Hay frases y preguntas que funcionan como eslóganes de época. Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, ensayó una de ellas en una entrevista con Julia Mengolini: ante la pregunta de por qué “no hay ricos buenos”, respondió que lo que a él le preocupaba era “por qué hay tantos ricos”. La frase condensa una cosmovisión incómoda: la riqueza como sospecha estructural, la acumulación como síntoma de injusticia, el capital como antesala del delito.
Pero el problema no es la discusión filosófica. El problema es el mensajero.
Zaffaroni no es un académico marginal. Fue propuesto por Néstor Kirchner para integrar la Corte Suprema en 2003, en el marco de la renovación post-Nazareno. Entonces, su declaración jurada dio cuenta de 10 propiedades —cinco monoambientes alquilados en Buenos Aires y departamentos en Madrid y Costa Rica—, además de estar en trámite sucesorio por otros ocho inmuebles, de los cuales le correspondía el 50%. También declaró cuatro cuentas bancarias, incluida una en el Credit Suisse, abierta en 1986, con cerca de 10.000 euros.
En aquel momento decidió no calcular el valor total de su patrimonio porque —argumentó— el mercado inmobiliario es “variable”. Tampoco quiso dar detalle de sus clientes como abogado penalista, para no afectar a personas absueltas. Transparencia administrada: lo suficiente para decir “miren”, no tanto como para que miren de verdad.
Una corte prostibularia
Años después, su discurso antioligárquico conviviría con una realidad más incómoda: en al menos cinco (y luego seis) departamentos de su propiedad funcionaron prostíbulos. La denuncia inicial la impulsó la ONG La Alameda en 2011. Los inmuebles estaban a su nombre. Él admitió la titularidad, pero sostuvo que desconocía lo que ocurría en ellos porque la administración estaba delegada en su apoderado, Ricardo “Richard” Montivero.
La investigación periodística le agregó a ese “no sabía” un problema: no eran rumores abstractos, sino direcciones, teléfonos, expensas, consorcios y quejas. NOTICIAS, en una investigación firmada por Edi Zunino, enumeró domicilios y describió la mecánica del circuito. El caso estalló con un monoambiente de Vicente López 2217 (Recoleta): se ofrecían “servicios” a 120 pesos la hora, atendían tres chicas, y el lugar se alquilaba —según la investigación— a través de la inmobiliaria “Juan Calvo”, que además no estaba habilitada. No es un detalle menor: cuando el negocio es opaco, los intermediarios importan.
El segundo punto fue Marcelo T. de Alvear 1906, 9° “A”: los vecinos llegaron a pegar un volante en el ascensor pidiendo “no seguir facilitando la circulación de gente ajena al edificio” que iba al “prostíbulo del piso 9”. El tercer caso, Bacacay 3112, 6° “B”, también con propiedad y expensas a su nombre. La Alameda denunció que el consorcio intentó resolverlo hablando con la misma inmobiliaria “Juan Calvo” y que apareció en escena el nombre de Montivero como interlocutor, sin resultados. En ese departamento, el teléfono figuraba a nombre de Marcia González (conocida como “Dora” o “Dorita”), otra pieza recurrente en el expediente público.
El cuarto domicilio fue Pasaje Luis Dellepiane 668, 3° “8”, con un dato aún más corrosivo: el problema venía desde 2008, con travestis, denuncias por daños y mediaciones. Un abogado que representó a vecinos relató una frase que, en términos institucionales, es dinamita: “No saben con quién se están metiendo; el dueño es Montivero. Y Montivero es Zaffaroni”. En 2009 volvió a reabrirse, lo cerraron; y a comienzos de 2011 se montó otra vez, con denuncias en fiscalías y el nombre de Montivero como apuntado.
Y estaba el quinto: Paraguay 877, con contradicciones entre unidades “A” y “B”, teléfonos publicados en portales, y vecinos deslizando que el prostíbulo habría ocupado ambas. En paralelo, mientras la tesis oficial decía “me supera”, la evidencia cotidiana decía “suben y bajan desconocidos a toda hora”.
La explicación de Zaffaroni fue casi literaria: “Si después de 40 años enseñando criminología decidiera cometer un ilícito, ¿lo haría en un inmueble a mi nombre?”. No pedía que lo consideraran honesto; pedía que no lo creyeran idiota, aunque reconocía que el caso lo había afectado “a nivel ético”. El problema de esa defensa es que, cuando uno ocupa un sillón en la Corte, el estándar no es “no soy idiota”: es “soy responsable”.
Escándalo sin consecuencias
Puertas adentro del tribunal tampoco fue un día más. NOTICIAS describió un apoyo tibio del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que habló de “cuestión personal” y pidió “explicaciones”. Y mencionó malestar interno por el manejo mediático del escándalo y por responder sin coordinar con el resto del cuerpo, como si el problema fuera apenas un traspié de comunicación y no un golpe al prestigio institucional.
La investigación derivó en una causa penal por violación a la ley de profilaxis. En 2013, Montivero asumió la responsabilidad como administrador y pagó una multa de 10.000 pesos. El juez declaró extinguida la acción penal. Sin antecedentes, multa mínima, expediente cerrado. Zaffaroni quedó sobreseído. En otras palabras: un escándalo con nombre, dirección y expensas terminó en la Argentina como terminan demasiadas cosas: con una sanción que no sanciona.
Es difícil no advertir la ironía: mientras denunciaba al “poder punitivo” y a las “fuerzas oligárquicas financieras mundiales” que, según él, buscan nuevas masacres, en sus propiedades se explotaba —al menos comercialmente— una actividad que el propio Papa Francisco definió como una “desfiguración de la dignidad humana”. Aun así, en 2023 el Papa Francisco lo designó miembro de la junta académica fundadora del Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas. Amigos son los amigos.
La historia tuvo un epílogo sombrío. En febrero de 2024, Ricardo Montivero fue hallado muerto en la bañera de la casa de Zaffaroni, en Flores. El ex juez declaró que vivían juntos y lo definió como su “amigo íntimo”. La muerte fue atribuida a causas naturales. No hubo signos de criminalidad. El apoderado que había asumido la culpa, pagado la multa y cerrado la causa murió en el domicilio del magistrado. La trama no necesita más explicaciones: necesita memoria.
La doble moral zaffaroniana
Volvamos a la frase original: “Me preocupa que haya tantos ricos”. Zaffaroni ha sostenido durante años que la pobreza no causa delitos, que la riqueza también delinque, que el problema es la falta de proyectos y la polarización global. Es una tesis discutible, pero defendible en el plano teórico. Lo que resulta menos defendible es la liviandad moral con la que se pontifica sobre la riqueza ajena mientras se administra un patrimonio inmobiliario robusto, con rentas en el exterior y cuentas internacionales. Y, cuando estalla el conflicto, se activa el comodín nacional: “yo no fui”, “me administran”, “me supera”.
La pregunta no es si hay “ricos buenos” o “ricos malos”. La pregunta es qué vara ética se utiliza para juzgar a los demás y cuál para juzgarse a uno mismo. Cuando un ex juez de la Corte relativiza la acumulación privada pero exhibe una multiplicidad de propiedades; cuando denuncia la exclusión pero se desentiende de lo que ocurre en sus departamentos; cuando la responsabilidad penal se resuelve con una multa equivalente al precio de un alquiler mensual, el debate deja de ser ideológico y se vuelve institucional.
Zaffaroni siempre fue coherente con su garantismo: el derecho penal debe reducirse al mínimo. En su caso, ese mínimo fue literal. Pero el estándar ético de un juez supremo no se mide solo en el Código Penal. Se mide en la ejemplaridad.
Tal vez el verdadero problema no sea que haya “tantos ricos”. Tal vez el problema sea la facilidad con la que, en la Argentina, la indignación moral funciona como discurso mientras la responsabilidad concreta se terceriza. Y se paga —cuando se paga— con una multa mínima y un expediente cerrado.
En política, las frases incendiarias rinden aplausos. En la historia, lo que queda son los hechos.
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