El martes 7 de abril, un rato antes del mediodía, un joven de 21 años se sentó frente a su PC en Balcarce. A pesar de que la oración que escribió en Twitter tenía menos de 100 caracteres, su contenido desencadenaría una serie inesperada de hechos. A casi 450 kilómetros de distancia, en el Destacamento Móvil 1 que tiene la Gendarmería en Campo de Mayo, las alarmas virtuales se prendieron: el mensaje de Kevin Guerra contenía la palabra “saqueo”, uno de los términos que los especialistas de la informática de las fuerzas de seguridad, en plena ola del coronavirus, rastrean en las redes por orden de la ministra Sabina Frederic. Tres días después del tuit, un rato después de la hora de la siesta, agentes de la Departamental de Investigaciones de Balcarce llegaron hasta la casa de Guerra para informarle que se había abierto una causa en su contra. Ahora el chico podría enfrentar un juicio, que se iniciaría después de que pase la pandemia, por “intimidación pública”, con penas de dos a seis años de prisión. Pero el joven no fue el único afectado: el debate por el ciberpatrullaje, una medida cuestionada que popularizó la gestión de Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad, golpeó también a la actual titular de esa cartera, que viene acumulando polémicas casi desde el día que asumió.
Dudas. Esta semana Alberto Fernández aprovechó una mañana en la que tenía un rato libre para caminar por la Quinta de Olivos. El Presidente tiene cada vez menos tiempo para hacer ejercicio, pero todavía se rebela ante los diez kilos que subió desde la mitad del año pasado. En esa recorrida se le acercó uno de sus colaboradores más estrechos para sacarle charla y en un momento el diálogo llegó hasta el análisis del desempeño de algunos de sus ministros y funcionarios más cuestionados. El apellido Frederic fue uno de los que circuló, pero el primer mandatario cortó en seco la cuestión. “Estoy muy conforme con el equipo que tengo. Todos están cumpliendo la función para la que los convoqué y trabajando muchísimo”, dijo Fernández, aunque en el oficialismo no todos comparten esa convicción.
Es que la polémica con el caso de Guerra, el primer imputado luego de una investigación de ciberpatrullaje de esta gestión –cuatro días después llegaría el segundo caso, un teniente retirado de Rosario que llamó a la sublevación del Ejército y terminó acusado del mismo delito–, volvió a poner en el ojo de la tormenta a Frederic. La ministra había tenido cuestionamientos públicos cuando se había resistido a catalogar a Hezbollah como organización terrorista, o en las múltiples peleas que tuvo con Sergio Berni, pero en estos días la polémica volvió a crecer.
El debate sobre el patrullaje virtual arrancó en la primera semana de abril, cuando la ministra aseguró que lo hacían para “medir el humor social” de la ciudadanía: fue un furcio que reveló la preocupación oficial que hay sobre la delicada paz social. A ese rastreo por las redes públicas, como Instagram, Facebook, Twitter o los grupos abiertos de Telegram, en la búsqueda de palabras clave como “saqueo”, se lo conoce como Social Media Intelligence, y es una herramienta cuestionada que tiene su área específica en cada rama de las fuerzas de seguridad. Incluso el ministerio tiene su propia Dirección de Investigaciones del Ciberdelito, aunque el cargo quedó vacante luego de que renunciara el ingeniero Pablo Lázaro, que venía de la gestión Bullrich, en marzo. La sensible área sigue sin ocupar y por ahora depende de la camporista Valentina Novick, que comanda la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.
Críticas. La controversia por las declaraciones fue tal que Frederic tuvo que reconocer que lo del “humor social” no había sido la expresión “más feliz”, pero que era una práctica que se usaba en todo el mundo y que era necesaria. “Hacer inteligencia sobre la ciudadanía es sostener una práctica que va contra el Estado de Derecho, que fue impulsada por Bullrich, y es una pésima idea. Esperaba algo distinto de esta gestión”, le dice a NOTICIAS Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, que trabaja temas de ciberseguridad. Desde el ministerio aseguran que en breve se reunirán con Vía Libre, el CELS, y otras organizaciones sociales para armar un “protocolo” para el ciberpatrullaje. El miércoles 15 Frederic ya mantuvo una reunión con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad por este tema.
Hay que entender el complejo lugar en el que tiene que pararse Frederic. No sólo asumió en una cartera difícil sin un gran trayecto previo en el Estado –había estado del 2009 al 2011 en el ministerio de Defensa– ni una gran espalda política –la acercó al espacio Santiago Cafiero, con el que había trabajado en los años anteriores–, sino que tiene la compleja tarea de desmarcarse de la gestión anterior sin romper con la lógica de las fuerzas. O sea, tiene que diferenciarse de Bullrich pero también de la “doctrina Zaffaroni”, de la que el grueso de la militancia del Frente de Todos está más cerca pero que tiene pocos adeptos entre los efectivos de seguridad. Un laberinto para Frederic.
Después de esta polémica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó el sábado un comunicado en el que advertían “preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta de los Estados a la pandemia del COVID-19”. En el texto, en el que analizan caso por caso a los países latinoamericanos y sus problemáticas específicas en relación a este tema, el organismo advierte sobre Argentina. “En Argentina se habrían iniciado causas penales por ‘intimidación pública’ contra al menos cinco personas que publicaron en sus redes sociales información que sería falsa. Tanto en Colombia como en Argentina se estarían realizando labores de ‘ciberpatrullaje’, que tendrían como objetivo identificar cuentas que difundan información falsa. En el caso de Argentina, la ministra de Seguridad de la Nación afirmó que dichas tareas buscaban detectar "el humor social"; sobre el particular, el gobierno argentino informó que la secretaria de Estado precisó que la actividad será regulada por un protocolo de actuación, que se construye en línea con los estándares interamericanos y en consulta con la sociedad civil”, dice el comunicado.
La precursora. La polémica por el ciberpatrullaje de la cartera de Frederic volvió a traer a la escena a Patricia Bullrich, su predecesora en el cargo y precursora de ese rastrillaje virtual por parte de las fuerzas de seguridad. De hecho, la que ahora es presidenta del PRO hasta salió a felicitar a la actual ministra: “En esta la banco”, dijo, en una declaración que pareció más un “abrazo de oso” que otra cosa. “La ciberseguridad no atenta contra el Estado de Derecho, sino que es una herramienta fundamental del mismo para ejecutar una política moderna de seguridad”, asegura Matías Lobos, ex secretario de Fronteras de Bullrich. Es que en la gestión anterior esa técnica se usó mucho: se abrieron casi 70 causas por ciberpatrullaje en los cuatro años anteriores. En el actual ministerio esperan no llegar a ese número.
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