Las denuncias cruzadas acerca de las vacunas compradas y no utilizadas por los sucesivos gobiernos era, hasta hora, un pase de facturas mediático. Pero la diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, adelantó que lo llevará a la Justicia.
La legisladora realizará una presentación para que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas estudie a fondo el convenio de compra de vacunas a laboratorios, ya que el 40 por ciento de las dosis compradas no se aplicaron.
Ocaña advirtió que “las cantidades comparadas por el Estado Nacional siempre resultaron superiores a la distribuidas/notificadas, con lo cual en un principio parecería que los estudios epidemiológicos resultaron imprecisos y que se compró de más sin fundamento alguno, lo cual lleva a pensar en una falta de transparencia en la gestión de compra”.
En ese sentido, señaló además que “desde el 2010 hasta el 2018 se compraron aproximadamente 80 millones de dosis de las cuales, efectivamente, se colocaron 48 millones. De estas cifras se desprende que prácticamente un 40% de las dosis adquiridas por el Estado Nacional no llegó a ser aplicada para inmunizar a la población”.
Asimismo, la legisladora nacional realizó un pedido de informes al Gobierno para que indique cuáles son los laboratorios que se encuentran realizando ensayos clínicos de aplicación de la vacuna contra el Covid 19 y si existe algún convenio realizado entre el Estado y los laboratorios AstraZeneca y mAbxience en conjunto con la Fundación Slim y el Grupo Insud donde el Estado se comprometa a comprar las vacunas y, de ser así, se indique el plazo de duración, monto de las vacunas comprometidas y el monto monetario acordado.
El escrito también consulta sobre si se prevé la firma oficial de un convenido con la Federación Rusa o con la República Popular China para adquirir vacunas que se desarrollaron y patentaron en esos países.
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