“Dejen de hablar al pedo, esto no va a quedar así”, les arrojó en medio de la audiencia el sicario Nazareno “Anteojito” Gauna. Los fiscales de la Unidad de Balaceras Valeria Haurigot y Franco Carbone lo miraron atónitos: un narco los acababa de amenazar frente al juez. No fue suficiente: “Putitos”, les dijo. “Ya van a ver”, agregó. Era diciembre del 2022 y sería la última intimidación que recibirían en el año.
Detrás del avance del narcotráfico, que no cesa en Rosario, hay quienes intentan ponerle un freno. Arriesgan todo, incluso su vida, por su trabajo. Los fiscales en Santa Fe están en peligro constante.
“Los narcos están sacados. Tienen penas tan altas que condenarlos a 10 o 20 años más les parece un chiste”, le confiesa a NOTICIAS Haurigot. Y completa: “Es increíble. En las audiencias se nos cagan de risa”.
Desde el 2022 hubo una decena de amenazas a fiscales y otros funcionarios judiciales. No es un detalle menor: quienes arrojan estos mensajes son los responsables de cientos de homicidios.
De hecho, el año pasado cerró con una cifra récord de asesinatos en Rosario: 288. Un total de 22 crímenes cada 100 mil habitantes, lo cual quintuplica al promedio nacional. El 2023 empezó peor: entre enero, febrero y la primera semana de marzo se cometió, en promedio, un homicidio por día.
“Hay que destacar la valentía con la que se trabaja”, dice el fiscal general de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini. “Lo que sucede genera una conmoción. Pero con las medidas de seguridad, siguen adelante”, completa.
Las medidas de seguridad son la custodia, un chaleco antibalas en caso de ir a algún allanamiento peligroso y no mucho más. Cuando no están trabajando, los fiscales intentan que su vida se parezca a la normalidad. Naturalizan. Como si estar amenazados por sicarios fuese una consecuencia más del trabajo.
Para colmo, los recursos escasean. La Fiscalía Regional 2 tiene 90 fiscales (70 están en Rosario) y Baclini pide, por lo menos, un 20% más.
El fuero federal no está mejor. Más allá de que el Presidente haya responsabilizado a la Corte Suprema por el avance narco en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso, el 40% de los cargos de la Justicia Federal en Rosario están vacantes. De los 18 lugares creados, apenas 10 están ocupados por jueces y fiscales titulares. El resto están paralizados por la inacción de Alberto Fernández y del Senado.
El miércoles 8, en las comisiones de Legislación Penal y de Justicia se trató el proyecto para ampliar la cantidad de jueces y fiscales en Santa Fe, una iniciativa que habían presentado, sin distinción de partidos políticos, diputados y senadores de esa provincia. Una mirada a largo plazo para un problema urgente.
Plomo. Haurigot y Carbone, los últimos amenazados del 2022, ya habían sentido el rigor del narcotráfico meses antes. En mayo, previo a una audiencia con el líder de Los Monos, hubo un llamado telefónico anónimo de una mujer al 911. “Si ‘el Viejo’ Cantero no sale hoy en libertad, habrá plomo para todos. Fierros y balas nos sobran”, dijo. “Ese día sí nos asustamos, pero la audiencia la hicimos igual”, revela ahora Haurigot.
La vida de cada fiscal amenazado es distinta. Algunos piden custodia permanente, otros la dejan sólo el tiempo que recomienda la policía provincial. Ni un minuto más. “Es que uno intenta conservar su vida normal, con sus hijos y con sus actividades”, dice uno de los amedrentados.
De hecho, alguno de ellos renunció a esa posibilidad: “Si en cada banda que investigo hay un policía involucrado, yo prefiero no tener custodia. No quiero que sepan qué auto tengo, dónde vivo o adónde salgo a comer”, dice un fiscal en absoluto off. “Todas las organizaciones criminales tienen una pata policial”, agrega el intendente de Rosario, Pablo Javkin. Ejemplos sobran: el 2 de marzo, detuvieron a una agente que filtraba información a una presunta célula de Los Monos. Su hijo había sido arrestado por ser sicario. Absurdo.
Las vidas privadas de los fiscales transcurren lejos de las redes sociales y generalmente en barrios alejados del centro, aunque no estrictamente en countrys. “Las amenazas no afectan a todos por igual: o tenés personalidad para laburar o no”, sostiene uno de los funcionarios judiciales. Eso sí, recurren a diferentes actividades para sacarse el estrés que genera tanta violencia. La mayoría hace terapia.
Quien también sintió la aspereza de Los Monos fue Matías Edery, fiscal que metió preso a gran parte de esa banda. En enero del año pasado, en plena audiencia, la viuda de Claudio “Pájaro” Cantero lo cruzó: “Esto no va a quedar así”, le dijo.
“En el momento, cuando estás trabajando, lo ves como parte de tu labor. Uno cae cuando termina la audiencia y se relaja”, relató entonces el fiscal de la Agencia de Delitos Complejos. Y agregó: “Viniendo de quien viene, era una situación para preocuparse”. La amenaza de Verdum a Edery fue presencial. Pero desde la pandemia, las audiencias con los presos se realizan por Zoom. Eso, cuentan los fiscales, les da mayor impunidad.
A pesar de que el Covid ya es historia, la modalidad virtual quedó instalada en los juicios de Rosario. Se debe a que nadie garantiza la seguridad de los narcos detenidos en los traslados. Temen un ataque.
Eso genera escenas delirantes. Como la ocurrida en mayo del 2022, cuando debieron suspender una audiencia virtual en la que estaba imputado “el Viejo” Cantero y su banda por fallas en el sonido. Nadie del Servicio Penitenciario se animaba a tocar la computadora, por lo que uno de los reclusos tomó la batuta. “Él es DJ, por eso sabe”, indicó otro de los detenidos entre risas, frente a jueces y fiscales.
Desde sus celdas, los presos insultan a los funcionarios. Se les ríen, los provocan y los amedrentan. El reino del revés.
Panfletos. Al fiscal de la Unidad de Balaceras Pablo Socca lo amenazaron con folletos que arrojaron luego de provocar daños en una oficina municipal. “Dejá de vender humo con gente inocente y meter presos, que Fran y Jonita Riquelme te apuntan”, le señalaron.
“Lo que me pasó fue insólito. Integrantes de una banda que había desarticulado me amenazan con panfletos, diciendo que yo trabajaba con la banda rival”, le cuenta a NOTICIAS Socca. Y agrega: “El objetivo era: ‘no te la agarres con nosotros, sino con ellos’. A la semana, los otros contestaron: me intimidaron con un cartel para darle un mensaje a los primeros”. Amedrentaron a un funcionario judicial para enviarse mensajes entre bandas. Increíble.
El mecanismo de balear un lugar para dejar un cartel que luego los medios darán a conocer se popularizó entre los grupos criminales. Llegó al extremo de lo insólito tras un tiroteo ocurrido este año, cuando la policía requisó el lugar y no encontró ningún mensaje. Les resultaba extraño. Minutos después llegó una nena con un papel en la mano para darles el panfleto que, evidentemente, se habían pasado por alto. Los narcos no querían que se retiraran de la escena sin saber a quién estaba dirigida la amenaza.
Aunque lo más grave ocurrió a principios de febrero, cuando delincuentes secuestraron a un joven al azar, lo acribillaron, le metieron un papel en el bolsillo y lo tiraron frente al estadio de Newell’s para dejarle un mensaje mafioso a parte de la barra de ese club. Lorenzo “Jimi” Altamirano tenía 28 años, era músico y no tenía ninguna relación con el narco. Mataron a un chico inocente sólo para dejar una nota.
Todos amenazados. Los fiscales no son los únicos que trabajan bajo la espada de Damocles. Los periodistas también son intimidados en Rosario. El último ataque, un cartel colgado afuera de Telefe Rosario que decía “dejen de condenar a los pibes con la lengua que los vamos a matar”. Los movileros debieron salir a la calle con chalecos antibala durante un tiempo, por recomendación policial.
El domingo 5 por la noche, atacaron a tiros a la Escuela N° 6430 para dejar una nota dirigida a Los Monos: “Vamos a la guerra”, escribieron. El lunes, los chicos concurrían a su segundo día de clases en el año entre los destrozos que provocaron las balas.
Pero lo que verdaderamente llama la atención en la Fiscalía es la nueva modalidad de delito: las extorsiones. Los grupos criminales disparan contra un comercio o una fábrica y luego piden dinero. “Consiguieron una nueva fuente de ingreso, casi sin riesgo. El peligro sería que algo así se masifique a nivel nacional”, indica Socca.
Cada día, hay 23 nuevas denuncias por extorsión. El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, se reunió con funcionarios del ministerio de Seguridad y acordaron un protocolo ante las amenazas. “El lamentable hecho que le ocurrió a la familia Roccuzzo puso de manifiesto lo que sufrimos hace tiempo”, cuenta Diab tras la balacera sufrida en el supermercado de la familia política de Lionel Messi.
El problema es que, a diferencia de lo que sucedía hace décadas, la cárcel no deja fuera de juego a los delincuentes, que siguen operando desde sus celdas con absoluta comodidad. No los neutraliza. En el 2014, por ejemplo, había cerca de 4400 presos. En la actualidad el número se duplicó: hay más de 10.500 en penitenciarías provinciales. Pero el delito sigue en aumento.
“Nos faltan recursos”, protesta el fiscal general Baclini. Y completa: “En el 2015 hubo 164 homicidios y ocho fiscales para investigarlos. En el 2022 hubo 288 y nueve fiscales. Imposible”.
Rosario sufre, además, la falta de empleados judiciales. Los estándares internacionales hablan de tres auxiliares por cada fiscal, pero en esa ciudad hay apenas uno y medio. Al ser el lugar con mayor criminalidad, quienes hacen la carrera judicial tratan de evitarlo.
De manera indirecta, muchos de ellos están en peligro. Uno de esos hechos se desprende de un expediente judicial donde se investiga a “Guille” Cantero, líder de Los Monos. Su pareja, Vanesa Barrios, le relata en la escucha: “René agarró a los tiros al ‘coso’ judicial. Casi mata a la secretaria que trabaja en los tribunales”. “Y, está bien”, le contesta el narco.
“Es frustrante. Metemos en cana a 30 soldaditos, pero al otro día hay 30 nuevos. El negocio no se detiene. Los pibes son fungibles para los capos narco”, confiesa un fiscal. “Casi todas las extorsiones y las asociaciones ilícitas que investigamos se comandan desde la cárcel. La persona ya está presa. Jugada”, agrega.
La última amenaza ocurrió en Venado Tuerto, a 150 kilómetros de Rosario. A mediados de febrero, un juez federal, un fiscal, un senador provincial y el intendente fueron intimidados por un narco. El mensaje decía que iban a atacarlos con “balas y granadas”. “El que avisa no traiciona”, alertaba. Por este hecho, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, le pidió a Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, mayor protección para los funcionarios judiciales.
En la Unidad de Balaceras, por ejemplo, tres de los cuatro fiscales están amenazados de muerte. La oficina, que fue creada en el 2020 por los recurrentes tiroteos, detuvo a más de 200 narcos, pero cada vez tienen más trabajo. “No tiene sentido”, se lamentan.
Aseguran que siguen trabajando con el mismo ímpetu porque es lo que eligieron. Por pasión o acostumbramiento. “Pero sabemos que si un narco decide matarnos, no va a ser efectiva ni la custodia. Por suerte ese límite no se cruzó”, se sincera uno de ellos. Y concluye: “No nos matan porque no quieren, no porque no pueden”.
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