prohibición de ingreso alcanzaba a quienes tenían antecedentes en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.
Dicho decreto macrista fue derogado por Alberto Fernández en 2021 sosteniendo que sus lineamientos “resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
por R.N.
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