Cuando el 27 de diciembre Axel Kicillof mandó a la Legislatura bonaerense su proyecto para aumentar los impuestos provinciales, sabía que sería un capítulo difícil, pero no imaginaba la película completa: después de 24 horas de negociaciones, con cuartos intermedios prolongados, llamados de madrugada y toda clase de pedidos, la oposición decidió no acompañarlo, la sesión se cayó, las críticas y los pedidos aumentaron, y hasta la Casa Rosada tomó cartas en el asunto.
“No dieron quórum y mientras tanto hicieron cadena nacional diciendo que era un impuestazo”, se quejó Kicillof visiblemente enojado por el primer traspié de su gobierno. “Nueve días duró la actitud de dar gobernabilidad”, le recriminó a los legisladores de Juntos por el Cambio, a quienes acusó de “oportunistas”, “extorsionadores” y actores de un “show mediático”. “La gobernadora está en París, su jefe de Gabinete no está, es problema de nuestra oposición pero no hemos tenido claridad en nuestros interlocutores”, se quejó de la saliente María Eugenia Vidal, de su mano derecha, Federico Salvai, y de varios intendentes que aparecieron a negociar la ley.
Durante una hora, el gobernador explicó que la tasa de Ingresos Brutos que propone es “la misma que aplicó Vidal el año pasado” y sólo aumentó un 1% en algunos sectores. También se encargó de corregir las notas periodísticas que hablaron de “impuestazo” para la provincia, descartó que las correcciones vayan a generar inflación y remarcó que con su plan “los más ricos tienen un aumento mayor” de los impuestos inmobiliarios. “Me llamó la atención que no se titulara que la provincia plantea bajar los impuestos de los propietarios más pequeños, porque es eso”, lanzó Kicillof enfático, como cuando defendía sus planes en el Ministerio de Economía de la Nación, durante la gestión de Cristina Kirchner.
La descarga del gobernador fue interpretada como “mala leche” por diputados y senadores de Juntos por el Cambio, que se negaron a aprobar el proyecto enviado a la Legislatura el 24 de diciembre a la siesta, que tenía que ser votado el 26. Uno de ellos lo explicó a NOTICIAS: “Pretendía que le votáramos una ley cerrada cuando ya le dimos las emergencias, el prorrogamiento del Presupuesto. Nos dijo extorsionadores cuando los cargos que ocupa la oposición son por ley o por costumbre, no eran parte de esta discusión. Kicillof embarró la cancha”.
El 2019 despidió al gobernador con un trago amargo. Y sin tiempo para nuevas sesiones, el economista aprovechó las fiestas de fin de año para recalcular la estrategia 2020. El primer gesto fue recibir a los intendentes de la oposición en su residencia oficial de La Plata, el martes 2 de enero. A la salida, en on y en off hubo sólo elogios para Kicillof y el tema impositivo quedó pendiente hasta el 8 de enero.
Ese día se espera que el proyecto ingrese por Diputados, donde el oficialismo tiene más posibilidades de conseguir la aprobación. Pero si no se llega a un acuerdo, el Senado de mayoría opositora volverá a ser la piedra en el zapato de Kicillof. Un legislador que responde a Vidal anticipa que su posición será la misma: “Seguimos en desacuerdo con el aumento del 75% para una porción de los contribuyentes, pedimos bajar Ingresos Brutos a los medicamentos y a los puertos, y quitar el artículo que le quita un porcentaje a los municipios del cobro de las patentes con diez años de antigüedad”.
Plan K. Cuando vieron las tapas de los diarios, las notas periodísticas y las editoriales que se escribieron en torno a su proyecto impositivo, en el equipo de Kicillof no dudaron: “Es una opereta”, repitieron varios funcionarios. La indignación en el gobierno bonaerense fue generalizada y lo que la oposición planteó como un problema económico, para Kicillof y su Gabinete fue en todo momento “un problema político” generado por la interna opositora, en la que Vidal y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, sobresalen.
“Es una pavada plantear que el aumento de los Ingresos Brutos puede hacer subir la inflación. Es una chicana más de la oposición”, aseguró a NOTICIAS una fuente del gobierno bonaerense para dar de baja una de las principales críticas opositoras. De acuerdo a su receta, en el contexto inflacionario actual, la única solución para frenar los aumentos es “negociar con cada sector”. Y Kicillof está dispuesto a hacerlo si hace falta.
Para defender la suba de los impuestos inmobiliario urbano y rural, la Provincia también tiene argumentos: “Por la progresividad y la magnitud del aumento se ve que es totalmente racional lo que se propuso”, dice la misma fuente bonaerense, mientras el equipo económico hace esfuerzos para explicar que el 75% de aumento sólo afecta al 7% de los dueños de campos y al 6% de los propietarios de inmuebles.
Los cálculos que hace Kicillof indican que la demora en la aprobación de su ley le costarán a la provincia 400 millones de pesos, que se dejan de recaudar en enero y por eso está apurado. “No hay tiempo”, insisten en La Plata, mientras redactan un nuevo proyecto con “algunas modificaciones”, según anticipó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco. La idea, según supo NOTICIAS, es ceder ante detalles pero sin descuidar el espíritu de la ley.
La comunicación del intrincado proyecto está a cargo de Bianco, la ministra de Comunicación Jésica Rey y el propio Kicillof. De perfil más bajo, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, explicó la norma en su cuenta de Twitter de 2.600 seguidores y donde dejó en claro que “el 86 por ciento de los contribuyentes afrontarán aumentos menores a 3.500 pesos para todo el año", es decir 3,8 de los 4,5 millones de contribuyentes.
En un hilo de Twitter, López aseguró que habrá “exenciones a propiedades pequeñas de producción agropecuaria, en especial la tambera”, y sostuvo que “más de la mitad de los propietarios rurales” tendrán una suba “por debajo de la inflación 2019, a lo cual además se suma el descuento del 20% por pago en una cuota”.
El ministro está en permanente comunicación con su par nacional, Martín Guzmán, según aseguraron desde el gobierno bonaerense. Pero pese al diálogo, que también mantienen Kicillof y Alberto Fernández (ver recuadro), en la Casa Rosada ya desplegaron un plan para ayudar a la Provincia en esta cruzada.
Alberto. “Hay preocupación de Alberto Fernández y por eso Santiago Cafiero llamó a varios intendentes opositores de la provincia para que ayuden a destrabar la situación”, lanzó un dirigente del PJ bonaerense. El dato fue confirmado a NOTICIAS por dos fuentes más: una de la propia Casa Rosada, donde tiene despacho el jefe de Gabinete, y la otra, de Juntos por el Cambio.
Uno de los llamados, según las fuentes, es el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien tiene injerencia en el nuevo bloque de los diputados bonaerenses que se separaron de Juntos por el Cambio para unirse a sus pares que responden a Emilio Monzó. En el “vidalismo” hablan incluso de pedidos de Posse a la Rosada. Pero en el entorno del intendente niegan las conversaciones sobre este tema. Desde la gobernación, en tanto, dicen no tener noticias sobre estos llamados.
“Es la primera vez que Nación interviene en el tratamiento de una ley así”, dice preocupado un referente peronista de la provincia con experiencia en el tema. “Hay una tensión política con Alberto por el programa económico”, agrega otro dirigente con años en la Legislatura bonaerense.
Intendentes. No sólo con la oposición debe conciliar Kicillof. Por estas horas, un grupo de líderes territoriales del PJ le reclama por lo bajo que vuelva a tenerlos en cuenta porque “sin los intendentes no se puede gobernar la provincia”. Son los jefes comunales que apoyaron su campaña y los mismos que advirtieron entonces sobre la rigurosidad del programa económico del preferido de CFK.
“Axel tiene un control muy riguroso, es un profesional, pero también sabe que ningún gobernador maneja la provincia sin los intendentes”, avisaban en junio pasado, cuando los contundentes números de las elecciones todavía eran sólo una especulación. Entonces, le pedían a Kicillof que no sea tan duro con los propios como con las grandes corporaciones a las que atacaba con sus políticas.
Ahora, un grupo de intendentes ve desde afuera cómo el gobernador se expone en la primera línea de combate por una ley que todos los años pasa por la Legislatura entre pandulce y garrapiñadas. No se sienten parte porque dicen haber sido “marginados del armado del Gabinete” y ahora sostienen que “no hay diálogo con el gobernador”.
El malestar no es sólo son por la participación en el gobierno. También se quejan porque Kicillof trató de manejar el envío de fondos de la Nación a los municipios y porque intentó quitar el 20% de la recaudación por patentes de autos antiguos (desde 2009 hacia atrás) que cobran los intendentes.
“Estamos preocupados porque no va a poder gobernar sin diálogo y porque al ser Kicillof el que negocia, si fracasa paga el costo político”, dice un intendente molesto a NOTICIAS. Ninguno de los que protestan quiere dar su nombre. Es demasiado pronto para rupturas definitivas.
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