"Yo no me animaría a contar la historia 25 veces dada vuelta. Como los Kirchner, que bancaron a los milicos en su momento. Eran abogados de la 1050 y un día aparecieron campeones de los derechos humanos",manifestó Luis Majul en su editorial televisivo de su programa de La Nación+. El periodista disparó contra los ex presidentes peronistas, recordando a la pareja dirigencial cuando ejercían su profesión de abogados, llamándolos "farsantes".
Durante los años de la última dictadura cívico-militar argentina, iniciada el 24 de marzo de 1976 bajo el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, la trayectoria política de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se desarrolló en un escenario signado por la represión estatal, la proscripción de la actividad política y la persecución de militantes. En ese contexto, ambos eran jóvenes abogados egresados de la Universidad Nacional de La Plata y militantes de la Juventud Universitaria Peronista durante los primeros años de la década de 1970, etapa previa al golpe, en la que se vincularon con sectores del peronismo de orientación nacional y popular.
Tras el golpe militar, que instauró un sistema de terrorismo de Estado responsable de miles de desapariciones forzadas, detenciones ilegales y centros clandestinos de detención, la actividad política quedó severamente restringida. Los Kirchner se radicaron en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, donde ejercieron la abogacía. Diversas investigaciones históricas coinciden en que durante ese período no ocuparon cargos partidarios relevantes ni desarrollaron una militancia pública activa, en gran medida debido al contexto represivo que afectó al conjunto del sistema político argentino.
En esos años, ambos desarrollaban su actividad profesional como abogados en la provincia de Santa Cruz y participaron en operaciones inmobiliarias y financieras en un contexto económico signado por esa normativa. Algunos autores sostienen que habrían intervenido en la compra de propiedades o en la gestión de deudas de terceros afectados por la 1050, aunque no existe consenso pleno ni documentación judicial que establezca irregularidades o responsabilidades penales derivadas de esas actividades. Incluso, desde el propio kirchnerismo se ha argumentado que dichas operaciones se inscribieron dentro de prácticas legales habituales en un mercado distorsionado por la política económica de la dictadura, y que no implicaron un vínculo político o ideológico con el régimen militar ni con sus decisiones financieras.
El régimen militar, encabezado inicialmente por Jorge Rafael Videla, se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983, dejando un saldo de de miles de desaparecidos según organismos de derechos humanos. La transición democrática iniciada con la asunción de Raúl Alfonsín impulsó el histórico Juicio a las Juntas, cuya sentencia fue dictada el 9 de diciembre de 1985 tras un proceso iniciado el 22 de abril de ese mismo año. Sin embargo, durante los años siguientes se sancionaron las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que limitaron el avance judicial contra los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Fue recién con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, el 25 de mayo de 2003, cuando se produjo un giro decisivo en la política de derechos humanos en Argentina. Desde el inicio de su mandato, Kirchner impulsó una agenda orientada a la “memoria, verdad y justicia”, que incluyó medidas concretas de fuerte impacto institucional y simbólico. En agosto de 2003, el Congreso Nacional declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lo que permitió reabrir las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Esta decisión fue posteriormente convalidada por la Corte Suprema de Justicia en 2005, habilitando la reapertura masiva de juicios.
El 24 de marzo de 2004, al cumplirse 28 años del golpe, Kirchner encabezó un acto en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de detención, donde pidió perdón en nombre del Estado por las omisiones de las décadas anteriores y dispuso la creación del Espacio para la Memoria. Ese mismo día ordenó retirar los retratos de los dictadores Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar, en un gesto que buscó marcar una ruptura con el pasado de impunidad.
A partir de la anulación de las leyes de impunidad, se reactivaron los procesos judiciales en todo el país. Según datos recientes, desde 2006 se han dictado más de 1.200 condenas por delitos de lesa humanidad, con centenares de represores encarcelados. Entre los casos emblemáticos se encuentran las condenas al ex comisario Miguel Etchecolatz (sentenciado en 2006) y al capellán Christian Von Wernich (condenado el 9 de octubre de 2007 a prisión perpetua).
Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), esta política se profundizó y consolidó como política de Estado. Se continuaron los juicios, se ampliaron las investigaciones a nuevas áreas —como la complicidad civil y empresarial— y se fortaleció el rol de los organismos de derechos humanos. El proceso iniciado en 2003 posicionó a Argentina como un caso internacional de justicia transicional, basado en el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado dentro del marco institucional democrático.
De este modo, aunque durante la dictadura la participación política de Néstor y Cristina Kirchner estuvo limitada por las condiciones represivas del régimen, su posterior accionar desde el Estado implicó un cambio estructural en la relación entre el sistema político argentino y el pasado dictatorial, estableciendo una política activa de enjuiciamiento a los responsables y de construcción de memoria colectiva que perdura hasta la actualidad.
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