"Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables", posteó Javier Milei en su cuenta personal de X. En redes sociales y con esas palabras, el presidente compartió una imagen de los periodistas Luciana Geuna y Nacho Salerno, en el que se visibilizaba la inscripción: "Casa Militar denunció a Geuna y Salerno de TN por amenazar la seguridad nacional".
El flyer compartido por el mandatario, diseñado por el usuario @MedicenElJefe, detalló que los periodistas televisivos "hicieron una cámara oculta sin previa autorización". Ademas, la misma cuenta digital agregó: "Se terminó la época nefasta de las opereteas periodísticas sin consecuencias". Un mensaje que el mismo Milei intitulo: "Basuras Repugnantes".
La denuncia penal presentada por la Casa Militar contra los comunicadores de Todo Noticias, se originó tras la difusión de un informe televisivo que incluyó imágenes obtenidas mediante una cámara oculta dentro de la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo. Según la presentación judicial, el eje de la acusación es la presunta comisión de delitos vinculados a la revelación de secretos políticos y militares, en el marco de normas que resguardan la seguridad del Estado.
El episodio se produjo a partir de un informe emitido en el programa “¿Y mañana qué?”, donde se exhibieron recorridos por pasillos, áreas de tránsito interno y sectores de uso común del edificio gubernamental. El material, de acuerdo con la denuncia, habría sido registrado de forma “subrepticia”, es decir, sin autorización de las autoridades ni conocimiento del personal de seguridad, incluso mediante dispositivos encubiertos como lentes inteligentes.
La Casa Militar —organismo responsable de la custodia presidencial y de la seguridad en la Casa de Gobierno— sostuvo que la filmación no sólo vulneró normas administrativas vigentes para periodistas acreditados, sino que también expuso información sensible: sistemas de vigilancia, dispositivos de control de acceso, rutinas de circulación y localización de despachos oficiales. Según el texto judicial, ese tipo de datos podría facilitar la elaboración de inteligencia sobre los movimientos del presidente y de funcionarios, generando un riesgo concreto para la seguridad nacional.
El encuadre legal mencionado en la denuncia remite a los artículos 222 y 223 del Código Penal argentino, que sancionan la obtención o divulgación de secretos políticos o militares, así como a disposiciones de la Ley Nacional de Inteligencia. En ese sentido, el documento sostiene que la conducta investigada pudo haber creado “condiciones para revelar secretos de Estado” y expuesto a funcionarios a riesgos injustificados.
Un punto central del conflicto radica en la normativa que regula la actividad periodística dentro de la Casa Rosada. Los cronistas acreditados deben ajustarse a un reglamento que prohíbe expresamente registrar imágenes o videos en espacios no autorizados. La resolución vigente considera esa conducta una “falta grave”, pasible de sanciones como la suspensión o revocación de la acreditación. Desde el gobierno se argumentó que la cámara oculta violó de manera directa estas disposiciones, al eludir los controles de seguridad y operar fuera de los circuitos habilitados para la prensa.
En términos periodísticos, la cámara oculta constituye una herramienta de investigación que suele justificarse en función del interés público, especialmente cuando permite revelar hechos que no podrían conocerse por vías abiertas. Sin embargo, en este caso la controversia gira en torno a si ese interés público puede prevalecer frente a restricciones vinculadas a la seguridad presidencial. Para la Casa Militar, la maniobra no se limitó a mostrar aspectos institucionales, sino que implicó una intrusión en áreas sensibles cuya difusión está regulada precisamente para evitar vulnerabilidades.
Durante su gestión, Milei ha utilizado de manera reiterada su cuenta en la red social X para cuestionar y descalificar a periodistas, incluidos varios del propio canal TN. Estos episodios han incluido insultos directos, acusaciones de operar políticamente y deslegitimación general del periodismo profesional, en línea con una estrategia de confrontación que traslada el conflicto político al terreno mediático.
Si bien el episodio de la cámara oculta constituye uno de los casos más extremos por su derivación judicial, se inscribe en una serie más amplia de ataques verbales del presidente contra cronistas y analistas críticos, muchas veces amplificados desde sus redes personales. Así, la denuncia de la Casa Militar combina elementos legales, de seguridad institucional y de disputa política.
En paralelo, el gobierno nacional sostiene que la difusión del material comprometió información estratégica y violó normas explícitas. El caso abre un debate más amplio sobre la creciente tensión entre el poder político y los medios de comunicación en la Argentina reciente.
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