Crisis política y económica en Brasil

En los últimos meses, una nueva fase de la investigación por las irregularidades en la estatal Petrobras, desestabilizó aún más al gobierno de Dilma Rousseff, que cosecha sólo un 7,7% de popularidad y más de un pedido de destitución. La mayor investigación jamás realizada en el país ya acumula decenas de empresarios y políticos –la mayoría integrantes del partido oficialista– que aguardan un juicio en la cárcel de Curitiba, acusados de desvíos de fondos públicos y pago de sobornos para favorecer negocios privados.

La incesante ola de arrestos salpica al Partido de los Trabajadores (PT) y a sus principales referentes, la actual mandataria y el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Si bien ninguno fue inculpado formalmente, ven pasar las balas de cerca mientras atajan los escombros de una estructura política que se derrumba sin pausa.

Auge y caída. El Partido de los Trabajadores surgió en los años 80 como la mayor esperanza de la izquierda brasileña en un momento en que la izquierda tradicional tocaba fondo. Pero recién en 2003, después de presentarse tres veces como candidato a presidente, Lula logró la victoria en la segunda vuelta con el mayor número de votos alcanzado en la historia del país, 61%. Su gestión se caracterizó por una bonanza económica y social que se vio opacada en el año 2005 con el escándalo de las mensualidades, conocido como el caso Mensalão, donde se comprobó el soborno a varios diputados para que votaran a favor del Poder Ejecutivo. Eso le valió la renuncia y el primer encarcelamiento al jefe de Gabinete, Jorge Dirceu.

Sin embargo, la popularidad del líder del PT logró que este consiguiera la reelección en 2006 con el 48,61% de los votos y que pudiera mantener al partido en el poder durante otro mandato con la victoria de la economista Dilma Rousseff, una militante que había estado presa tres años durante la dictadura militar de los 70. Dilma había sido ministra de Minas y Energía y jefe de Gabinete del gobierno de Lula –que asumió en reemplazo de Dirceu tras el escándalo– y se convirtió en la primera presidente mujer de Brasil con el 56% de los votos.

Durante la presidencia de Rousseff, el PT se vio debilitado por el caso Petrobras y por algunos altibajos económicos, pero Dilma consiguió la reelección en 2014.

A menos de un año de los comicios, el PT vive su peor crisis. Varias encuestas muestran la fuerte caída en la popularidad de la presidente. La más lapidaria: la que realizó el mes pasado la firma MDA para la Confederación Nacional de Transporte, arrojando un magro 7,7% de aprobación para Dilma y un 63% de adhesión a que sea sometida a un juicio político. De hecho, casi el 80% de los encuestados cree que Rousseff tiene algún grado de culpa en las irregularidades del caso Petrobras.

El mismo Lula admitió en junio ante un grupo de militantes petistas que el partido está en crisis. “El PT está viejo. Yo, que tengo 69 años ya estoy cansado, estoy hablando las mismas cosas que en los 80 y pienso si no es hora de poner gente nueva, que piense diferente” agregó el ex presidente.

Empetrolados. La causa hoy es popularmente conocida como Petrolão, pero también tiene otro título: Lava Jato (Lavacoches). Comenzó en julio de 2013 con el regalo de un vehículo de alta gama. La policía Federal de Curitiba investigaba una red de lavado de dinero que integraba el cambista Alberto Yousseff, un reincidente experto en el tema que ya había sido arrestado en nueve oportunidades.

Cuando en enero de 2014, Yousseff se “descuidó” al comprar un auto de lujo a nombre de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de la petrolera estatal Petrobras, los policías descubrieron una enorme operación de blanqueo de dinero en la que se transferían sumas millonarias al extranjero simulando importaciones y exportaciones a través de una red de más de 100 empresas fantasma. Las irregularidades duraron 10 años y se calcula que desviaron ilegalmente unos 4.000 millones de dólares. Ese dinero provenía mayormente del contrabando y desvío de recursos públicos, que luego se reinsertaba en el sistema a través de negocios de gasolineras, lavanderías y hoteles.

La causa se hizo pública el 17 de marzo de 2014, cuando la policía arrestó a 24 personas implicadas en la evasión de divisas en seis países distintos. A los tres días también cayó el empresario Roberto Costa, que junto a Yousseff, llegaron a un acuerdo de colaboración con la Justicia para aportar nombres a cambio de reducir la pena.

Fue ahí cuando el caso explotó y empezaron a caer decenas de empresarios acusados de pagar sobornos millonarios y financiar campañas a políticos –en su mayoría del PT– y partidos para obtener beneficios comerciales. Costa aseguró que una parte de la campaña de Dilma Rousseff en 2010 se financió con ese dinero.

Además del Lava Jato, también empezaron a surgir otras causas paralelas que ensucian al partido oficialista. En abril, la ex ministro de Lula y ex asesora de Dilma, Erenice Guerra, se vio involucrada en otro caso de corrupción que aún superaría las pérdidas millonarias del caso Petrobras.

En mayo se inició otra causa contra el principal asesor de marketing del PT, el periodista João Santana, sospechado de haber ingresado al país en 2010 16 millones de dólares provenientes de Angola que se habrían destinado a financiar al PT.

Un mes más tarde, los presidentes de dos de las mayores empresas constructoras de América Latina, las brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez fueron arrestados por presuntos actos de corrupción vinculados a la petrolera estatal investigada.

A mediados de julio, fiscales federales abrieron una investigación para determinar si Lula hizo tráfico de influencias para beneficiar a la empresa Odebrecht. A la semana, la revista brasilera Veja publicó un artículo titulado “Le llegó la hora”, en el que se lo involucra al ex presidente en el entramado de Petrobras. Da Silva respondió presentando una querella contra los tres periodistas que firmaron la nota y el director de la revista.

El último escándalo fue la nueva detención de José Dirceu, que ya cumplía prisión domiciliaria por el caso Mensalão. Según la fiscalía, el ex ministro lideraba la red que otorgaba contratos de Petrobras a cambio de sobornos mientras formaba parte del gobierno de Lula, simultáneamente al escándalo del Mensalão.

Mani pulite. Para ensombrecer aún más el panorama petista, el juez que tiene a cargo la causa de Petrobras, Sergio Moro, es un joven de 43 años conocido por su meticulosidad y rectitud a la hora de investigar. Moro nació en la localidad paranaense de Maringá, al sur de Brasil. Estudió abogacía en una Universidad Pública, se doctoró en Harvard y es especialista en lavado de dinero. Entre 2003 y 2007 encabezó un proceso judicial que culminó con la condena de 97 personas por enviar remesas ilegales de divisas al exterior desde diversos bancos brasileños. Uno de esos condenados era, casualmente, Alberto Yousseff.

Además, el letrado también colaboró con la jueza Rosa Weber en la fase final del caso Mensalão (2005), que en aquel momento se trataba del mayor caso de corrupción de la historia moderna brasileña. La Asamblea Legislativa del Estado de Paraná evalúa la concesión del título de Ciudadano Benemérito al juez.

En plena ebullición, aún no se sabe hasta dónde va a llegar el dilema de la corrupción en Brasil. Así mismo lo expresó el fiscal general, Rodrigo Janot: “Todavía ignoro el tamaño de la caja de Pandora que es Petrobras”.