Hasta hace poco más de un año, Francisco Adorni era un nombre prácticamente desconocido fuera de algunos despachos estatales bonaerenses. Contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata, desarrolló su carrera íntegramente en organismos del Estado: ingresó en 2002 a la Secretaría de Hacienda de Ezeiza y desde 2004 trabajó casi dos décadas en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Cuando le señalaron esa trayectoria, él mismo la confirmó: "Trabajo en la administración pública desde el inicio de mi vida laboral".
El detalle que los medios recuperaron tiene una carga irónica difícil de ignorar: en 2005, Francisco fue candidato a Consejero Escolar en una lista del peronismo duhaldista encabezada por Gonzalo Atanasof. Hoy integra el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense.
Su ascenso en la gestión libertaria estuvo atado al crecimiento de su hermano Manuel. En 2024 se sumó al Ministerio de Defensa de Luis Petri y quedó al frente de la Unidad de Auditoría Interna. En 2025 fue promovido a la presidencia del IAF —organismo que administra retiros y pensiones militares— y electo diputado bonaerense.
El problema llegó cuando la diputada Marcela Pagano lo denunció por presunto enriquecimiento ilícito y lavado. La causa quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas, quienes ordenaron el levantamiento del secreto fiscal y bancario y solicitaron información a múltiples organismos.
En ese contexto, Francisco rectificó su declaración jurada 2025. Los cambios no descomprimieron la situación: incorporó una herencia de $21 millones sin precisar origen, y actualizó su crédito hipotecario con el Banco Provincia declarando que su deuda pasó de $45 a $57 millones —es decir, aumentó—, corrigiendo una versión anterior que sugería una cancelación de $73 millones imposible de justificar con sus ingresos. Fuentes judiciales señalaron que la rectificación abona, en lugar de despejar, la hipótesis de inconsistencias patrimoniales.
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