Mientras la pandemia sigue su curso y las cuarentenas pasan a ser más estrictas o más relajadas según la situación de cada país, las tecnologías digitales de comunicación le compiten en protagonismo al coronavirus SARS-CoV-2. Ellas son las que están permitiendo que parte del mundo siga en movimiento, a la distancia, a través del trabajo remoto, las reuniones por videoconferencia y chats grupales, las billeteras y recetas electrónicas, las aplicaciones para comprar comida y remedios, la telemedicina.
Pero también está presente en algo que, según sean los límites temporales, las regulaciones y los alcances, puede comprometer derechos y libertades, o ayudar en la lucha por la recuperación de una vida social y laboral un poco más normales. A través de los teléfonos celulares y de las aplicaciones que se bajan a los dispositivos con un simple toque sobre la pantalla, un gran panóptico digital vigila qué sucede con las cuarentenas, los contagios, la distribución del virus a través de la comunidad.
En muchos casos, también controla con quienes hablamos, qué hace el vecino, cuál es la temperatura de nuestro cuerpo, a qué hora nos fuimos a dormir. Todo, en nombre de ponerle límites a la Covid-19 y su expansión. ¿Es una elección entre privacidad o salud? ¿O ambos derechos pueden convivir? Hasta el momento, diferentes países han tomado diversos caminos, unos menos respetuosos que otros de las libertades individuales. Pero una cosa parece cierta: por ahora, la tecnología de rastreo pandémico va a permanecer.
En casa y alrededores
Gran parte de los países de América Latina impusieron medidas de aislamiento físico social para reducir las instancias de contagio. “Bien sea para monitorear el cumplimiento de las medidas de cuarentena, darle seguimiento a potenciales enfermos, o como parte de alguna eventual estrategia de eliminación gradual de las medidas de aislamiento, muchas naciones ya están desplegando aplicaciones móviles que, en su mayoría, implican el acceso a información personal”, advierten desde la División de Innovaciones para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“En América Latina, las primeras aplicaciones se centraron en tres objetivos: la difusión de información oficial y cuidados sobre la enfermedad (también presentes en sitios y redes sociales de gobierno), la autoevaluación o testeo de síntomas y eventual asistencia ante el contagio, y sistemas de contacto con las autoridades sanitarias”, resume Natalia Zuazo, politóloga, investigadora asociada de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
En la Argentina la aplicación CuidAR, cuya nueva versión fue lanzada esta semana e involucró un desarrollo conjunto de diversos organismos públicos y privados a instancias del Ministerio de Salud de la Nación, funciona como una herramienta que permite auto evaluar síntomas de la enfermedad Covid-19. Si la aplicación detecta que una persona tiene signos de estar enferma, esa información llega a los comités de salud de cada provincia para que se pongan en contacto con el usuario y reciba atención médica. Se le advierte al individuo que debe permanecer aislado y, si tiene un permiso de circulación, el mismo queda inhabilitado. Por el contrario, cuando los resultados del auto examen indican que no hay síntomas de infección, esa información bajo el formato de un código QR, se puede agregar al Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC). De acuerdo con la información oficial, la aplicación fue descargada por 1.800.000 personas hasta el momento.
Países como Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Uruguay lanzaron aplicaciones más o menos similares, con la meta de funcionar en algunos casos como herramientas de auto diagnóstico y en otras, como puentes informativos acerca de síntomas y centros médicos a los cuales acudir en caso de emergencia.
Antecedentes y alertas
El uso de los datos de ubicación para rastrear la enfermedad se aplica en Italia, España, Noruega, Bélgica y Eslovaquia, por mencionar solamente algunos ejemplos. El problema es que con la aparición y la expansión mundial de la Covid-19 ese espectro de uso se fue ampliando. Son varios los países que ya están aplicando el rastreo y la vigilancia digitales de personas con coronavirus: las identifican con nombre, apellido, domicilio, y no solo a ellas sino también a sus contactos estrechos, para controlar si se contagiaron y si respetan sus cuarentenas domiciliarias.
China fue el lugar que encendió las alarmas y despertó más de un sonido de disgusto frente a la vigilancia extrema impuesta a los habitantes de Wuhan, la ciudad donde primero se instaló el foco de contagio del virus. Pero el control tecnológico de la pandemia excede fronteras políticas e ideológicas. El gobierno de Corea del Sur puede exigir a las empresas de telecomunicaciones que entreguen los datos de teléfonos móviles de quienes sean casos confirmados de Covid-19, para rastrear su ubicación. El sistema funciona mediante el uso de una combinación de datos de teléfonos móviles, información de tarjetas de crédito y software de reconocimiento facial con el objetivo de perseguir los movimientos de las personas que dieron positivo para Covid-19. Con esos datos se pone en alerta un sistema de notificación que avisa a los vecinos de esas personas cuáles son sus movimientos, incluyendo a quienes solo son casos potenciales de contagio, tanto en los edificios como en las zonas de cercanía.
Israel también utiliza datos personales recolectados en secreto para rastrear los movimientos de aquellos que dieron positivo en los tests para detectar Covid-19, y a los contactos del enfermo. Muy lejos geográficamente, la policía de Moscú, en Rusia, informó que ya detuvo a 200 infractores de cuarentena que fueron capturados a partir del uso de cámaras con reconocimiento facial.
En Taiwán, el derecho a la privacidad parece haber quedado en el pasado. Las propias autoridades definen a su sistema de rastreo telefónico como una "cerca electrónica". En lugar de pedir a los usuarios que descarguen una aplicación especial o que usen una pulsera que transmite la ubicación, el gobierno utiliza las señales telefónicas existentes para triangular las ubicaciones de las personas. Para garantizar que los usuarios cumplan con el aislamiento, un alerta es disparada a las autoridades si el teléfono de la persona vigilada está apagado durante más de 15 minutos. Más de 6.000 hombres y mujeres sometidos a cuarentena doméstica son rastreados simultáneamente de esta manera. Por si fuera poco, los funcionarios los llaman por teléfono dos veces al día para verificar que tengan su teléfono móvil a mano y para preguntar qué síntomas tienen y cómo se sienten.
Sin llegar a estos extremos, Gran Bretaña, Australia y Francia estudian métodos basados en el uso de los teléfonos celulares para controlar la circulación del virus, y a sus huéspedes, los seres humanos, con mayor precisión y nivel de detalle. En el caso de los australianos ya pueden descargar la aplicación de rastreo de contactos de coronavirus del gobierno, Covidsafe. La aplicación mantiene un registro de las conexiones bluetooth que el teléfono de una persona hace con los teléfonos de aquellos con los que ha entrado en contacto, lo que facilita a las autoridades de salud rastrear a quienes tengan un test positivo de Covid-19.
Más allá de la invasión actual a las vidas privadas de los ciudadanos, los problemas se extienden a un futuro en el que la pandemia aparezca como controlada. ¿Cómo evitar abusos o, al menos, protegerse de ellos?
“Las experiencias previas respecto del uso excesivo o ilegal de tecnologías digitales para espiar a las personas son el primer antídoto para defendernos de una nueva avanzada a nuestros derechos -analiza Natalia Zuazo, en su blog sobre política y tecnología-. Además, las autoridades de datos personales deben jugar un rol fundamental, y si así no lo hacen, debemos pedirlo. Es preciso establecer el plazo de acceso a los datos sensibles, saber qué órganos del Estado los usarán, quién y cómo va a eliminar esa información de las bases de datos cuando no se necesiten más, qué medidas de seguridad se van a utilizar para resguardar los datos, qué medidas de control y sanción se van a aplicar si algo de esto no se cumple”. Y concluye: “Por último, cuando se estén desarrollando las aplicaciones por parte de los gobiernos, no debe crearse la falsa dicotomía entre “salud o privacidad”. Las personas tenemos derecho a ambas cosas”.
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