La denuncia por las compras de alimentos destinadas a la Quinta Presidencial de Olivos escaló durante los últimos días hasta convertirse en uno de los conflictos más singulares que atravesó el gobierno de Javier Milei. Bautizado en distintos medios como “el escándalo de las carnes en Olivos”, comenzó con una serie de notas de Perfil que motivaron una presentación judicial de la diputada nacional Marcela Pagano por presuntas irregularidades en licitaciones de alimentos y terminó derivando en una reestructuración completa de la residencia presidencial, el despido de gran parte del personal civil y un endurecimiento sin precedentes de la seguridad presidencial, que el propio Presidente resumió en el ciclo de Luis Majul por La Nación + con la frase: “Hoy Olivos es una base militar. Tengo enemigos pesados en la Argentina y en el mundo.”
La investigación impulsada por Pagano se basó en el análisis de pliegos de contratación publicados por la Secretaría General de la Presidencia. Según la legisladora, la documentación mostraba compras de alimentos cuyos volúmenes resultaban incompatibles con el consumo habitual de la Casa Rosada y de la Quinta de Olivos. El punto que generó mayor impacto fue la licitación para adquirir 29.505 kilos de carne para un período de seis meses, de los cuales 9.135 kilos estaban destinados exclusivamente a la residencia presidencial de Olivos. La diputada sostuvo que esos números no “cerraban” y planteó interrogantes sobre el destino de esa mercadería, además de señalar diferencias llamativas en otras compras de productos como harina, dulce de leche, mostaza, bananas y distintos insumos gastronómicos.
La legisladora apuntó especialmente contra la exsubsecretaria de Planificación General de la Presidencia, María Belén Agudiez, y contra personas de su entorno familiar, a quienes relacionó con un servicio privado de catering que, según su denuncia, habría sido beneficiado con contrataciones y utilización de alimentos adquiridos con fondos públicos. Pagano aseguró que “el 60 por ciento de los alimentos que se compraban iban a la mano derecha de Karina Milei y eran utilizados por personal contratado del Estado para ese catering familiar”. Por el momento, esas afirmaciones forman parte de una denuncia judicial y no constituyen hechos probados.
Mientras las denuncias tomaban estado público, el Gobierno anunció una decisión que modificó por completo el funcionamiento de Olivos. La Casa Rosada informó el despido de la mayor parte del personal civil que administraba la residencia presidencial y comunicó que esas funciones pasarían a depender de la Casa Militar, organismo encargado históricamente de la custodia del Presidente. El argumento oficial fue reforzar la seguridad de la Quinta “en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global” y por razones vinculadas a la protección presidencial.
La reestructuración incluyó cambios en la administración de ingresos y egresos de proveedores, controles sobre alimentos, bebidas y mercadería, restricciones para visitantes, revisión de accesos y un esquema mucho más estricto de circulación dentro del predio. También trascendió que se instalaron nuevos puestos de vigilancia, se incrementó la presencia de efectivos y se redujo el número de personas autorizadas para ingresar a sectores sensibles de la residencia presidencial.
Las medidas generaron un fuerte debate porque distintos periodistas interpretaron que la reorganización era consecuencia directa de la filtración de información sobre las compras de alimentos y del acceso que tenía el personal despedido a documentación interna de Olivos. En una entrevista radial para Radio con Vos, Pagano también se refirió al costado esotérico del Presidente y su hermana Karina y sostuvo: “Hay unos rituales que se hacen dentro de Olivos. Belén Agudiez, tengo entendido, practicaba la religión umbanda y que se hacían rituales, sobre todo en lunas llenas”. Luego agregó una de las afirmaciones que más repercusión generó: “Hay un freezer que está destinado a congelar nombres, apellidos, direcciones y DNI de personas que le molestarían a Karina Milei”. Curiosamente, la diputada mencionó que uno de esos nombres frizados corresponde a la legisladora Lilia Lemoine de La Libertad Avanza, su archirrival en el Congreso.
La diputada del Bloque Coherencia aclaró que ella no cree en esas prácticas, pero afirmó haber recibido esa información de personas que, según dijo, trabajaban o conocían el funcionamiento interno de la residencia y continuó diciendo: “Yo en esas cosas no creo, pero sí te puedo decir que hay robos y hay rituales”. También sostuvo que la información provenía de personas que habrían trabajado en la Quinta de Olivos y relacionó esos supuestos rituales con el clima interno que, según ella, existía alrededor de la Secretaría General de la Presidencia.
Cabe aclarar que los dichos sobre rituales umbanda y “nombres congelados” no fueron acompañadas por pruebas públicas ni por documentación presentada en la causa judicial de "las carnes de Olivos" hasta el momento. En paralelo, la salida de María Belén Agudiez de la Subsecretaría de Planificación General alimentó nuevas especulaciones. Su renuncia fue aceptada mediante decreto con vigencia desde el 20 de septiembre y coincidió temporalmente con la reorganización administrativa de Olivos y con la militarización de la residencia presidencial.
De esa manera, el “escándalo de las carnes en Olivos” pasó de ser una discusión sobre licitaciones de alimentos a convertirse en una nueva crisis en el corazón del Ejecutivo que combinó denuncias judiciales por presuntas compras irregulares, cambios en la administración de la residencia presidencial, despidos de personal civil, el traspaso del control de Olivos a la Casa Militar y el endurecimiento del esquema de seguridad presidencial.
También te puede interesar
Galería de imágenes
Comentarios